Increíble que no haya una clara percepción en México de que estamos a punto de que
nuestras libertades se destruyan y desaparezca nuestra democracia. Lo peor de esto,
es que, como resultado de las pasadas elecciones, los electores no dieron un mandato
para que esto suceda.
Me explico, aunque Claudia Sheinbaum claramente ganó las elecciones presidenciales,
independientemente de las múltiples violaciones a las leyes electorales cometidas por
el presidente de la República, los actos anticipados de campaña, por el uso de recursos
públicos de manera descarada, la compra de votos y la intervención del crimen
organizado, los electores sí depositaron sus boletas a su favor en las urnas el día de la
jornada electoral.
Hasta ahora, no hemos visto evidencias que prueben claramente lo contrario, sobre
todo, después de que se abrieron y recontaron más del 65% de las casillas electorales.
La virtual presidente electa, no recibió un mandato para cambiar nuestro sistema
político, porque los electores no le otorgaron al Congreso de la Unión, compuesto por la
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la mayoría calificada para cambiar la
Constitución.
En el Senado, el oficialismo se quedó corto entre dos y cuatro senadores para adquirir
dicha mayoría calificada, y en la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo alrededor
del 54.7%, distando del 66.66 % necesario para poder cambiar la Constitución. Estos
niveles de votación no dan los votos necesarios para reformar la Constitución. Sin
embargo, con una interpretación de la Constitución relacionada con el tema de la
sobrerrepresentación, que es un concepto que se inventó para otorgarle mayoría
simple al partido que hubiera obtenido el mayor número de votos, dicho principio nunca
fue diseñado para que se obtuviera una mayoría calificada con mandato para reformar
la Constitución.
Para que esta interpretación sea efectiva, es necesario que dos instituciones la validen;
la primera es el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, en la asignación de
candidaturas por el principio de representación proporcional (los diputados y senadores
plurinominales), la otra es una ratificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, después de que alguno de los partidos políticos demande la nulidad de la
interpretación realizada por el INE en la asignación de los plurinominales.
Los medios de comunicación, inclusive algunos anti-régimen como Latinus, han dado
por hecho que ya existe una mayoría calificada en el Congreso con mandato para
reformar la Constitución, pero estimo que esta situación no se debe de tomar a la
ligera, porque de esta asignación de curules depende la permanencia de nuestras
libertades y la desaparición de nuestra democracia. Estoy seguro de que los electores
no votaron para ello.
¿Por qué afirmo que con esta mayoría calificada podemos perder nuestras libertades y
nuestra democracia?
Asevero lo anterior, por las siguientes razones:
1. El presidente López, a partir del mes de septiembre en el que toma posesión el
nuevo Congreso de la Unión, ha anunciado que la iniciativa ya presentada para
reformar la Constitución para que los jueces de distrito, los magistrados y los
ministros de la Suprema Corte, todos del Poder Judicial de la Federación, sean
despedidos y remplazados por funcionarios judiciales elegidos directamente por
los ciudadanos.
Ello implica, en primer lugar, un gran colapso en nuestro sistema de justicia de
consecuencias incalculables. Imagínense ustedes los cientos de miles de casos
que están en proceso de resolución que de repente los dejen en el aíre, para ser
atendidos por personas que no tienen noción ni antecedentes de los asuntos en
curso. Esto en lo mejor de los casos. Lo peor, es que sean sustituidos por
personas que no tengan las capacidades profesionales ni técnicas de las que sí
tienen los funcionarios judiciales que van a ser despedidos, ya que ellos son
sometidos a estrictos exámenes de conocimientos y, en muchos de los casos,
derivan de personas con amplia experiencia judicial desde los poderes judiciales
de los estados.
Esta situación causará, aparte de un gran retraso en un sistema judicial de por sí
carente de recursos y saturado de asuntos (México es uno de los peores países
del mundo en el ratio jueces en relación con el número de población), el que se
comentan innumerables injusticias.
Con la intervención de un proceso electoral para su elección, en donde se
prohíbe el uso de recursos públicos y privados, quedará sujeta la elección de
jueces, magistrados y ministros, a la intervención de los partidos políticos
(principalmente del oficialismo), de intereses económicos que ilegalmente
intervengan y del crimen organizado, perdiéndose la independencia judicial,
piedra angular para la impartición de la justicia, pudiendo los ciudadanos perder
la libertad con suma facilidad, quedando sometidos no al dictado de la ley, sino a
presiones políticas y de intereses creados en toda su conducta a lo largo de sus
vidas.
2. La otra reforma anunciada es la de la designación de los consejeros del INE a
voto popular, quedando el árbitro electoral capturado por el oficialismo de una
manera total. Con ello perdemos la imparcialidad en el manejo de las elecciones
y podemos perder múltiples salvaguardas contenidas en nuestro sistema
electoral con modificaciones que se hagan a la Constitución para dilapidar
nuestra democracia.
3. Finalmente, la eliminación de los plurinominales en el Congreso. Con esto se
elimina la representación de las minorías y habría una regresión al siglo pasado,
en donde el partido del gobierno obtendría niveles del 80% al eliminarse la
representación proporcional, dando otra estocada mortal a la democracia.
Conclusión:
Los ciudadanos debemos de ser firmes en la defensa de nuestra democracia y
libertades en este momento crucial. Las elecciones no dieron al oficialismo el mandato
para destruir esos baluartes. Actuemos en consecuencia.
