Hubo una época en nuestro país que duró 39 años en la cual existió la Comisión Federal Electoral, órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, dedicada a organizar las elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados federales. Esquema similar se replicaba en las entidades federativas para los comicios de los cargos locales.
Esa Comisión Federal Electoral (que desaparece en 1990) la presidía el Secretario de Gobernación y la integraban dos representantes del Poder Legislativo, un representante de cada partido político y un notario público que hacía las veces de secretario.
En un órgano electoral así, el gobierno era juez y parte.
Grosso modo es un esquema que emerge de la historia con la nueva consulta propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Morena), para preguntar a la ciudadanía sobre el desempeño de la Guardia Nacional y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 (cuatro años más).
Lo que la oposición al partido guinda ha llamado la “militarización del país”.
Este martes, el mandatario dijo que la nueva consulta ciudadana “no se le llamará consulta” y que tampoco será una Consulta Popular en los términos de la Constitución Política y la correspondiente ley reglamentaria. Porque la tendría que organizar el Instituto Nacional Electoral (INE) y luego este “pide mucho” (dinero).
El nombre que se le dé a esa consulta, la organizará la Secretaría de Gobernación junto con un Comité Ciudadano Honorífio, se instalarán al menos 69 mil 989 “casillas” o “puntos receptores de la opinión popular”, los cuales estarán abiertos desde las 08:00 hasta las 18:00 horas de domingo 22 de enero del 2023. Ya en tres meses y fracción.
¡La Secretaría de Gobernación! Y no es que sea un pecado, solamente que haciendo funciones de organización de ejercicios similares a los de democracia directa, recuerda muchísimo la época dorada de la famosa Comisión Federal Electoral.
Por cierto, ¿estará en las funciones de la Segob organizar este tipo de ejercicios?
Evidentemente, según lo anunciado, el “pueblo” o la ciudadanía (como quiera llamársele), quien sabe si como voluntariado o a invitación, integrarán las casillas o puntos receptores, contarán los votos o las opiones, que serán remitidos a dicha Secretaría, la cual conjuntamente con el Comité Ciudadano hará el cómputo final (digamos) y dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero de 2023.
Y no hacen falta encuestas para saber los resultados. Porque seguramente la mayoría de las personas participantes, emitirán opinión favorable respecto de las tres preguntas a formular en la consulta o como se llame:
1.- ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?
2.- ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?
3.- ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?
Habrá que conceder el beneficio de la duda a los organizadores. Con suerte y sorprenden a la ciudadanía mexicana dando a conocer que las tres, dos o una de las preguntas resultó rechazada. Quizá quienes integren el Comité Ciudadano Honorífico sean personas de buena fe, que no necesariamente sean militantes o simpatizantes de Morena.
Lo que sí, son asombrosas la capacidad política y las virtudes electorales del presidente López Obrador y su equipo en la materia, porque otra vez pone en el debate nacional una nueva “consulta” al margen de la ley, aunque dice que se buscarán los mecanismos legales (para justificarla según entendemos).
Y otra vez en el debate se pregunta ¿para qué la consulta?
En como ensayar algo para demostrar una hipótesis, para medir parámetros electorales, o para distraer la atención. Por ejemplo:
Para demostrar que el “pueblo” o la ciudadanía mexicana en su mayoría está de acuerdo con el desempeño de la Guardia Nacional, que pertenezca a las Fuerzas Armadas y que éstas realicen tareas de seguridad pública con una permanencia hasta el 2028. O sea, que el presidente López Obrador no se ha equivocado en su pretensión, se vote o no el dictamen en el Senado de la República.
Para medir hasta dónde puede ser viable la “militarización” del país con el consentimiento ciudadano, justificado en la participación de la nueva “consulta”. Eso sí, una militarización con fines inciertos, cuyos bondades o beneficios tendría que demostrar en la práctica el mandatario nacional como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
(Dios salve a la nación mexicana de una militarización para controlar y someter).
Para medir, como decíamos en la columna anterior, la capacidad de movilización de Morena con su nueva organización interna, la unidad de su militancia, la consistencia del “voto cautivo” representado por la población beneficiaria de programas sociales, rumbo a las elecciones de gubernaturas del Estado de México y Coahuila y hacia los comicios concurrentes de 2024.
Para medir hasta donde puede funcionar el propuesto (en la reforma electoral) Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC) al mando de la Secretaría de Gobernación, o conjuntamente con esta dependencia del Gobierno Federal.
Para con la consulta dar amplio foro al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para mejorar su posicionamiento en el ánimo ciudadano como “corcholata” a la sucesión presidencial.
Para distraer la atención de la ciudadanía de escándalos como el que se da en torno del gobernador electo de Tamaulipas de Morena, Américo Villareal, cuya elección ha sido impugnada por el PAN por violencia generalizada y presunta participación del crimen organizado; impugnación a punto de resolverse por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a tan solo días de la transición tamaulipeca.
Para distraer la atención del proceso inflacionario que atraviesa el país, donde la carestía se siente despiadadamente a pesar del compromiso de la cúpula empresarial de no subir precios de productos básicos; en un país, donde además se reciente la escacés de trabajo y la falta de crecimiento económico gracias al desprecio de la “4-T” al sector productivo.
Para distraer la atención sobre las filtraciones de las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; un caso harto manoseado tanto en la anterior como en la presente administración federal; un caso donde la reputación del Ejército Mexicano ha quedo en entredicho por su presunta participación y relación con el crimen organizado.
Como sea, con esa habilidad política-electiva que caracteriza al presidente López Obrador, seguramente conseguirá realizar su consulta o como se llame de forma extralegal en la nariz de los otros dos Poderes, salvo que algún partido político o parte legitimada encuentre el hilo de la madeja para impugnar la legalidad en las funciones de la Secretaría de Gobernación o en el origen y uso del dinero usado en la consulta.
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