Respecto a la destrucción del Poder Judicial, la tardía reacción del expresidente
Ernesto Zedillo a es incomprensible, pero, en fin, es una reacción loable. Pero la nula
reacción de las organizaciones empresariales, la tibia reacción de las universidades y
de la academia, la displicencia de los partidos de oposición, la mezquina inacción y, en
algunos casos, hasta apoyo de los sindicatos es patética. La tibia reacción de la
sociedad civil, y, lo peor, algunas organizaciones hasta apoyan la participación a la
farsa que representa la elección judicial, nos deja boquiabiertos.
La elección por “voto popular” (sí así entre comillas), de jueces, magistrados y ministros
de la Corte, es la puntilla a nuestra democracia, a nuestras libertades y a nuestra
República, porque representa la destrucción del Poder Judicial del Estado Mexicano.
Es realmente sorprendente que pasa el hecho sin mayores aspavientos.
Nuestra democracia se destruye con ello porque el Tribunal Electoral que es el que, en
última instancia las elecciones, también quedará bajo el control absoluto del gobierno.
La farsa se configura porque la inmensa mayoría de las candidaturas a estos puestos
judiciales han sido manipulados por el gobierno para ponerlos al servicio de los
intereses del régimen.
Esto es una destrucción del Poder Judicial del Estado Mexicano porque literalmente
desaparecen el sistema de selección de los juzgadores en base a sus conocimientos y
experiencia en el mundo de la judicatura.
Sí, el sistema judicial ha tenido problemas, como todo lo relativo al gobierno, pero gran
parte de los problemas del sistema judicial en México deriva a la gran corrupción que
existe en las fiscalías estatales y la federal, en cuanto a que no se integran bien las
carpetas de investigación y se comenten de buena y de mala fe innumerables errores y
fallas mal intencionadas en la presentación de los casos ante el Poder Judicial que
obliga a los juzgadore a negar órdenes de aprensión y a liberar a personas imputadas,
para que luego diga el gobierno que es por la corrupción de los juzgadores.
Debemos de considerar que el Poder Judicial es de las pocas instituciones que nos
pueden liberar de los abusos del gobierno, que nos pueden dar la libertad cuando se
nos persigue injustamente, que nos amparan en contra de las injusticias de los
poderosos. Debemos de considerar que el Poder Judicial tiene varias instancias que
nos protegen de los propios abusos de los jueces corruptos.
Pero si este Poder es destruido con la reforma que se aprobó, lo que se juzgue será
determinado por los intereses del gobierno o los intereses de los poderosos o de los
criminales. Además, todo lo van a controlar cinco magistrados del Tribunal de Disciplina
Judicial que estarán vigilando, sin que haya recurso alguno en contra de sus
determinaciones, que las resoluciones judiciales se ciñan a los intereses del gobierno.
Con esto, nuestro Estado de Derecho quedará destruido, no habrá certeza y seguridad
jurídica para las inversiones y proyectos de negocio que generan empleo y riqueza.
Todo quedará a criterio del gobernante en turno por lo que el nivel de riesgo para hacer
negocios quedará exponencialmente incrementado, haciéndose todo más gravoso
porque el inversionista con este alto riesgo querrá rendimientos más altos en menor
tiempo.
Todo ello, a pesar de las oportunidades geopolíticas que México tiene con el entorno de
negocios internacional, quedará perdido enfocándose las inversiones hacia entornos
más seguros.
En otros países esta destrucción estaría generando protestas en las calles, habría
paros laborales y manifestaciones en las Universidades, pero, por desgracia, en México
la reacción ha sido no tibia sino fría. No se dimensiona la tragedia que esto representa.
Vamos a tener que afrontar la ola de injusticias que se van a generar con este Poder
Judicial de caricatura que estamos criando. Espero que cuando se vea y sufra en carne
y hueso los efectos que la destrucción de nuestro Poder Judicial va a sufrir, se genere
la reacción política necesaria para sacar a Morena del poder y así empezar de nuevo a
recuperar nuestras instituciones destruidas por el régimen y a reconstruir nuestra
democracia.