Quizá en diversas entidades federativas la ciudadanía nativa vea con recelo la incorporación indiscriminada en el respectivo gabinete estatal de personas originarias de otras entidades, fuereños o foráneos como suele llamárseles comúnmente.
Un caso emblemático es Oaxaca, cuyo Congreso del Estado recién aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo mediante la cual pone un ‘candado’ a la incorporación indiscriminada de personas originarias de otras entidades federativas al gabinete del próximo gobernador, Salomón Jara Cruz (de Morena).
La reforma establece que:
“Para ser titular de una dependencia o Entidad de la Administración Pública estatal se requiere:
“Ser ciudadanos nativos o ciudadanas nativas del Estado de Oaxaca o con residencia efectiva y comprobable no menor a tres años inmediatamente anteriores al día de la designación.”
La norma modificada exigía solamente “ser ciudadana o ciudadano mexicano.”
¿Qué se pretende con esta reforma, cuya iniciativa fue presentada por la diputada del partido local Unidad Popular (PUP), Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez?
Que no ocurra lo mismo que en la administración del gobernador saliente, Alejandro Murat Hinojosa (del PRI), en cuyo gabinete legal y ampliado predominaron en los cargos relevantes personas nacidas en otras entidades, particularmente del Estado de México.
Incluso, el mismo mandatario es nativo del Estado de México, pero llegó a ser gobernador de Oaxaca mediante una reforma a la Constitución Local que considera que “son ciudadanas y ciudadanos oaxaquenÞos del Estado de Oaxaca las personas que hayan nacido en su territorio, quienes sean hijos de padre o madre oaxaquenÞos y…”
O sea, por el ius sanguinis. La Legislatura del aquel momento le había confeccionado además otra reforma, que reducía los años de residencia efectiva, pero la tiró la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se oponía a la Constitución General.
En fin.
Los principales colaboradores de Alejandro Murat llegaron con él; algunos desde la campaña, otros una vez que asumió el mandato. En su mayoría trabajaron juntos en los cargos que desempeñó en la administración de Enrique Peña Nieto como mandatario del Estado de México, y luego, ya siendo este Presidente de la República, en la Dirección General del Infonavit.
La clase política oaxaqueña de oposición al PRI vio con preocupación y desconfianza el nombramiento de las personas de fuera. La militancia priista apechugó; disciplinadamente aceptó cargos secundarios o los restantes de primer nivel, pero en éstos fueron nombradas personas prioritariamente identificadas con José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca y padre de Alejandro.
Situación hasta cierto punto lógica, porque al ser nativo del Estado de México, Murat Hinojosa no tenía la relación directa con oaxaqueños y oaxaqueñas, ni amigos de escuela y quizá ni de partido en el ámbito local. Tal vez guardaba cercanía con los hijos e hijas de colaboradores de don José; algunos de los cuales también fueron incorporados al gabinete de Alejandro.
Con rarísimas excepciones, todos los gobernadores y gobernadoras de cualquier entidad federativa incorpora al gabinete legal y ampliado a personas que no nacieron en el estado donde gobiernan, aunque quizá sean las menos. Incluso, así lo hicieron quienes han sido gobernadores de Oaxaca, aun siendo nativos.
En las entidades cosmopolitas es cosa sin importancia el lugar de origen de las personas nombradas en el gabinete. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde la ciudadanía y la clase política tampoco se fija en demasía en el origen de la persona titular del Ejecutivo estatal; basta con que ésta cumpla los requisitos de elegibilidad exigidos por la norma.
Y así debe de ser.
Sin embargo, en otras entidades es distinto; existe un regionalismo muy arraigado, aunque la letra de la norma deba obedecerse; y a veces, se modifica para poder obedecerla.
La reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado de Oaxaca puede parecer discriminatoria, contraria a principios de Derechos Humanos. Incluso, una camisa de fuerza para el gobernador entrante en diciembre próximo.
Sin embargo, va acorde con la palabra empeñada por el morenista Salomón Jara Cruz de incorporar a su gabinete a “oaxaqueñas y oaxaqueños”, en clara alusión a la composición del gabinete del saliente. Y la iniciativa, presentada por la legisladora de uno de los partidos aliados de Morena, lo obliga a cumplir.
Aunque lo que parece una norma ‘candado’, también tiene una ‘llavecita’, implícita en la posibilidad del acceso de personas no nativas que cumplan con una “residencia efectiva y comprobable no menor a tres años inmediatamente anteriores al día de la designación.”
¿Será también un trajecito a la medida para personas determinadas?
Lo que sí, la residencia efectiva tiene una razón de ser: Las personas que integren gabinete legal o ampliado deben conocer el estado de Oaxaca, sus necesidades, su problemática, su composición social y étnica, para que puedan desempeñar su función.
Las personas nativas también deben tener el mismo conocimiento. Porque hay quiénes habiendo nacido en la entidad oaxaqueña, no conocen ni su colonia, ni su comunidad, ni su distrito, ni su región.
Y nativos o no nativos con residencia efectiva, lo fundamental es el desempeño de la función pública con eficiencia, eficacia, honestidad y honradez, tal como lo ha prometido Salomón Jara, quien, según su propio anuncio, en la primera semana de noviembre próximo presentará a las personas integrantes de su gabinete legal.
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