Mientras corren los días y sigue sin aclararse el panorama político postelectoral, la bolsa española se mantiene tibia sin mucho movimiento y en más de una sesión el IBEX-35 ha caído en terreno negativo, aunque sea de forma marginal.
Hay preocupación entre los empresarios que no ven muy claro primero, que Alberto Núñez Feijóo, pueda formar gobierno a pesar de haber ganado; ni que el actual presidente Pedro Sánchez, lo intente sumando apoyos bastante cuestionables. Lo que en su mayoría piden es evitar el bloqueo institucional y que crezca una ola de incertidumbre nada buena para hacer negocios, ni sana, para la economía en general.
Así se ha pronunciado, José María Bonmatí, director general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) ante la complejidad señalada por él en el actual escenario español.
Un bloqueo institucional en España, sería muy perjudicial para los fondos NextGeneration que desde la Unión Europea (UE) deberían llegar al país, así lo advirtió Sebastián Molinero, secretario general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción
Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Autómoviles y Camiones abogó por una política industrial fuerte con un presupuesto claro y vigoroso: “Si queremos que España sea el segundo fabricante europeo de vehículos en 2035 y atraer inversiones de las grandes multinacionales, hemos de mantener una política industrial activa y con fuerte apoyo presupuestario. No hay que olvidar que el sector aporta más del 10% del PIB y el 9% del empleo”.
No será fácil el camino porque España parece encaminada a meses de estancamiento institucional; sobre todo agosto y septiembre serán cruciales para aventurar si en diciembre habrá que ir otra vez a las urnas.
Los partidos indistintos al PSOE y al PP saben bien que cada uno de sus votos traducidos en escaños valen su peso en oro y las negociaciones tendrán un costo político.
A COLACIÓN
Así está el mapa en número de escaños tras las elecciones: PP 136 diputados; el PSOE 122; seguido por la ultraderecha de Vox con 33; después está la ultraizquierda con Sumar con 31; los catalanes de ERC con siete; el independista catalán JuntsXCat con siete escaños; el partido vasco filoetarra Bildu con seis; el Partido Nacionalista Vasco con cinco; los gallegos del Bloque Nacionalista Galego (BNG) con un escaño; así como Unión del Pueblo Navarro (UPN) con un escaño y Coalición Canaria con otro escaño.
Núñez Feijóo que se ve a sí mismo como un político de Estado ha insistido en la necesidad de que el PP y el PSOE logren un acuerdo en el que sea respetado que gobierne la lista más votada; pero el socialista Sánchez no está dispuesto a ello, no pretende regresar a las viejas reglas del bipartidismo y quiere reeditar su coalición de gobierno, esta vez sin Unidas Podemos y hacerlo con Sumar que ha surgido en sustitución del espacio ocupado por los podemitas.
¿Qué pactos podrían darse? El margen de maniobra del PP pasaría por una coalición con la ultraderecha de Vox, lo que darían 169 escaños; más los escaños de UPN y Coalición Canaria e intentar convencer al PNV de aportarle sus cinco escaños y así lograr los 176 escaños de la mayoría absoluta. No obstante, de momento, los nacionalistas vascos han dado un portazo a Núñez Feijóo. Además, el PP en campaña dijo que no estaría dispuesto a una alianza de gobierno con la ultraderecha de Vox que en estos momentos es la tercera fuerza política en España, aunque ha perdido 19 escaños en estas elecciones en comparación con los 52 escaños de las elecciones de 2019.
De aliarse para gobernar sería la primera vez, desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, que un partido ultranacionalista de derechas entrase al gobierno español.
Luego está la sumatoria que hace el propio Sánchez para volver a investirse: a los escaños del PSOE añadir a Sumar, a ERC más Bildu, al PNV, al BNG y necesitaría a los independentistas catalanes de JuntsXCat para lograr 179 votos.
Los independentistas catalanes ya le han puesto un precio político elevadísimo a sus votos porque quieren que Sánchez asegure que Cataluña tendrá su autodeterminación, léase su independencia y habrá una amnistía para todos los políticos catalanes en prisión y fugados fuera de España por organizar el referendo secesionista del 1 de octubre de 2017. Significaría consolidar la ruptura de España, a cambio de seguir gobernando otros cuatro años en la Moncloa. De consumarse sería un precio histórico irreparable…
@claudialunapale