Cazador de nazis y dictadores; Miguel Julio Rodríguez Villafañe

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Miguel Julio Rodríguez Villafañe es uno de mis amigos que ha sido determinante en el oficio del periodismo. Con su amistad y la de otros amigos, me he construido a lo largo de los años. Siempre me aferro y trato de ser fiel a los amigos de verdad, a los viejos amigos. Son ellos los primeros críticos de mi trabajo y a los que correspondo con sentimientos de verdadera gratitud.

Por sus hechos, por su forma de vida, por sus principios irrenunciables, Miguel Julio no es un hombre común.

Desde hace tres decenios Miguel Julio vive modestamente. Él es de Córdoba, Argentina donde se gana la vida como Profesor de Derecho Constitucional. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ensayista y periodista.

He tenido el privilegio de compartir con él en algunos foros académicos de España y de algunos países de Latinoamérica sobre temas de derecho a la información y la libertad de expresión.

Aunque nos separan algo así como 7 mil kilómetros de distancia, nos une una cosa en común: el periodismo. Cuando nos encontramos en cualquier lugar charlamos como si el tiempo y la distancia no existieran.

Mi amigo fue ­Juez Federal Nº 1 de Córdoba y como magistrado del poder judicial detuvo personalmente al criminal nazi Josef Franz Leo Schwammberger, uno de los cinco criminales de guerra más buscados del mundo.

Schwammberger se ocultó en Argentina. Muy joven se integró las SS y fue sindicado como criminal de guerra. Fue comandante de tres campos de concentración en la zona de Cracovia entre 1942 y 1944 donde mataba por odio, aburrimiento y placer.

En 1949 se fue a esconder a la Argentina. A pesar de la orden de su captura internacional había logrado permanecer prófugo durante casi cuatro décadas. En 1987 fue detenido en Huerta Grande, Córdoba. Tres años más tarde fue extraditado para ser juzgado por sus horrendos crímenes.

Cuando Miguel Julio lo detuvo, el nazi vivía en el barrio La Cumbre de La Plata junto a su esposa y sus dos hijos. Trabajaba en Petroquímica Sudamericana y se había nacionalizado como argentino unos años antes, en 1965, obteniendo de esa manera una Libreta de Enrolamiento cuyo número era 7.603.354 y en la que figuraba su nombre real.

Simon Wiesenthal, el cazador de nazis, lo denunció. Dijo que había sido jefe de custodia en los guetos de Kzwadow y Szamensol y comandante de los campos de Mieles y Przensyl

El mismo año en que había obtenido su nacionalización y su documento de identidad argentina, en Alemania, Simon Wiesenthal, el cazador de nazis, denunció que Schwammberger vivía en Argentina.

No obstante los crímenes cometidos por Schwammberger, los militares argentinos lo protegieron durante muchos años.

Por esa razón, Miguel Julio se negó a firmar la ley de indulto en el gobierno del presidente Saúl Menen. Fue el único magistrado que se negó a firmar dicho indulto a fines de 1989 que favoreció a los responsables de graves delitos de lesa humanidad, entre ellos a los integrantes de la dictadura de la junta militar, como Jorge Rafael Videla, quien se asumió como presidente de facto de la Argentina. Sobre ello ha escrito Miguel Julio en su obra titulada «Crimen de Crímenes ­genocidios entre 1904 y 2005­ Memoria con Verdad y Justicia ­ Derechos Humanos, Principios a respetar y Educación para la Paz«.

La negativa de Miguel Julio a firmar el indulto a los militares le mereció amenazas de muerte y no le importó renunciar a la comodidad del oneroso salario de su cargo y a la promoción de su estatus como miembro del poder judicial.

Menen pactó diez decretos para exonerar a los militares. A dichos  indultos se les conoce como leyes de impunidad. Fue hasta el año de 2003 que el Congreso declarara nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida algunos y ocurrió que los jueces que fueron cómplices del poder presidencial comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad.

Me enorgullece tener un amigo así con los cojones bien puestos. Miguel Julio es un hombre de agallas y de leyes. Como juez actuó conforme a sus principios a sabiendas de que la complicidad del poder judicial y la subordinación del poder legislativo ante el Ejecutivo es una amenaza a la democracia que amenaza con devorar así mismo a un país.

Miguel Julio nos dice cómo la sociedad argentina ha demostrado su clara vocación por defender los derechos humanos consagrados por la Constitución y los pactos internacionales, incluso, manifestándose en las calles.

Él, junto con una corriente de diputados del llamado Interbloque de Cambiemos ha dado la batalla para retirar las condecoraciones que el gobierno argentino entregó en gestiones anteriores a conspicuos personajes que han violentado los derechos humanos, entre ellos Nicolás Maduro y Augusto Pinochet.

En 2013 por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al dictador de Venezuela Nicolás Maduro se otorgó la condecoración del Collar de la Orden del Libertador General San Martín. Pero en 2017 mediante el Decreto 640, publicado el 10 de agosto de ese año, se le quitó a Maduro el derecho al uso de la condecoración incluso se dice, en los considerandos de la medida, la necesidad de gestionar la devolución de la distinción.

Miguel Julio ha cuestionado y sometido al escrutinio público los reconocimientos a Pinochet.

Lo paradójico respecto de lo antes referido resulta que por los decretos 500/75, 2904/76 y 868/93, se otorgó al dictador Augusto Pinochet la “Orden de Mayo al Mérito Militar al Grado de Gran Cruz”, la “Orden del Libertador San Martín” y la “Orden de Mayo al Mérito”. O sea, tres de las máximas condecoraciones que confiere el gobierno de Argentina.

Esas condecoraciones además, están hechas de oro y otros metales preciosos y tienen un valor de joya en sí mismas.

La primera fue otorgada durante el gobierno de Isabel Perón, la segunda por Jorge Rafael Videla y la última, por Carlos Menem en 1993.

Pinochet llevó adelante una dictadura caracterizada por gravísimas violaciones a los derechos humanos y fue partícipe central en el Plan Cóndor, en virtud del cual los ejércitos se coordinaban para la detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas como supuestos subversivos.

Cuento estas amargas experiencias en la que mi amigo Miguel Julio Rodríguez Villafañe ha gastado parte de su vida en defensa de los intereses de su país.

En México por el contrario, ante los ojos de millones de compatriotas hemos atestiguado el fervor de los líderes de la cuarta transformación por los peores dictadores. La admiración del canciller Marcelo Ebrard y del presidente Obrador por conspicuos criminales es una clara señal de la pudrición política que vive el país.

En varias ocasiones el presidente Obrador ha rendido homenaje y pleitesía al dictador Benito Mussolini quien estableció un régimen totalitario y masacró a su pueblo.

Lo mismo hizo Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando hizo un homenaje a manera de reconocimiento al dictador de Azerbaiyán, Heydar Aliyev con dos monumentos dedicados, en dos sitios emblemáticos de la capital y con alto valor histórico: Paseo de la Reforma, en la entrada de Chapultepec, y la Plaza de Tlaxcoaque, en el entronque de 20 de Noviembre y Fray Servando.

Resulta paradójico que mientras en Argentina, ciudadanos como Miguel Julio luchan todos los días por dignificar la memoria de su patria, en México con la cuarta transformación sus principales gobernantes enaltecen a verdaderos sátrapas que denigran nuestra historia.