Ahora que nuestro presidente está muy enojado por la suspensión concedida por el ministro Laynez, derivada de la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral, interpuesta en contra del paquete legislativo iniciado por el presidente para debilitar al INE en el ejercicio de sus funciones, debemos hacer diversas reflexiones al respecto, para conocer el alcance que dicha determinación tiene ante nuestro sistema legal y político de pesos y contrapesos.
El presidente aduce que dicha suspensión es una acción del “conservadurismo” para continuar fortaleciendo a la “mafia del poder” para seguir “saqueando” al pueblo.
Vale la pena revisar esta situación, porque el titular del Poder Ejecutivo Federal al hacer estas aseveraciones se pone en conflicto con un poder de la Unión; el Poder Judicial Federal, situación que no es menor cuando proviene del Jefe del Estado mexicano. Es decir, el presidente de la República acusa a un Poder del Estado de ser parte de una mafia que saquea al pueblo.
Las aseveraciones anteriores las hace el presidente sin sustento probatorio alguno, teniendo la facultad constitucional de denunciar lo que expone ante la Fiscalía General de la República, pero no lo hace. Él sabe bien, sin embargo, que su retórica le da con su base de seguidores (que yo estimo que se han venido disminuyendo) rendimientos políticos.
Ahora bien, la suspensión concedida por el Ministro Laynez tiene por objeto proteger el orden constitucional a fin de que no se produzcan daños irreparables a nuestro sistema democrático al aplicar leyes que han sido impugnadas por el órgano encargado de arbitrar el cumplimiento de los procesos democráticos en el país.
Este recurso es concedido por la propia Constitución y leyes secundarias, dando al Ejecutivo Federal la posibilidad de recurrir dicha suspensión en otra instancia de la Suprema Corte de Justicia.
El Pleno de la Suprema Corte tendrá que juzgar en última instancia la constitucionalidad del paquete legislativo que el presidente de la República presentó ante el Congreso de la Unión que, según el Consejero Presidente del INE “destaza al INE.
Esa razón es suficientemente fuerte para que se haya concedido la suspensión de los efectos de las diversas reformas electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, puesto que no se puede permitir que exista el riesgo de tener daños irreparables derivados de la entrada en vigor de disposiciones legales que le quiten al INE facultades para la debida administración de las elecciones.
Así, nuestro orden jurídico nacional tiene disposiciones para evitar que con la expedición de leyes se cometan actos que pongan en peligro el ejercicio de derechos antes de que las mismas sean declaradas ilegales.
Tendremos que esperar dos instancias, la primera, que otra de las salas de la Corte determine la procedencia de la suspensión decretada por el ministro Laynez, y la segunda, la resolución del Pleno de nuestro máximo tribunal que declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas electorales promovidas desde la presidencia de la República.
Debemos agradecer que existe en nuestra Constitución este entramado normativo que tiene como fin el proteger a los mexicanos del abuso de poder que alguno de los integrantes del Estado pueda ejercer. Por ello, debemos los ciudadanos apoyar a nuestra Suprema Corte de Justicia a que decida basada en Derecho y en los principios dictados por la Constitución lo procedente para proteger a nuestra República y orden constitucional que nos hemos dado.
