En fracaso en la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) es muy elocuente sobre el ambiente interno y presagia un nada terso desarrollo de la organización del Proceso Electoral Federal 2023-2024 concurrente con los procesos electorales locales de una treintena de entidades federativas.
A menos de que el rechazo a la designación de Flavio Cienfuegos sea solamente el reflejo de una pasajera falta de acuerdos en un caso concreto, pues el nombramiento de titulares de las direcciones ejecutivas salió por unanimidad del Consejo General, órgano de máxima decisión del árbitro electoral.
Por lo pronto, la sesión del miércoles evidenció la existencia de dos grupos de consejeros y consejeras: Uno que respaldaría cualquier determinación de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei; el otro, que solamente le daría el respaldo a decisiones consensuadas y apegadas a la normatividad electoral, empezando por principios constitucionales.
El primero integrado por Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño, Uuc-kib Espadas y la consejera presidenta. El segundo, estaría conformado por Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Martín Faz, Dania Ravel y Claudia Zavala. Así, al menos en el sentido de la votación del nombramiento de Cienfuegos.
Dos grupos cuya existencia también puede verse desde otros ángulos: Uno proclive a Morena como partido en el gobierno (o lopezobradorismo); el otro, antagónico o afín al exconsejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello. Ángulos ventilados durante la discusión relativa a la designación de la persona titular de la Secretaría General.
Sin embargo, las dos posturas pueden tener otra connotación: La válida intención de Taddei de poner a una persona cercana a ella en el referido cargo, que es clave en la ingeniería electoral institucional; y, por otra parte, la legítima atribución de consejeras y consejeras de avalar o rechazar la designación.
Porque si bien es facultad de la consejera presidenta proponer los nombramientos, éstos deben ser aprobados por las consejerías del Consejo General al menos por mayoría calificada: 8 del total de las 11 (incluyendo la presidencia). Son equilibrios internos.
Mayoría que no alcanzó Cienfuegos, cuya trayectoria profesional no estuvo en tela de juicio. Quienes votaron en contra de su nombramiento argumentaron razones de idoneidad para ejercer el cargo, además del deber del INE de garantizar la paridad de género en su estructura; entonces, en alternancia, en la Secretaría Ejecutiva corresponde designar mujer tras los más de diez años de un hombre en cargo (Edmundo Jacob).
Un argumento válido sustentado en un principio constitucional.
TADDEI, ¿SIN PERICIA?
El fracaso en la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del INE evidencia falta de pericia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para consensuar su propuesta. ¿O no quiso? ¿O se vio obligada a sostener a Cienfuegos?
Bueno, tenía otra propuesta: La exconsejera Adriana Favela, quien declinó de última hora porque sabía que tampoco alcanzaría la mayoría calificada.
Generalmente antes de llegar a una sesión, la presidencia del Consejo General lleva a cabo arduas reuniones de trabajo con consejeras y consejeros para consensuar propuestas, proyectos, resoluciones; entonces si tenía claridad en la falta de consenso, ¿por qué no retiró el punto?
Es como dijo la consejera Carla Humphrey: “El traer a esta mesa a exponer a las dos personas sabiendo que no se tenía esa mayoría calificada, me parece, la verdad, un despropósito, porque estamos exponiendo a esta discusión a dos personas que claramente tienen una trayectoria profesional que todas y todos debemos reconocer y respetar como personas.”
¿O había un propósito? ¿O todo se le salió de control?
Como sea, la sesión exhibió a un Consejo General dividido, incluso acechado por intereses de partidos políticos. ¿O por qué la consejera Dania Ravel declaró su firme intención de no dejarse intimidar por nadie?
LAS CONSEJERÍAS DIQUE
Si es real el propósito de los consejeros Jaime Rivera, Arturo Castillo y Martín Faz, y de las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey y Claudia Zavala de garantizar los principios constitucionales electorales y de hacer valer los principios rectores del INE, no pasarán tan fácilmente las decisiones que favorezcan sin fundamento a cualquier partido político.
Serían como las consejerías dique en el desarrollo de los procesos electorales en puerta.
