Todos los presidentes de la republica de la era posrevolucionaria 1917-2018 han cumplido el principio populista de llegar al poder con un discurso social-democrático y en los hechos sus gestiones han sido para consolidar un proyecto personal de gobierno. López Obrador no será la excepción.
La sociedad tiene la percepción –equivocada a lo largo de comprobaciones en la realidad, pero siempre negadas en aras de suponer que algo de democracia habría de avanzar– de que el poder en México es una función pública. Lo cierto, en el fondo, es que el poder se ejerce primero en nombre de un grupo de políticos, luego a favor del proyecto de permanencia de ese grupo en el poder más allá de la temporalidad sexenal y al final, si hay tiempo y circunstancia, algo se avanzará en espacios democráticos y sociales.
El sistema político priísta 1929-2018 ha tenido referentes históricos: el presidencialismo fue consolidado por Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Venustiano Carranza y Alvaro Obregón en él periodo 1833-1929. En esos años el sistema político en el modelo David Easton de un espacio limitado para interacciones que deriven en la distribución autoritaria de valores y beneficios fue la presidencia de la república. Plutarco Elías Calles percibió que ese modelo había muerto con el asesinato de Obregón como el último caudillo personal y entonces creó el partido del Estado-gobierno-poder como la caja negra de Easton para la distribución vertical del poder.
López Obrador se construyó una imagen de líder social que representaba los anhelos de la creciente parte marginada de la sociedad. Su propuesta fue beneficiar a esa parte de la sociedad. En las elecciones para gobernador de Tabasco 1988 y 1994, la jefatura de gobierno en el 2000 y las presidenciales de 2006, 2012 y 2018, su bandera central fue el respeto al voto libre y cada vez con mayor intensidad en esas competencias una agenda de programas asistencialistas dirigidos de manera directa. En ningún momento, hay que reconocerlo, habló de una reforma al sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional priísta. Sus referencias a un nuevo proyecto de nación no implicaban destruir de manera revolucionaria al proyecto de la Revolución Mexicana que se convirtió en el alma del PRI. Si acaso, como Lázaro Cárdenas en 1934-1940, decía reorientar el proyecto nacional vigente hacia los objetivos originarios de la Revolución Mexicana de justicia social.
Inclusive, el concepto de Cuarta Transformación es retórico y se reduce, en los hechos, sólo a la corrección de los vicios de la Tercera Transformación que sería la Revolución Mexicana. En todo caso, la retórica resumida en las siglas 4T no va más allá del discurso de identificación que elude al nuevo partido en el poder –Morena– y al lopezobradorismo personalizado. Las decisiones asumidas desde la victoria del 1 de julio, desde la toma de posesión de Morena como partido con mayoría absoluta el 1 de septiembre y los pocos días de gobierno desde el 1 de diciembre no indican una fractura en el tiempo histórico del PRI ni una refundación de un nuevo proyecto de desarrollo.
NUEVA BUROCRACIA LOPEZOBRADORISTA
Las primeras decisiones de gobierno de López Obrador carecen de referentes hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo y se agotan como instancia primordial en el relevo de la clase política gobernante: el achicamiento de cargos públicos, la reducción de salarios y prestaciones sociales a funcionarios y la creación de estructuras nacionales de dominación conocidas como superdelegados no han buscado una mayor eficiencia en el funcionamiento del aparato público, sino que han sido decisiones de camino corto para obligar a los funcionarios actuales a renunciar por reducción de salarios-bienestar para que esos puestos sean ocupados por los nuevos funcionarios salidos de la militancia en Morena. Lo dijo con claridad el propio López Obrador en una de sus primeras conferencias de prensa matutinas: habrá quien quiera trabajar por menos salarios-bienestar.
El relevo de funcionarios civiles ha sido cíclico y referido a fases de cambio de giro estratégico de los presidentes en turno: Cárdenas buscó relevar a todos los obregonistas y callistas, Alemán se deshizo de militares y civiles a su servicio con la nueva generación burocrática de abogados, Echeverría buscó sustituir a los funcionarios del régimen Ruiz Cortines-López Mateos-Díaz Ordaz, De la Madrid y Salinas impusieron un relevo casi total de la clase política y de la clase gobernante y Fox y Calderón fueron incapaces de propiciar un relevo de priístas y se conformaron con ampliar un nivel panista vía asesorías oficiales.
