Una vez que transcurrió la parafernalia mediática en medios mexicanos –y ajena en la feligresía– por la muerte del Papa Francisco y la designación de León XIV en la sociedad secreta del Cónclave, México tendrá que regresar a sus temas prioritarios: las presiones de todo tipo por parte del presidente Donald Trump en materia de seguridad fronteriza, geopolítica, narcotráfico y sobre todo la inevitable reformulación del T-MEC a partir de las necesidades estadounidenses.
La respuesta mexicana al tema del Tratado es adecuada en cuanto a la necesidad de trabajar el frente interno productivo, pero ahí el principal problema para el cual no hay solución mágica o automática radica en que la política económica y de desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está definida y fijada en términos de las prioridades sociales de los gobiernos de la 4-T; es decir, que el gasto presupuestal de bienestar se come todos los recursos y no hay capacidad de inducción de las finanzas públicas para volver a construir un modelo de desarrollo industrial y agropecuario desde el Estado.
Las cifras que ha dado el experto Arnulfo R. Gómez –que como funcionario participó en el arranque del Tratado– son contundentes: sobre el fracaso del T-MEC: México abandonó el desarrollo industrial local, poniéndose la cola de las exportaciones y dejó con el país se metiera en un gravísimo problema de desindustrialización, lo que llevó a que la participación de productos nacionales en la composición total de las exportaciones haya disminuido y que su lugar fuera ocupado por planta industrial extranjera, lo que Estados Unidos sigue denunciando como la participación de países ajenos al tratado por la puerta de atrás.
Las cifras son duras, de acuerdo con las estadísticas de Gómez: el porcentaje de la exportación definitiva, es decir, ventas de productos netamente mexicanos, registró un decremento importante al pasar de 32.28% sólo 25.01%, es decir, bajó -7.27%. Y más todavía: la estructura de exportación de maquila y PITEX, llamada Exportación IMMEX a partir de 2007, presentó un deterioro mayor en el periodo 1993/2012 pues su valor de contenido nacional cayó de 59.8% a sólo 39.13% y, excluyendo al petróleo, se redujo más drásticamente al pasar de 52.91% a 31.18%.
Los gobiernos de Ernesto Zedillo a Enrique Peña Nieto (1994-2018, nada menos que 24 años) se olvidaron de la planta productiva nacional para centrar toda su atención en la inercia de cinco o seis productos primarios que son los que dominan las exportaciones y en materia automotriz se notó más la sustitución de empresas intermedias extranjeras ante la falta de empresas mexicanas.
Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo mantuvieron el mismo descuido hacia el sector industrial y dedicaron la parte más fuerte del presupuesto a programas sociales. Las administraciones de la 4T convirtieron al empresariado en contratista de obras públicas que nada tenían que ver una parte industrial del Tratado, porque el sector productor industrial decidió irse por el camino fácil de trabajar lo que le dieran los contratos en el gobierno y desaprovecharon una articulación productiva con el mercado de Norteamérica.
El Plan México y los programas aledaños parecen entender la profundidad del problema industrial, pero el inconveniente más importante es que el modelo de desarrollo industrial y agropecuario debe ser inducido por el Estado con inversiones públicas, con una política educativa para la capacitación productiva y con un apoyo debiera ser decidido a la política tecnológica. Pero resulta que el presupuesto castigado por pasivos inevitables y ahorcado por el gasto social no tiene recursos para comenzar por el punto prioritario más importante: reactivar la industria de bienes de capital.
Todo indica que México irá a una renegociación del Tratado con el Gobierno de Trump sin ningún proyecto real de industrialización y solo le espera de que el proteccionismo arancelario ojalá no dure más tiempo y que Estados Unidos afloje un poco sus medidas hacia los inversionistas americanos en otros países para regresarlos al territorio continental y que la Casa Blanca no sea tan estricta contra las empresas extranjeras que sustituyeron a las mexicanas en elaboración de productos para la exportación –sobre todo en la industria automotriz– y le permita a México cuando menos otros cuatro años de revisión de las posibilidades de un nuevo modelo de desarrollo industrial y agropecuario con sustitución paulatina de extranjeros por mexicanos.
Estados Unidos pagaría un alto costo interno económico si opta por el T-MEXIT, es decir, la salida del Tratado, pero todo indica que Washington tiene muy identificado los problemas para recuperar su dominio productivo y por ahí trabajará Trump, aun pagando algunos costos negativos.
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Política para dummies: la política complementa la economía y las dos son hermanas siamesas del desarrollo.
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