El desempeño de la administración pública se encuentra en las funciones de Estado que se desprenden de la Constitución y que descansan en una estructura que cuenta con sistemas, subsistemas, métodos y procesos, con el fin de llevar a buen término las funciones de gobierno que realiza la administración pública.
Ejemplo de ello lo constituye la función de la seguridad que, como función de Estado, descansa en las funciones de gobierno de prevención, investigación y persecución de los delitos así como la sanción de infracciones administrativas, según se desprende del artículo 21 constitucional.
Tanto las funciones de Estado y sus funciones de gobierno se encuentran en sincronía con la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, no todas las estructuras de las funciones de Estado funcionan de manera sincronizada al mensaje político que se envía o a su propia estructura, sobre todo cuando existen presiones diversas o externas, así como falta de pericia hacen que no coincidan entre sí o carecer de sincronía institucional.
Quizás una de las ausencias en esta administración lo constituya, que el trabajo de gobierno está montado sobre las estructuras y sistemas que dejaron los gobiernos anteriores a los que menosprecia el Ejecutivo Federal por distintas razones y que poco ha aportado en modificar sus sistemas o subsistemas.
La seguridad es una función de gobierno que tiene consecuencia en las demás funciones de Estado y de gobierno y que les compete a los órganos del Estado, en su ámbito de responsabilidad.
Sin seguridad no hay progreso económico; sin seguridad no hay avance democrático; sin seguridad no hay cambios políticos y sin seguridad no hay condiciones de paz y orden para el desenvolvimiento social y sus distintas actividades.
Esto quiere decir que la mayor parte de la responsabilidad de las funciones de seguridad recaen en el Poder Ejecutivo, al tener atribuciones con carácter ejecutivo y al crear instituciones, no solo de seguridad, sino de para proveer de los servicios que le mandata la Constitución.
Sin embargo, los cambios que se han hecho a la legislación en seguridad no modifican estructuras, sistemas o formas de trabajo, de tal forma que persisten vicios, nichos y malas prácticas que impiden el buen desarrollo de la transformación a la que aspira su proyecto de gobierno, aunque para su mensaje político le conviene que persistan estas deficiencias para tener a quién culpar.
Los partidos políticos gobernantes en la mayoría del país han sido rebasados en su capacidad de brindar seguridad, y en cambio, se cuestionan entre sí su desempeño, como si se tratara de una competencia para ver quién es el más corrupto o el más ineficiente, olvidando los intereses que conlleva la supremacía del Estado que le dio origen a su existencia o de los asuntos de sus ciudadanos.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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