La lista

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Se ha hecho público que un ex militar le entregó a Doña Rosario Ibarra de Piedra una lista con 183 nombres de personas lanzadas desde aviones al mar entre 1972 y 1974, algunos ya habían sido asesinados durante los interrogatorios y otros encontraron la muerte ahogados en el mar, ella se la entregó al comité Eureka, que por razones desconocidas no la hizo pública antes.
Hace años un militar mexicano pidió asilo político en Canadá y reveló que el había transportado cuerpos desde el campo militar número uno en la Ciudad de México para ser cremados por el ejército en hornos crematorios en Hidalgo.
He ahí dos pequeñas muestras sobre los desaparecidos, sin hablar por supuesto de las atrocidades de los criminales cobijados por el poder político, que han desaparecido miles de personas.
Todos los que hemos hablado sobre la guerra sucia en México, creíamos saber por haber escuchado sobre las atrocidades y abusos cometidos por el gobierno y su ejército, pero carecíamos de evidencias directas. Finalmente los represores se cuidan de dejar evidencias de sus abusos. A las víctimas, porque los familiares de asesinados y desaparecidos también son víctimas, se les desplazó e ignoró porque reclamaban actos ilegales de un gobierno que se decía democrático, garante de la seguridad y sostenía que para la defensa nacional, que contenía mucho de anti comunismo, contaba con legitimidad.
Los pocos académicos que se atrevieron a contradecir al gobierno lo tuvieron que  hacer marginados y sus denuncias neutralizadas, ya sea por un silencio impuesto a las publicaciones, lanzarlos a publicaciones marginales con escasos lectores o hasta medidas más severas. Pero ningún sistema político es verdaderamente sellado y tarde o temprano por los resquicios del autoritarismo, las evidencias de las crueldades, abusos, atrocidades se dan a conocer.
Echeverría no fue genocida y ya sea por suerte, o por acuerdos que todavía no conocemos al detalle, los abogados de la comisión de la verdad se equivocaron, o deliberadamente acusaron indebidamente al ex presidente de genocidio, para que se llevara a la tumba su condición de asesino de lesa humanidad. Genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Aunque algunos lo utilizan en sentido figurado, jurídicamente no se sostiene contra un presidente autoritario que bajo su mando se cometieron atrocidades.
Es cierto que Echeverría no pilotaba el avión que se deshacía de los políticos opositores al régimen, pero hay una buena razón para sospechar que en un país con un régimen presidencialista, el presidente tiende a conocer los eventos más significativos que suceden en el país, y difícilmente una atrocidad de esa envergadura escaparía a su conocimiento.
Cuando un gobierno se embarca en una persecución y represión masiva de esas dimensiones, porque aparte de los 183 de la lista, no sabemos cuántos más fueron asesinados por el ejército y fueron enterrados o cremados en sus hornos, aunque por otro lado, un solo asesinado por el Estado es una barbaridad.
Por su parte, la sociedad queda inerme ante el abuso de poder. Se genera un miedo que por naturaleza paraliza, y una mentalidad de vulnerabilidad. Hay de aquel que hable porque ya le mostraron la vía para acortar su vida, y no hay nada más preciado para el ser humano que su vida.
Si los opositores al régimen violaron leyes, correspondía dentro del Estado de Derecho, someterlos al juicio y castigo correspondiente en caso de ser culpables, pero fue el gobierno con sus instrumentos represivos el que despedazó ese componente jurídico del régimen, condición que se reproduce hasta nuestros días cuando la gente se ve en la necesidad de violar la ley para lograr justicia.
Me viene a la mente este encuadre para explicar la toma de la carretera de Puebla por parte de un grupo de ejidatarios exigiendo el pago pendiente por los terrenos expropiados hace 60 años para la construcción de dicha vialidad. Sin duda que muchos, al estilo nacional, buscarán la mano que mece la cuna, pero me parece obvio que esta acción responde a la ausencia del Estado de Derecho que no provee instrumentos y procesos para promover desavenencias y desacuerdos con el gobierno, especialmente si se trata de los grupos oprimidos. Este es un caso en el que se violó la ley si no cumplieron con la promesa de pagar esos terrenos y se viola la ley tratando que les hagan justicia. Si usted fuera la jueza, ¿a cuál de los delitos le daría más peso?
@shmil50