En ocasión del registro de Mariana Rodríguez Cantú como precandidata a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, dijimos que la respectiva esposa de gobernadores sí pueden ser candidatas a cargos populares.
Y no porque sea algo así como un derecho conyugal, sino porque su legítima aspiración corresponde a los derechos político electorales de los cuales la esposa goza como cualquier ciudadana, ciudadano, de nuestro país.
Además porque no existe normatividad que prohíba a la cónyuge de un gobernador ser votada a cargo de elección popular. Y aunque existiera, sería violatoria de derechos político electorales ciudadanos.
Tampoco es requisito de elegibilidad separarse con antelación del esposo para contender a cargos populares.
La restricción sería más bien de carácter moral, ético.
Como sea, comentamos, lo cuestionable sería que pudiera beneficiarse electoralmente de los recursos públicos del gobierno del estado de Nuevo León, ya sea por sí misma o mediante la generosidad de su esposo el gobernador, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.
Mandatario que hasta creó una entidad pública llamada “Amar a Nuevo León” para ser presidida por Mariana Rodríguez, para administrar programas especiales o prioritarios, así como para llevar la comunicación social y las relaciones públicas del gobierno estatal.
Pues el mal ejemplo cunde. Ahora resulta que Paola Rodríguez López es perfilada para suceder a su esposo, Manolo Jiménez Salinas, del PRI, en la gubernatura de Coahuila para el 2029, cuando éste apenas lleva tres meses en el cargo.
Independientemente de las fiebres sucesorias tempraneras, lo cuestionable sería el uso de recursos públicos para promocionar y posicionar a Paola Rodríguez, para quien se creó la “Oficina Inspira” como responsable de programas para mujeres, educación, salud, que competen a secretarías del gabinete.
Parece que las esposas de gobernadores están abusando de su condición como tales para hacer efectivos sus derechos político electorales de un modo deshonesto. Incluso, usando a su favor a los grupos vulnerables como son niños, niñas, mujeres.
Y nadie pone un hasta aquí a las ‘primeras damas’, no en su derecho de aspirar a cargos populares, sino en el uso político electoral de las acciones públicas, de los bienes públicos.
MANOLO JIMÉNEZ
Al parecer el gobernador Manolo Jiménez Salinas cree que el estado de Coahuila es una isla de su propiedad donde puede hacer y deshacer.
Pero además ha de pensar que la ciudadanía mexicana ya olvidó los excesos de priistas, o que la población coahuilense lo ama tanto que le dispensa cualquier desproporción, incluida la estrategia para promocionar políticamente a su esposa Paola Rodríguez López.
Claro, desproporción de él, porque como titular del Ejecutivo estatal es el responsable de la administración pública de la entidad, quien autoriza planes y programas, así como el tamaño de la estructura gubernamental, amén del aval del Congreso local.
Tal vez en el corto plazo sus excesos no hagan mella en su vida pública y política, pero a mediano y largo plazo sí, a menos de que termine refugiado en Morena como varios ahora ex priistas.
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