Con la reforma electoral de 2014 se planteó como unos de sus propósitos el reducir el costo de los procesos electorales. Fue uno de los objetivos para dar al Instituto Nacional Electoral (INE) atribuciones que pertenecían solamente a los institutos estatales electorales, conocidos desde entonces como Organismos Públicos Locales (OPL).
Además de otros objetivos como el de homogeneizar los procesos federales y locales, contar con las mismas reglas para los procesos de las entidades federativas, dar más certeza a los comicios estatales, etc. Había cierta desconfianza hacia por institutos electorales estatales.
Pero todo ello repercutió en la necesidad del INE de contar con más presupuesto para cumplir con sus nuevas facultades, incluidas las exclusivas. Porque además el Instituto se asumió algo así como papá de los OPL, con jerarquía sobre estos organismos a pesar de que la ley los considera autónomos e independientes.
Al cabo de los años habría que preguntar si con la reforma de 2014 realmente se redujo el costo de los procesos electorales. Parece que no. Y también si se provocó una duplicidad presupuestal para cubrir actividades de la organización de dichos procesos en las que se invierta presupuesto del INE y presupuesto de los OPL, el cual también registra incrementos anuales sobre todo en años electivos.
Tan solo el Plan Integral y Calendarios de Coordinación con los OPL para efectos de las elecciones locales cuenta con cerca de 7,000 actividades agrupadas en 23 subprocesos, para los 32 procesos electorales locales del año que entra.
Y los retos institucionales 2024 del INE están sistematizados en el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2023-2024 compuesto de 612 actividades agrupadas en 116 subprocesos, comprendidos a su vez en 53 macroprocesos.
Y cada actividad, del proceso federal o de los procesos locales, cuesta.
La Comisión Temporal de Presupuesto del INE caba de presentar las cifras del Anteproyecto de Presupuesto 2024, que contempla el presupuesto base y la Cartera Institucional de Proyectos por un total de 23,757 millones de pesos: 13,128 millones y 10,629 millones de pesos, respectivamente.
Además de un presupuesto precautorio de 3,529 millones de pesos para enfrentar una eventual Consulta Popular, más 40 millones para elecciones extraordinarias. En caso de no utilizarse, estos recursos serán devueltos de manera íntegra a la Tesorería de la Federación.
¿Es mucho? La democracia en nuestro país es cara. Sin embargo, habría que preguntarse si el costo de la organización de los procesos electorales se justifica con relación a la paz y la estabilidad en la renovación de los órganos de gobierno de elección popular. Hasta el momento se ha justificado.
Incluso, hace tiempo dejó atrás el fantasma de los fraudes electorales. Tanto que en 2018 arrasó la izquierda de Andrés Manuel López Obrador no solamente en la elección presidencial, sino también en la elección de representantes al Congreso de la Unión y en cargos locales. En 2021 Morena casi repitió la hazaña.
Fueron procesos electorales organizados por el INE liderado por Lorenzo Córdova Vianello, el consejero presidente que rivalizó con AMLO y viceversa. Y fue acusado de muchas cosas como por ejemplo de despacharse con cuchara grande del presupuesto, de pretender seguir controlando el Instituto a través de la Secretaría Ejecutiva, de aspirar a cargos populares, etc., pero nadie lo acusó de fraude electoral.
Hoy el INE se encuentra liderado por Guadalupe Taddei Zavala, persona identificada como afín a la “Cuarta Transformación” de AMLO; la primera mujer en presidir el árbitro electoral nacional, que está obligada a mejorar la organización de los procesos electorales en cuanto a eficiencia, transparencia y certeza.
Y que, por cierto, manifestó tener “veladoras prendidas” para que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de presupuesto del INE. Taddei tiene formación electoral, sabe que organizar elecciones no son enchiladas, que cuestan. Qué mejor que ella para decir a los legisladores de la “4-T” que los tijerazos presupuestales dificultan la operatividad del Instituto.
Quizá la realidad social ha rebasado las expectativas de la reducción del presupuesto electoral, porque ahora el INE tiene funciones adicionales a cumplir como, por ejemplo: Los procesos de participación ciudadana, las actividades tendentes a garantizar el voto de las personas en prisión preventiva y el voto presencial de mexicanos residentes en el extranjero.
FINANCIAMIENTO PARTIDISTA
Todo lo anterior, independientemente del financiamiento público de los partidos políticos y demás prerrogativas que la ley otorga a éstos, y cuyo costo no se incluye en el presupuesto operativo del Instituto, ni de los OPL, en su ámbito de competencia, pues al fin y al cabo las autoridades electorales administrativas son una especie de ‘caja’ que ministra a los partidos un dinero anual determinado por una fórmula legal.
Una fórmula que los mismos partidos se dieron a través de la acción de sus legisladores y que se han negado (desde el más democrático hasta el más antidemocrático) a revisar para reducir el financiamiento de público partidista, o al menos hacerlo más equitativo. Lo ideal sería que fuese igualitario para mejorar las condiciones de competencia electoral
