Sin duda el momento más tenso para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) empieza cuando el Comité Técnico de Evaluación entrega las quintetas de nombres de aspirantes a consejerías electorales a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
Ahí inicia el jaloneo real en torno a las consejerías y los últimos jalones del procedimiento de selección. Y lo estamos viendo. El domingo el Comité entregó las quintentas, ¿y qué pasó? Arreciaron los señalamientos en contra de aspirantes y empezaron las advertencias de la oposición en no dejar pasar a finalistas ‘afines’ a Morena y a su “4-T”, sobre todo a la presidencia del INE.
Exactamente lo mismo pasaría si Morena fuese oposición y el PRI o el PAN fuesen gobierno o cualquiera de los otros partidos políticos; los morenistas no permitirían tan fácilmente la llegada de personas ‘afines’ al priismo, al panismo o a cualquier otra corriente política.
Lamentablemente la normatividad electoral vigente permite hasta infiltrar el principal filtro que es el Comité Técnico de Evaluación. Y la Jucopo de por sí es de naturaleza política, siendo el órgano con la facultad de designar a una persona de cada quinteta mediante la “construcción de acuerdos” con lo cual se intentó garantizar los equilibrios políticos.
En 2014 cuando se integró por primera vez el Consejo General del INE a la luz de la reforma electoral integral que entró en vigor a principios de ese mismo año, también hubo jaloneo y se dio principalmente entre el PRI (que era el partido gobernante), el PAN que era el opositor más fuerte, el PRD y Movimiento Ciudadano.
Y a todas las personas aspirantes les pusieron etiqueta política: Por ejemplo, se dijo que a Lorenzo Córdova Vianello lo impulsó el PRI y que también lo apoyó el PRD; que este partido respaldó a Pamela San Martin y a Ciro Murayama; que Marco Antonio Baños era cercano al priismo y que Arturo Sánchez, lo era al panismo.
En esa integración, que fue total, se dijo que el Revolucionario Institucional llevó mano en la mayoría de las consejerías, pero los partidos como el PAN y el PRD también impulsaron consejerías; entonces hubo equilibro, que a decir verdad no es otra cosa que el ‘reparto del pastel’ en el órgano encargado del arbitraje electoral.
Ahora para la renovación de tres consejerías y la presidencia del Consejo General del INE, es precisamente el ‘reparto del pastel’ la búsqueda de la oposición, que acusa a Morena como partido en el gobierno de pretender ‘agandallarse’ todo.
Es evidente entonces que ningún partido político, ninguno, quiere designar consejeros, consejeras y titular de la presidencia del Instituto con personas totalmente ajenas a partidos o grupos políticos para garantizar la independencia e imparcialidad en el árbitraje electoral.
Obviamente la cereza del pastel es la presidencia del máximo órgano del INE por lo que representa el cargo en sí mismo para la democracia mexicana.
QUINTETAS Y ETIQUETAS
El Comité Técnico de Evaluación entregó las siguientes cuatro quintetas a la Jucopo:
Para la presidencia del Consejo General del INE: Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala.
Para consejero electoral: Diego Forcada Gallardo, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Netzaí Sandoval Ballesteros y Bernardo Valle Monroy.
Quinteta para consejera electoral: Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández García, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bell López Vences.
Para consejero electoral: Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Mega y Luigi Villegas Alarcón.
Tan pronto se conocieron los nombres, sobre todo de aspirantes a la presidencia del INE, arreciaron los señalamientos, pero no por incumplir requisitos legales, sino por vínculos o cercanía con partidos o grupos políticos; incluso hasta por ligas familiares.
La ley solamente indica las siguientes prohibiciones: No haber sido registrado como candidato; ni haber desempeñado cargo de elección popular o de dirección nacional o estatal en algún partido político, en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o de entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento.
Ni siquiera hay restricción expresa para las personas militantes de algún partido político, salvo que hayan sido registradas en candidaturas o hayan desempeñado cargos populares o de dirección partidista. En ninguna norma se niega el derecho a la designación en consejerías electorales por parentesco con políticos, cercanía a grupos o partidos, o por haber prestado asesorías.
Estos más bien son elementos subjetivos que evalúan en la ‘idoneidad’ para ejercer el cargo, primero por parte del Comité Técnico de Evaluación y luego por la Jucopo. ¿Entonces?
Es como decir que las personas aspirantes que integraron o integran algún Organismo Público Local son cercanas a Lorenzo Córdova o al actual Consejo General del INE, pues es éste el que designa las consejerías de los OPL. Igual en el caso de quienes forman o han formado parte de los órganos del Instituto, centrales o desconcentrados.
Sería un argumento falaz pues ¿por qué no creer que cada aspirante tiene su propia carrera y trayectoria electoral?
Ahora, si los partidos políticos, todos incluyendo a Morena, quieren consejerías puras, pues reformen la ley para establecer más restricciones.
¿SE VA A INSACULACIÓN?
Sería lo ideal. Así la suerte decidiría qué aspirantes integrarán el Consejo General del INE en sustitución de las tres personas consejeras que salen en breve y del consejero presidente (ahora será presidenta). Pero no conviene a la oposición aunque amague con llegar hasta la última opción prevista en la Constitución.
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