- Empresa lo despidió sin justificación escrita ni indemnización, argumentando que no debía haber dado la entrevista donde denunció falta de insumos de seguridad.
- Organización exigen una indemnización por el despido injustificado y que gobierno asegure que todas las personas trabajadoras de limpieza cuenten con medidas de protección.
Amnistía Internacional lanzó una campaña para recabar firmas para ayudar a Jorge Pérez Ortega, adulto de 70 años de edad que en junio de 2020 fue despedido injustamente por una empresa de limpieza que había sido contratada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
‘Jorgito’, como lo denominan, laboraba en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, uno de los hospitales con mayor saturación de pacientes Covid-19 durante la pandemia.
Según Jorgito, su empleador, una empresa privada contratada ISSSTE para llevar a cabo los servicios de limpieza en el Hospital 20 de Noviembre, no le proporcionó a él ni a sus compañeros el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.
El 16 de junio de 2020, Jorgito compartió esta situación con un canal de televisión local que estaba a las afueras del hospital y el 22 de junio su empleador lo despidió sin justificación escrita ni indemnización, argumentando que no debía haber dado la entrevista.
“Es inaceptable que las personas trabajadoras de la limpieza que laboran en hospitales donde se atiende a personas enfermas por Covid-19, enfrenten represalias por hablar de sus condiciones de trabajo, como fue el caso de Jorgito, por supuesto que tienen derecho a hacerlo y también a defender sus derechos como personas trabajadoras”, declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Las condiciones laborales de estas personas son generalmente precarias, tienen bajos salarios y nulas o escasas prestaciones, pese a que hacen un trabajo vital para ayudar a controlar la propagación del virus”, advirtió Reneaum Panszi.
“Es importante que el plan de vacunación del gobierno mexicano tenga una política transparente de información, en tiempo real, sobre las personas trabajadoras de la salud que han sido vacunadas, su profesión/vocación y ubicación, asegurando que las personas trabajadoras de la limpieza que laboran en hospitales que atienden a personas con Covid-19 no queden atrás, precisó Reneaum Panszi.
La campaña global en favor de Jorgito
Por medio de la campaña #JorgitoCuenta Amnistía Internacional busca visibilizar la situación de Jorgito y del personal de limpieza en hospitales y centros de salud por todo el país. Para ello, las y los activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo dirigirán mensajes a los titulares del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, y de la Secretaría de Salud de México, Jorge Carlos Alcocer Varela, así como al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, exigiendo acciones concretas.
Amnistía Internacional pide al Director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, que se otorgue a Jorgito una indemnización justa por su despido injustificado y que dicha institución de salud asegure que todas las personas trabajadoras de limpieza, en todos sus hospitales e instalaciones, cuenten con el EPP adecuado para protegerlas del Covid-19.
Además, Amnistía Internacional pide al Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer y al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, implementar el plan de vacunación de manera efectiva y transparentar la información sobre las personas vacunadas, que incluya a las personas trabajadoras de la limpieza.
Dado el carácter global de la campaña, participarán en ella las personas activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo, quienes podrán enviar sus mensajes al gobierno mexicano, entregándolos en las embajadas de México radicadas en diferentes países.
Directrices internacionales
Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el racionamiento del EPP señalan que las personas trabajadoras de la limpieza que entren en las habitaciones con pacientes enfermos por Covid-19, lleven una mascarilla médica, una bata protectora, guantes de trabajo pesado, protección ocular y botas.
En México, muchas de las empresas que ofrecen servicios al gobierno -como en el caso de los servicios de limpieza-, son contratadas bajo la modalidad del outsourcing, y las personas que laboran para ellas trabajan sin contratos sólidos y por lo general carecen de prestaciones de protección social y de mecanismos de resolución de conflictos para resolver las quejas relacionadas con sus condiciones de trabajo.
De acuerdo con los Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos -además de la Ley Federal del Trabajo de México- cualquier empresa, en este caso la que contrató a Jorgito, tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos y, además, las autoridades estatales (en este caso el ISSSTE), tienen la responsabilidad de vigilar que las empresas cumplan con estas normas.
Responsabilidad del gobierno mexicano
El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo considera ilegal e injustificado todo despido sin notificación escrita del empleador, o que no exponga claramente las razones del mismo. Jorgito sólo recibió una comunicación verbal del despido por parte de la empresa, con el argumento de que no debió haber dado la entrevista ya referida.
En virtud de la legislación mexicana, así como de las normas internacionales de derechos humanos, el ISSSTE es el responsable último del despido injusto de Jorgito, quien merece una reparación pronta y justa.
Jorgito inició una demanda laboral el 20 de agosto de 2020 contra el ISSSTE y la empresa que lo despidió injustificadamente. Ni el ISSSTE ni la empresa subcontratada se presentaron a la primera audiencia en el proceso. Este proceso legal puede durar meses o años para resolverse. Sin embargo, el ISSSTE puede tomar acción para remediar la situación de Jorgito en cualquier momento.
