Actualmente nos encontramos ante una grave disyuntiva: la primera, es dejar que las cosas pasen y las acciones de gobierno nos dominen, llevándonos hacia un autoritarismo perverso en el que no sabremos qué es lo que vamos a perder; ya sea nuestras libertades, patrimonio, oportunidades de desarrollo para cumplir con nuestros anhelos de la vida, así como la educación, seguridad, salud y bienestar.
La segunda, es tener una amplísima participación ciudadana en la cosa pública, que sea comprometida para continuar con nuestro desarrollo democrático institucional, apegado al Estado de Derecho, con división de poderes e instituciones fuertes para evitar los abusos del poder; desarrollar nuestro país, con seguridad y justicia, educación, crecimiento económico, estabilidad y oportunidades de inversión que generen empleo y bienestar, hacia el logro del bien común.
En efecto, estas dos disyuntivas radicalmente diferentes son las que tenemos enfrente en el corto plazo. Los que no queremos vivir en la tiranía debemos de inmediato realizar acciones contundentes y efectivas para hacer que esta segunda opción se cumpla.
Pero el entorno en que nos encontramos es sumamente difícil por lo que tenemos que redoblar los esfuerzos para lograr ese objetivo.
Para empezar, tenemos un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, ni las instituciones y el orden constitucional.
Por el otro lado, tenemos un sistema de partidos que es dominado por élites no interesadas en el bien común, sino que se enfocan en sus propios intereses.
En un tercer aspecto de la problemática política del país, tenemos una ciudadanía poco estructurada con una cultura poco desarrollada en participación política.
Sin embargo, con este escenario difícil se ha abierto una ventana de oportunidad que no debemos de desperdiciar; esta ventana empezó con la marcha del 13 de noviembre del año pasado y continuará con la gran manifestación nacional a realizarse en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañada en más de 80 ciudades del país y del extranjero para apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, último reducto de oportunidad para preservar nuestra democracia, para que eche abajo la nefastas iniciativas del presidente de reforma electoral identificada como Plan B, que pretende destazar al Instituto Nacional Electoral para hacerlo inefectivo para administrar las elecciones.
Pero, después de la cancelación total de la reforma electoral, aún queda la lucha por recuperar la Presidencia de la República, el Congreso de La Unión, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías, así como muchas presidencias municipales, gobiernos estatales y legislaturas locales.
Para un triunfo total, sin embargo, es necesario tener candidaturas que sean ampliamente aceptadas por los ciudadanos, pero los partidos políticos que son los que tienen prácticamente el monopolio de la postulación de candidaturas tienen que estar de acuerdo en un proceso abierto, transparente y ampliamente aceptado.
Para ello, debemos de aprovechar los recursos tecnológicos con los que actualmente contamos que permiten la realización de foros en todo el país de los diversos aspirantes a ocupar los puestos públicos de elección popular en juego, destacándose el de la presidencia de la República.
Si se realizan foros a través de redes de Internet se evita el abuso de oligarcas que pueden meter muchos millones de pesos para apoyar a candidaturas en concreto, por lo que este método genera un piso parejo que nos conviene a todos tener.
Posteriormente, las votaciones pueden realizarse por vía cibernética, aprovechando la amplia red de teléfonos inteligentes con los que cuentan los ciudadanos de México, para realizar evaluaciones preliminares, de aspirantes. Finalmente, celebrar una elección del mejor perfil para ocupar la silla de la candidatura a la presidencia de la República.
El universo de votantes se puede acotar a través de un proceso aleatorio de selección de ciudadanos registrados en el padrón electoral, para que ellos luego se registren si desean votar para elegir la candidatura a la Presidencia de la República.
Solo así, con este proceso abierto, los partidos podrán en su coalición, postular la candidatura presidencial con éxito y legitimación para recuperar nuestro país para el desarrollo democrático, social, económico y humano.
