El Poder Judicial de la Federación y los Supremos Tribunales de Justicia en las
entidades federativas tienen la responsabilidad de ejercer la función jurisdiccional
impartiendo justicia, entendido esto como la garantía en el cumplimiento del
contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de las
entidades federativas y las leyes que sean promulgadas en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.
El principio del establecimiento del Poder Judicial lo dictó Montesquieu en su libro
“El Espíritu de las Leyes” sostiene que la distribución jurídica de las funciones
ejecutiva, legislativa y judicial sólo podrá limitar el uso arbitrario del poder y
salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro
principio basado en su distribución social.
En México, José María Morelos estableció “Que todo aquel que se queje con
justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el
arbitrario”.
Sin embargo, como todas las instituciones creadas por el hombre son sujetas de
perversiones que hacen desviar sus nobles pretensiones. No escapa el Poder
Judicial.
Hoy la iniciativa presidencial que pretende reformar el Poder Judicial de la
Federación propone suprimir el sistema meritorio y de concurso de carrera judicial,
para substituirlo por cargos de elección, entre otras propuestas.
Una de las ventajas que ha traído el sistema meritorio es, el sentido de
pertenencia a la institución y la acumulación de experiencia por nivel de
conocimiento; y la carrera judicial ha traído la especialización del derecho en lo
general y de sus materias en lo particular.
No obstante, los abusos y excesos cometidos por algunos de sus impartidores de
justicia a lo largo de los años la han convertido en el centro de la polémica.
Al desviar los propósitos de todo aquel que pida justicia y cuando los impartidores
pierden la objetividad y tienden a favorecer al poderoso, el justiciable se haya en
condiciones de desigualdad e indefensión y su petición de justicia es alejada para
dar cabida a la impunidad. Sin embargo, hay impartidores honestos, mujeres y
hombres consagrados a la función jurisdiccional que enaltecen el alto valor de
impartir justicia que empoderan una de las principales funciones del Estado
mexicano.
Además la reforma al Poder Judicial difícilmente podría modificar los sistemas y
subsistemas en que descansa la función de seguridad y la de procuración de
justicia, debido entre otras cosas, a que carece de disposición alguna sobre la
manera en que intervendrían las Fiscalías en la integración de las carpetas de
investigación que contiene las pruebas para consignar o exonerar a algún
imputado de tal delito.
La mayoría de las deficiencias en materia penal provienen de la insuficiencia de
pruebas contenidas en las carpetas de investigación que reúnen las Fiscalías, y el
juez dicta sentencia, condenatoria o absolutoria, con los datos e información que
le aporta el Ministerio Público y carece de atribuciones para investigar.
Hoy el nuevo modelo de Poder Judicial podría comprometer el espíritu de justicia
al que se refería Morelos y puede ampliar la impunidad.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
