La Mixteca es la región del estado de Oaxaca con más conflictos agrarios, uno de ellos es el existente entre el municipio de San Miguel El Grande y Llano de Guadalupe, agencia del municipio de Tlaxiaco, que el miércoles pasado derivó en otra emboscada con un saldo de cinco muertos, dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y tres civiles (entre éstos, dos agentes municipales).
El conflicto tiene más de 50 años por la disputa de 2,048 hectáreas de bosque, donde hace muchos años llegaron madereros de Michoacán atraídos por la vasta extensión de pinocote, de la cual ninguna de las partes agrarias en conflicto cuenta con resolución de la autoridad competente sobre la legítima propiedad.
En 1998 había ocurrido la última agresión relevante entre ambas comunidades. Solo se registraban desencuentros menores, según relatan oriundos de la zona. Pero en el 2023 el conflicto se reavivó, derivando en un enfrentamiento ocurrido el 5 de mayo que dejó tres muertos, tres heridos y una decena de viviendas dañadas.
Aunque dicen que más bien fue un ataque. Porque solamente hubo víctimas y daños del lado de San Miguel El Grande (en una de sus agencias). Se presume que Llano de Guadalupe atacó, como en la reciente emboscada, cuyo saldo rojo lo puso la otra parte.
¿Por qué revivió el conflicto? Es incierto.
Lo cierto es que en la zona hay resistencia de conseguir la paz por alguna razón quizá aviesa.
Hasta donde se sabe vía fuentes extra oficiales, el presidente municipal de San Miguel El Grande, el profesor Arcangel Ortiz Cruz, quien asumió el mandato empezando el año por sistemas indígenas (o usos y costumbres), intentó solucionar el conflicto con la experiencia de haber intervenido en la solución de otros líos agrarios de comunidades vecinas.
Evidentemente no ha conseguido la solución en la zona, donde José Román (hermano de la cineasta y actriz Ángeles Cruz) era un indiscutible líder natural, consejero principal del munícipe de San Miguel El Grande. Era, porque el guía moral fue una de las víctimas en la reciente emboscada.
La emboscada ocurrió cuando habitantes de San Miguel El Grande regresaban de realizar labores de campo custodiados por policías de investigación, quienes realizaban tal diligencia de acompañamiento “como parte de las acciones de vigilancia que ha mantenido la AEI e instancias de seguridad estatal y federal, por el conflicto territorial que mantiene esta población con Llano de Guadalupe, Tlaxiaco”, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Las acciones de seguridad fueron solicitadas por la comunidad tras el ataque armado del 5 de mayo del año en curso, el cual se perpetró no obstante de que el 13 abril, en reunión con autoridades del Gobierno del Estado, ambas partes en conflicto “firmaron diversos acuerdos en los que se comprometen a respetarse y a permitir los recorridos de vigilancia de los cuerpos de seguridad para mantener la tranquilidad en la zona”, informó en aquella ocasión el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
Incluso, ambas comunidades solicitaron al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional el establecimiento de un destacamento en la zona, para lo cual ofrecieron proporcionar todas las facilidades requeridas en habitabilidad para coadyuvar a restablecer el orden y la paz.
Evidentemente, una de las partes en conflicto no respetó los acuerdos de abril. O tal vez las dos.
Como parte de las investigaciones judiciales realizadas sobre el enfrentamiento o ataque del 5 de mayo, en septiembre la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, lo cual derivó en que un grupo de habitantes de Llano de Guadalupe retuviera a otro grupo de personas que se trasladaban a bordo de un taxi colectivo de San Miguel El Grande, para exigir la liberación del detenido.
Las personas retenidas fueron liberadas gradualmente.
En distintos momentos, autoridades agrarias y municipales de San Miguel El Grande han responsabilizado a las autoridades auxiliares y municipales de Tlaxiaco del incumplimiento de los acuerdos establecidos en mesas de diálogo con la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, respecto del conflicto con Llano de Guadalupe, agencia tlaxiaqueña.
¿QUÉ INTERESES?
Grosso modo, ahí sucintamente la historia sobre el lío agrario sobre el cual, al parecer, se han montado diversos intereses que no permiten conciliar y solucionar el conflicto, o al menos mantener la paz mientras las autoridades competentes determinan lo procedente en torno al polígono en disputa.
Intereses de traficantes de armas, de drogas, de madera. ¿Cuál?
Incluso, en uno de los comunicados sobre el seguimiento al conflicto, la Secretaría de Gobierno reconoció que éste deriva de “una disputa agraria agravada por la tala clandestina”. Sin embargo, tampoco deben descartar intereses de comerciantes de otros productos prohibidos.
¿O cómo es que campesinos, indígenas, poseen armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano? Armas como las utilizadas en el ataque del 5 de mayo, por lo cual el gobierno estatal solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República en la investigación de los hechos.
¿DEBE ENTRAR EL EJÉRCITO?
Por la frecuencia y forma de las agresiones en el año en curso, las armas usadas, la saña en los asesinatos, pobladores temen que la actuación corresponda a grupos paramilitares.
Entonces se plantean si es necesario que entre el Ejército Mexicano a esa zona de la mixteca oaxaqueña, que la peine y se establezca en la misma hasta el restablecimiento de la paz.
Porque hay renuencia a los llamados de conciliación.
Temen que a pesar de los operativos de seguridad, ocurra otra agresión de dimensiones mayores a la última emboscada.
AFRENTA AL ESTADO
No es para menos el temor. Qué se puede esperar cuando los agresores atacan incluso habiendo policías, como fue el caso de los elementos de investigación que realizaban la diligencia de acompañamiento de habitantes de San Miguel El Grande.
Es como ha dicho el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla: “Para la institución, este ataque directo representa una afrenta contra las fuerzas del Estado”.
No solo para la institución; para todos.
Adelantó que ya se cuenta con un avance importante en la identificación de las personas responsables de la reciente emboscada, donde murieron dos policías y tres civiles.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Sergio López Sánchez condenó el ataque y exhortó a las fiscalías generales del Estado y de la República a realizar “una exhaustiva investigación y se efectúen las acciones correspondientes para castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos cobardes hechos.”El diputado por el Distrito de Tlaxiaco, demandó intensificar los operativos de vigilancia donde se coordinen las corporaciones de seguridad, la Guardia Nacional y Policía Estatal, “para lograr las condiciones de paz y el tránsito seguro de las personas en esa zona de la mixteca oaxaqueña”.
A decir verdad, el grado del conflicto requiere más que operativos de vigilancia y de investigaciones para esclarecer los ataques armados.
Por la frecuencia de las agresiones y la gravedad de las mismas, parece ser necesaria la intervención en conjunto de todas las autoridades competentes de los gobiernos federal y estatal, no solamente para restablecer la paz en la zona, sino también para implementar sanciones y acciones que sienten un precedente que inhiba las agresiones armadas y la operación de intereses diversos aprovechándose de conflictos agrarios.
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