López Obrador llegó con la intención de construir una burocracia lopezobradorista-morenista para consolidar cuando menos una base burocrática de su proyecto político transexenal. El modelo aplicado es el mismo de Carlos Salinas (1988-1994) al desplazar a los viejos políticos y suplirlos con políticos-funcionarios cincelados en el pensamiento económico neoliberal y de mercado, aunque con la válvula de despresurización de programas asistencialistas vía el Pronasol. Diputados estatales y federales, alcaldes, gobernadores y senadores salieron del espacio ideológico del neoliberalismo de mercado bautizado como “liberalismo social”.
En años de gobierno 1982-2018 –los sexenios de De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto– hubo un relevo casi total de la clase política priísta tradicional y los pocos sobrevivientes fueron marginados y apenas ahora, ya con el tiempo encima y sin base identificada, comienzan a tratar de recuperar los espacios perdidos. Pero el problema real no ocurrió en el desplazamiento de los políticos, sino en el relevo de la ideología oficial: del Estado social al mercado capitalista.
En 1992 Salinas de Gortari consolidó la contrarrevolución ideológica en el PRI al dar por terminado el ciclo histórico de la Revolución Mexicana y sus ideales de justicia social e iniciar el ciclo del “liberalismo social” para un Estado y mercado eficientes y con atención pública sólo de los sectores más empobrecidos con programas asistencialistas que en nada definían el carácter del Estado y que sólo atendían a los más pobres como una forma de desactivar la pobreza como factor revolucionario. Todos los programas asistencialistas de López Portillo a los primeros oficiales de López Obrador no modifican la clasificación social ni generan mecanismo de ascenso de clase, sino tan sólo alivian en poco la pobreza extrema.
EL ESTILO PERCONAL DE AMLO
López Obrador no llegó al poder para impulsar una revolución social ordenada para modificar los términos de la creación y distribución de la riqueza. Su programa salarial del sector público, al contrario, regresa a los tiempos de la explotación laboral que en México generaron las primeras rebeliones revolucionarias: el salario no como medida de bienestar –trabajo a cambio de un salario que genere mejor condición social–, sino sólo como referente en la producción de riqueza que será apropiada por el gobierno como patrón.
De dar resultados las primeras medidas –recortar de salarios, reducir plazas en el sector público, desaparecer prestaciones sociales–, entonces México profundizará la polarización social entre empleados públicos con salarios precarios y salarios privados a la alza por presiones del mercado, con la circunstancia agravante de que los empleados públicos que pierdan sus plazas o que no trabajen por salarios bajos no podrán encontrar empleos de manera automática en el mercado privado y entonces engrosen las cifras del desempleo o del subempleo que ya suma el 70% de la población económicamente activa.
La reducción de la calidad salarial en el sector público será oportunidad para que morenistas ocupen esas plazas o consoliden el relevo de funcionarios. Lo que menos preocupa al modelo lopezobradorista es la calidad de la prestación del servicio publico, pues al final de cuentas los nuevos funcionarios lopezobradoristas aprenderán los oficios sobre la marcha o propiciarán mayor corrupción.
El mensaje está claro: López Obrador buscará un relevo de funcionarios como una forma de extender la transexenalidad de su proyecto personal. Como no puede reelegirse y el costo político, social e histórico de intentarlo no le garantiza la victoria, entonces buscará un relevo de continuismo y heredará una clase gobernante morenista. La única exigencia de este modelo político radica en que su sucesor cumpla con las tres condiciones de la experiencia priísta: continuidad personal, de proyecto y de grupo. Salinas fue exitoso en la continuidad de su proyecto económico, pero fracasó en la continuidad personal y de grupo.
La crisis de expectativas del sexenio 2018-2024 estallará en función de dos objetivos diferentes: el de López Obrador de relevar a la clase gobernante vía la nueva burocracia y el de los mexicanos que votaron por él en función de su discurso de justicia social, combate a la corrupción y recuperación de la seguridad. López Obrador va por la primera y los mexicanos se quedarán a la espera de la segunda.
@carlosramirezh
