Vienen los días de intensificación de la guerra sucia en la que se convierten las campañas electorales, y que no es deseable, porque los ataques de lodo tienden a influir en el ánimo del electorado con el propósito de provocar el voto en contra de determinada opción política para favorecer a otra opción política a un cargo de elección popular.
Sin embargo, en ocasiones la guerra sucia termina afectando todas las opciones cuando en vez de motivar el voto a favor de una opción política, provoca la abstención del elector. Porque si bien la guerra de lodo lo desanima para votar a favor de “Y”, tampoco vota por “Z” o por “U”.
Y la guerra sucia es desde las acusaciones y señalamientos sin fundamento por parte de líderes de partidos políticos; candidatos, candidatas; o gobernantes, hasta la campaña en contra en redes sociales a través de trolles, bots, o personas amparadas en seudónimos al más puro estilo guerrillero o, peor aún, de delincuentes.
Incluso, en la guerra sucia se confunde con la libertad de expresión, derecho que puede ejercer la ciudadanía en general, pero no es un derecho absoluto; la misma Constitución Política establece restricciones al precisar que:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito…”
La guerra sucia seguramente la van a padecer la mayoría de las candidatas, de los candidatos a los distintos cargos de elección popular, principalmente quienes compiten por la Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum Pardo de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, y Jorge Álvarez Máynez del partido Movimiento Ciudadano.
Especialmente Claudia y Xóchilt, porque sinceramente la competencia es entre las dos; una de ellas será la Presidenta de la República, la primera mujer en llegar a tal cargo.
Es más, la guerra sucia en contra de cada una de ellas empezó desde cuando fueron visibles como candidateables, teniendo que aguantar primero la guerra de lodo al interior de los partidos políticos que la respaldan para conseguir la postulación inicialmente vía un cargo político. Ahora empiezan a padecer la guerra sucia externa.
Ni Claudia debe tolerar campañas negras en su contra. Por eso hará bien (como lo anunció) en presentar una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a los mensajes detectados en redes sociales que buscan afectar su imagen e influir en el ánimo del electorado para desalentar el voto a su favor.
Ni Xóchitl por las mismas razones debe tolerar acusaciones en su contra o de su familia sin fundamento.
Ni ningún candidato, ninguna candidata, al gran resto de cargos populares debería permitir las campañas negras en su contra. Claro, quienes las hacen no piden permiso.
Y las autoridades electorales competentes deberían combatir la guerra sucia, empezando por las campañas en redes sociales. Desafortunadamente la normatividad electoral tiene no lagunas, sino océanos de vacíos al respecto. Sin embargo, tampoco es para que las autoridades electorales que queden cruzadas de brazos.
Porque la guerra sucia, la guerra de lodo, es tan nociva como la violencia generalizada en una jornada electoral en cuanto ésta tiende a inhibir el voto.
VIGILANCIA DEL INE
Es más, un “hasta aquí” a la guerra sucia puede empezar con que el INE, en ejercicio de sus facultades, vigile que las campañas electorales se desarrollen como lo establece la ley; igual la propaganda electoral.
La ley de la materia define a la campaña electoral como “el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto”.
Y a la propaganda electoral la define como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.”
Obvio, dentro de esas actividades no se encuentra la guerra sucia como acción lícita, como tampoco las expresiones que denostan, calumnian.
Incluso, la ley precisa que:
“Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.”
¿Y qué sucede?
Que la autoridad electoral, en la holgura de la libertad de expresión, les permite, por ejemplo, promocionales de radio y televisión en los cuales se acusan de corruptos, de violentos, de peligrosos, etc; amén de las restricciones en ese sentido.
Y eso ha dado pie a que cualquiera se siga de largo en una guerra sucia.
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