Las mujeres constituyen el mayor porcentaje del electorado nacional y prácticamente en cada una de las entidades federativas, lo cual representa el gran poder femenino a todo lo largo y ancho de nuestro país; y además del conjunto de residentes en el extranjero.
Conforme al registro del Instituto Nacional Electoral (INE) al corte del tres de marzo del año en cursos e incluyendo residentes en el extranjero, el Padrón Electoral se integra por 96 millones 355 mil 032 ciudadanas y ciudadanos; de este total, 50 millones 15 mil 58 son mujeres (52%) y 46 millones 339 mil 974 son hombres (48%).
Mientras que el Listado Nominal (que es el documento que se emplea en las votaciones) se integra por 94 millones 715 mil 425 ciudadanas y ciudadanos con calidad electiva; siendo 49 millones 235 mil 587 mujeres (el 52%) y 45 millones 479 mil 838 hombres (48%).
Ahí está en cifras el poder electoral femenino.
Y, sin embargo, mujeres siguen votando por hombres; incluso al interior de su respectivo partido político para llevarlos al frente de las dirigencias nacional y estatales.
A propósito de partidos políticos, ya sea con registro nacional o local, en la mayoría de éstos las mujeres ocupan la segunda posición de la dirigencia.
El poder electoral femenino al representar las mujeres el mayor porcentaje del Listado Nominal debería hacerse efectivo para sancionar o premiar a los partidos políticos en el gobierno en los distintos órdenes (federal, local y municipal) cuya ineficacia abona a la ola de violencia en contra de las mujeres.
Ahora, gracias al fruto de una larga lucha femenina que primero se cristalizó en acciones afirmativas y luego en normas constitucionales y legales, la actual Legislatura de la Cámara de Diputados tiene una conformación paritaria absoluta. Y la Cámara de Senadores casi llega a la paridad por un punto porcentual.
En tanto, buena parte de los congresos locales alcanzan la paridad.
Pero la importancia no radica solamente en cifras paritarias, sino en que las mujeres en el Poder Legislativo (federal y estatales) traduzcan en normas y en políticas públicas las demandas y necesidades de la población femenina, siendo la seguridad, la salud y el trabajo las más apremiantes.
Evidentemente, las mujeres empoderadas legislativamente tienen el compromiso moral con el género de continuar impulsando medidas que garanticen el acceso efectivo de las mujeres a cagos populares y públicos (incluyendo en éstos los órganos autónomos).
A veces pareciera que ya sentadas en la curul o el escaño se les olvida; olvido imperdonable cuando incluso constitucionalmente ya existe el llamado principio de “paridad en todo”.
El más reciente ejemplo es la convocatoria para designar a la persona titular de la presidencia del Consejo General del INE, que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados emitió para la participación mixta de aspirantes cuando debió observar que nunca una mujer ha presidido el órgano electoral nacional como sí lo observó la mayoría del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las diputadas de cada Grupo Parlamentario debieron impulsar la convocatoria exclusiva para mujeres mediante su respectivo líder, no que fue la decisión mayoritaria del Pleno de la Sala Superior la que ordenó que sea una mujer quien presida el INE. Y en la Jucopo todavía hay resistencia a cumplir con el mandato jurisdiccional, al cual se vinculó también al Comité Técnico de Evaluación.
Suponiendo que haya acuerdo en la Jucopo para seleccionar a una persona de cada una de las cuatro quintetas a las consejerías del Instituto que en breve quedarán vacantes, y que en vez de mujer sea hombre la propuesta para la presidencia del INE, las diputadas todavía tienen el poder de darle revés en la votación en el Pleno legislativo.
Por cierto, del Instituto y del TEPJF han salido las resoluciones sobre acciones afirmativas a favor de las mujeres para ir haciendo efectivos sus derechos político electorales. Por ejemplo, cuotas de género, alternancia en la postulación de candidaturas y mujeres a la cabeza de listas plurinominales.
Sin tales acciones afirmativas hoy no habría paridad absoluta en la Cámara de Diputados, ni una aproximación paritaria en el Senado y en los congresos locales.
Varias de las acciones luego fueron aterrizadas en las leyes electorales y en la Constitución hasta llegar a la “paridad en todo”, principio al que todavía hay resistencia.
Gracias a este principio ahora hay más gobernadoras de entidades federativas. Falta una Presidenta de la República.
Eso sí, tienen la obligación moral de prepararse para ejercer los cargos públicos y populares, negarse a jugar el papel de títeres, abstenerse de replicar prácticas nocivas, y de reflexionar siempre el poder de su voto.
Correo: [email protected]
