¿De qué depende la independencia judicial?
Qué triste ver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre dos fuegos electorales en el contexto de la sucesión presidencial en nuestro país.
Por un lado, el partido en el poder, Morena, la desmiembra al atraer al ahora ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y por el otro lado, la oposición aprovecha la coyuntura para golpearla, más que defenderla, al cuestionar la partidización del ex presidente de la Corte.
La reciente denuncia anónima sobre las presuntas irregularidades encontradas en la administración de Zaldívar, desata la sospecha sobre si detrás del anonimato se esconde un denunciante político con intenciones electorales: Pegarle al ex ministro para pegarle a la llamada “Cuarta Transformación” en plena campaña electoral con ánimo de desprestigiar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, de la cual Zaldívar es asesor para la reforma judicial.
O si detrás del anonimato se encuentra un denunciante perteneciente a la misma Corte, porque hasta donde se ha hecho público, la denuncia ventila datos precisos sobre hechos presumibles de corrupción y nombres de juzgadores y funcionarios judiciales que habrían estado involucrados en actos y hechos que atentan en contra de la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal y que favorecieron intereses de terceros.
¿Pero por qué hasta ahora se denuncia? Porque ¿hasta ahora se recabaron los elementos de prueba? Porque ¿ahora ya no está Zaldívar en la Corte? ¿O porque la campaña electoral constituye el momento preciso?
¿Es acaso una estrategia para intentar salvar a la Corte de una próxima reforma judicial? O al contrario, ¿una estrategia para exhibir redes de corrupción interna como una forma de dar sustento a la reforma judicial?
Incluso, cabe preguntar: ¿La denuncia anónima se trata de un anzuelo para llevar a juicio político a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien ordenó iniciar la investigación correspondiente?
Si Morena y partidos aliados ganan la mayoría legislativa Piña Hernández corre el riesgo del enjuiciamiento político, no tanto por la denuncia de Zaldívar, sino por el dique que ha representado para los proyectos de la “Cuarta Transformación”.
¿O se trata de una denuncia anónima de una persona de buena fe sin ningún tinte político electoral, solamente con el propósito de que se investiguen hechos de corrupción y se sancionen a funcionarios y juzgadores involucrados?
Como sea, todo el embrollo que envuelve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia la existencia de corrupción interna y una endeble independencia del Poder Judicial Federal; situaciones que no son nuevas, solo que ahora son más evidentes.
El titular del Poder Ejecutivo siempre ha intervenido en la designación de los ministros de la Corte, antes de manera directa, ahora con el matiz de terna y un procedimiento legislativo llevado en la Cámara de Senadores para el consenso entre la pluralidad.
Y quien pone manda, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo.
Lo que se acusa ahora sobre la presión de ministros y funcionarios judiciales para que jueces resuelvan a favor de terceros, de intereses diversos, siempre ha existido. La diferencia tal vez es que antes existía un partido político hegemónico y un presidencialismo tan fuerte que nadie se atrevía a llevar la contraria.
Cuando el premio o el castigo es el futuro de la carrera judicial de una persona juzgadora, ¿obedece o no? Igual cuando de por medio se encuentran las recompensas económicas; por cierto, debidamente legalizadas.
Qué lástima, porque la independencia judicial, entendida ésta como la inmunidad de las personas juzgadoras para resolver sin injerencia de poderes políticos y fácticos, es vital para la seguridad jurídica y para la justicia que demanda la ciudadanía.
En ese contexto, cabe preguntar ¿si la independencia judicial depende de la forma de elegir o de designar a las personas juzgadoras? Sea elección indirecta o directa.
¿Depende del presupuesto público destinado al Poder Judicial y de la autonomía en su aplicación?
¿Depende de la buena o mala relación de la persona titular del Poder Judicial?
¿Depende de una reforma constitucional y legal?
¿Depende de la ética de las personas juzgadoras?
¿O de qué depende?
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