Morena ha dicho que el Poder Judicial de la Federación posee 14 fideicomisos que, al 30 de junio de 2023, tienen en su conjunto un saldo superior a los 21 mil millones de pesos. Tres son destinados al pago de pensiones complementarias de no más de 596 personas (8 mil 527.8 millones de pesos); un fideicomiso es para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces (76.6 millones de pesos); y existen planes de apoyo económico y prestaciones médicas.
Informado así genera dudas respecto de los recursos del Poder Judicial, si los fideicomisos se justifican, si se manejan correctamente, si no se está en frente de una casta privilegiada con acceso a beneficios exclusivos como los descritos.
De por sí, ministros, magistrados y jueces siempre han proyectado una imagen de una clase de linaje superior, intelectual, que no se mezcla con cualquier otra. De vestimenta fina, de autos lujosos, de hermosas casas en zonas residenciales. Una vida de trabajo y ensueño.
Imagen que tal vez es el efecto de la toga y el birrete, o porque siempre visten impecables. En algunas escuelas dicen que el estudioso del Derecho debe vestir siempre de traje para distinguirse del cliente o de las partes en el litigio. Cosas de creencias o de reminiscencias de la época de oro del cine mexicano, porque hasta las películas retratan a juzgadores como personas con un alto nivel de vida.
Lo que sí es que ministros, magistrados, jueces, deben ganar por el ejercicio del cargo una cantidad que le permita vivir holgadamente, incluyendo prestaciones. Precisamente los sueldos decorosos para el personal jurisdiccional y de burócratas al servicio del Poder Judicial encuentra su justificación en evitar se corrompan con el ofrecimiento de dinero por alguna de las partes.
Además, el sueldo decoroso recompensa de algún modo el trabajo que implica la función jurisdiccional y sobre todo el riesgo.
Con el debido respeto, pero la actividad jurisdiccional no es como la actividad legislativa; aquella requiere de preparación, de muchas horas de desvelo, aún cuando se tengan secretarios de estudio y cuenta; y la segunda, es política, y la parte técnica la realizan los equipos de asesores, la secretaría del Congreso y demás órganos legislativos.
Cada actividad merece respeto.
Retomando el tema: ¿Quién puede revisar si se justifica el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y los 14 fideicomisos? Hay órganos competentes. Por ejemplo, aquellos que revisan las cuentas públicas. El pero es que pertenecen al Poder Legislativo. Y lo que se requiere es una revisión sin sesgos políticos.
Porque parece necesario saber si se justifican y si su pretendida desaparición afecta la función jurisdiccional, trámites o actuaciones inherentes; si solamente afecta la esfera de ministros, magistrados y jueces, o también la de los trabajadores sindicalizados y de confianza. Un parlamento abierto quien sabe si lo pueda determinar técnicamente.
El tema es interesante. De entrada si es como dicen algunos diputados si los fideicomisos contienen recursos para compensaciones adicionales, si los desaparecen ¿no requerirá más presupuesto el Poder Judicial? ¿Y el dinero en los fideicomisos abiertos a qué será destinado o este poder debe gastarlo antes del 2024?
Por lo pronto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo (Morena), ya aprobó con 30 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, el dictamen que establece que dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales de los que expresamente prevea su Ley Orgánica.
Durante la discusión, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) mencionó que este dictamen contempla la eliminación de 14 fideicomisos que actualmente Poder Judicial de la Federación maneja a discreción basándose en el secreto bancario, y aclaró que estos fondos son compensaciones adicionales, por lo que no se toca al presupuesto de este órgano.
Mientras, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal convocó a un paro nacional para este lunes como protesta a la intención de desaparecer los fideicomisos.
A ver en qué termina este asunto, que, por cierto, ya está harto politizado, máxime en el contexto del proceso electoral en marcha.
PODER JUDICIAL, POR VOTO POPULAR
A propósito del Poder Judicial, Morena mantiene la propuesta de que al menos ministros y magistrados sean electos por voto popular, no mediante voto indirecto en el Congreso de la Unión.
Es un tema en el discurso político electoral de la “4-T” rumbo a las elecciones de 2024, en las cuales además de ganar la Presidencia de la República, Morena y aliados buscan ganar la mayoría calificada legislativa para poder concretar la reforma al Poder Judicial.
Un discurso de doble filo. Porque si bien, a la gente le llegan los argumentos de corrupción en el Poder Judicial, también existen sectores de la población en desacuerdo con politizar al órgano jurisdiccional en detrimento del orden constitucional.
En fin. Morena está en lo suyo, mientras la oposición todavía anda organizándose.
