Edificado sobre un modelo de equilibrio de poder basado en la vigilancia por parte del sistema judicial, el régimen político presidencialista-imperial de Estados Unidos se encuentra otra vez en una situación de crisis de viabilidad: un expresidente es juzgado por comportamientos durante su gestión y un presidente en funciones está siendo arrinconado paulatinamente por evidencias de corrupción de su hijo y tráfico de influencias del propio Ejecutivo.
En un panorama general, EU podría estar ante su 1989: el desmoronamiento interno de su estructura de poder y su dominación mundial, igual a lo que le ocurrió a la Unión Soviética en 1989 con el derrumbe del Muro de Berlin, la crisis de sus liderazgos y la disolución del campo soviético.
El presidente Nixon (1969-1974) fue enjuiciado en el Congreso por la existencia de un grupo clandestino en la propia Casa Blanca para actividades ilegales de espionaje y persecución de adversarios y el mandatario renunció en 1974 cuando se negó a obedecer una orden directa de la Corte Suprema de Justicia para entregar grabaciones clandestinas de la Casa Blanca.
El presidente Reagan (1981-1989) avaló una operación clandestina realizada en los sótanos mismos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca: la venta ilegal de armas a Irán –castigada por el caso de la invasión de la embajada estadunidense en Teherán y el secuestro de más de un año de funcionarios y diplomáticos– para destinar los recursos económicos a las actividades clandestinas del grupo de la contra nicaragüense. La investigación oficial se realizó al final de su segundo periodo y ya no pudo llevar a decisiones penales.
El presidente Clinton (1993-2001), que marcó un cambio generacional y geopolítico de Estados Unidos transitando del modelo ideológico de la guerra fría a una coexistencia inevitable, fue enjuiciado en el Congreso por haber mentido en una investigación oficial sobre relaciones impropias –léase: sexuales– con una becaria asignada a la Casa Blanca, incluyendo encuentros furtivos en una cocineta justamente al lado de la mítica Oficina Oval. El debate político se resolvió cuando Clinton argumentó en su defensa que una relación sexual implica la conexión entre órganos sexuales y que él sólo había sido beneficiario de sexo oral.
El presidente George Bush Jr. (2001-2009) fue acusado, aunque sin generar algún proceso de investigación oficial, de aliarse con el gobierno británico de Tony Blair para fabricar inteligencia en la CIA que probaba –en falso– que el Gobierno de Sadam Husein había comprado plutonio enriquecido para construir bombas de destrucción masiva y a partir de esa fundamentación ante el Congreso EU invadió Irak, no encontró ni rastro de las armas y terminó arrestando y sentenciando a muerte a Hussein. De manera adicional, Bush también inventó informaciones oficiales para invadir Afganistán, con el argumento de que ahí estaban las principales células de Al Qaeda que habían provocado los terribles y criminales ataques del 9/11 contra las Torres Gemelas de Nueva York, aunque salió derrotado veinte años después.
Donald Trump (2017-2021) está siendo enjuiciado, sobre todo, por la posesión de presuntos documentos secretos en su casa particular de Florida y luego por su presunta responsabilidad en la violencia generada en el Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir la toma de posesión, el día 20, del candidato demócrata Joseph Biden y se argumentan en su contra acusaciones que rayan en el golpe de Estado.
Y el presidente en funciones Biden (2021-2025) está enfrentando acusaciones concretas de tráfico de influencias y corrupciones que involucran a la Casa Blanca por parte de su hijo Hunter, entre ellas negocios en China y Ucrania y excesos sexuales y con armas de fuego. De manera ostentosa, el presidente Biden tiene prácticamente arraigado a su hijo en la Oficina Oval de la Casa Blanca y en todas sus giras, para evitar cualquier tipo de nueva revelación y para utilizar el poder político del Ejecutivo en la defensa de delitos fragrantes de su hijo.
De los presidentes enjuiciados, solo Trump enfrenta posibilidades de encarcelamiento, pero, de manera paradójica, tiene una especie de blindaje político que no es ningún secreto: Trump es el político republicano que encabeza las tendencias electorales de los candidatos presidenciales para noviembre de 2024, aprovechando que las leyes estadounidenses permiten a un presidente tener una reelección por cuatro años y Trump fue vencido por Biden en 1920. La lista de otros precandidatos republicanos no oferta ninguna figura que pudiera quitarle el liderazgo a Trump. Y Biden encabeza la lista de precandidatos demócratas, también sin ningún competidor cerca.
El sistema judicial estadounidense está entrando en operación en los casos de Trump y Biden y tienen en un puño la precaria suerte del sistema presidencial estadounidense: si Trump es encarcelado aún con elementos probatorios de sus delitos, el trasfondo implica la interrupción de una carrera política muy adelantada; y si Hunter Biden es encarcelado, como parecen indicar todos los indicios, el presidente perderá espacios políticos para su reelección.
En la superficie de los hechos se muestran problemas de abusos en el ejercicio del poder presidencial y sobre todo el escudo del privilegio del Ejecutivo, a partir del principio de autoridad que reveló el presidente Nixon durante su persecución: los presidentes estadounidenses no pueden ser juzgados, a pesar de cualquier delito probado. Trump tiene muchas posibilidades de ganar si llega a la candidatura y Biden pudiera reelegirse por el uso del poder en su próxima campaña.
En el fondo, lo que se encuentra en juicio en los últimos 60 años de abusos presidenciales estadounidenses es la existencia de una institución presidencial sin contrapesos y que ha avalado abusos en extremo como asesinatos políticos, corrupciones, guerras innecesarias y golpes de Estado. En los casos de estos seis presidentes estadounidenses sometidos a juicios por abusos de poder se podrían encontrar elementos que prueben la existencia de una institución presidencial de corte imperial, sin contrapesos y con facultades de tomar cualquier tipo de decisión.
En el corto plazo, el enjuiciamiento y encarcelamiento de Trump provocará una crisis de credibilidad del sistema democrático estadounidense movilizará en las calles a todos los simpatizantes del expresidente.
Por la dimensión de los hechos, el caso Trump podría romper el consenso bipartidista que sustenta la existencia de Estados Unidos como poder absoluto mundial basado en una presidencia imperial.
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