Definitivamente es banal una consulta popular cuya pregunta carece de claridad sobre el propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a sus antecesores Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto.
Lean y vean la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
¿Dónde dice tratarse del enjuiciamiento a ex presidentes de México? En ninguna parte. La mayoría de ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vieron en la necesidad cambiar la pregunta para poder avalar como constitucional la consulta popular solicitada por el presidente López Obrador.
Consulta con cuya pregunta original a todas luces evidenciaba un ánimo de linchamiento político con fines electorales. Porque como bien lo argumentaron algunos ministros, no hay ninguna necesidad de consultar proceder penalmente en contra de los ex presidentes porque es hasta un deber de las autoridades en procuración de justicia en tanto tengan conocimiento de la comisión de delitos.
Y estando AMLO en la Presidencia de la República, cuenta con todo el aparato del Estado para investigar y denunciar penal, administrativa y políticamente a sus antecesores, siguiendo el debido procedimiento. Pero optó por la vía de la participación ciudadana comosi el horno estuviera para bollos en el país.
En fin, esa enredada pregunta se hará a la ciudadanía el próximo 1° de agosto, día de la jornada de consulta popular, cuya organización ayer empezó formalmente el Instituto Nacional Electoral (INE) sin más opción que cumplir con la misma.
¿Y EL PRESUPUESTO?
Bien, como lo dijo la consejera Dania Ravel Cuevas, la consulta popular es un mecanismo de participación política en el que se involucra directamente a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Sin embargo, siempre sin tapujos, el consejero Ciro Murayama puso el dedo en la llaga: “Es la primera vez que se echa a andar una consulta popular, pero también estamos frente a una excentricidad en donde no se otorgan recursos para un ejercicio en donde se va a convocar a casi 94 millones de electores”.
Claro, AMLO solicitó la consulta, el Congreso de la Unión la ordenó, pero se hicieron de la vista gorda en la autorización de los recursos para organizar ese capricho político, cuyo costo anda en los 800 millones de pesos cuando el país no está para tirar el dinero a la basura.
En fin, con la sesión de ayer del Consejo General prácticamente arrancó el procedimiento de consulta popular, la cual se integra de las siguientes etapas: a) organización, b) difusión, c) desarrollo de la jornada, d) cómputo y declaración de resultados.
Y ad cautelam, dicho Consejo determinó que durante el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 1° de agosto, los tiempos oficiales en Radio y Televisión que le corresponden al INE y a las demás autoridades electorales, salvo las de estados que celebren algún proceso de participación, sean utilizados para la promoción de la consulta popular.
Hasta entonces, mientras los actores políticos deben estar calladitos.
¿CUÁNDO ES EL PASADO?
Repetimos la pregunta de la consulta popular: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Los años pasados…¿cuáles son? Pues antes del 2021, están: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y todos los demás regresivamente.
Entonces, hasta en “los años pasados” entran casi tres años del Gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por lo tanto, cómo no estar de acuerdo en llevar a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el año en que inició la pandemia Covid-19 en México, por parte de los funcionarios correspondientes.
¿También cabe esa hipótesis en la pregunta de la consulta popular?
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