Desde el punto de vista de la ciencia política, el fin del Estado es, la seguridad. Esto quiere decir que, luego entonces, por encima de la seguridad pública se encuentra, la seguridad. Por esta razón es que el texto constitucional debería contener un concepto de seguridad, como función de Estado, de la que se desprendan las tres funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.
Esta seguridad nacional es una función de gobierno compartida, -junto con la función de Estado de la defensa nacional y-, por tanto, esta sería el vínculo dogmático y orgánico para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.
Esto significa que en el ámbito civil, entre otras cosas, la seguridad nacional se ciñe al establecimiento de un sistema de inteligencia civil que sea capaz de detectar las debilidades del Estado mexicano y transformarlas en inteligencia para revertir condiciones de inestabilidad económica, política y social. Aquí subyace también el estabecimiento y permanencia de políticas de Estado, como la protección civil.
El modelo de seguridad que se encuentra contenido en el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa el establecimiento del orden y paz públicos, -que constituyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad mexicana pero por ahora es una obsolescencia dogmática e ideológica, en el que en la práctica está llena de prácticas politizadas que producen duplicidad de funciones, procesos tortuosos y gastos innecesarios.
Por esta razón es, que la seguridad nacional y la seguridad interior no tienen cabida en el texto constitucional, porque dogmática e ideológicamente el diseño de la seguridad gira en torno a estos elementos de la seguridad pública y, por ende, al existir una confusión en el diseño contemplado en la Constitución, por inercia cae al Presupuesto de Egresos de la Federación y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Para cerrar el ciclo de la seguridad se encuentran las normas secundarias en materia de seguridad, que se suponen deben regular actividades específicas y coordinar actividades entre los tres órdenes de gobierno.
El problema persiste cuando se involucran intereses político-partidistas en las políticas públicas de seguridad para asignar diversos apoyos.
Aquí es cuando en algunas ocasiones la federación y las entidades federativas se culpan mutuamente del fracaso de las políticas de seguridad, argumentan los últimos la falta de apoyo de parte de los primeros y entonces el diseño institucional contenido en la Constitución, las normas federales o generales pasa a segundo término y la seguridad simplemente queda en el desinterés.
Una probable solución al problema de seguridad consiste en la despolitización de las funciones de seguridad, que con el compromiso de todas las autoridades ayudaría a reducir la inseguridad en el país, mejoraría la distribución de recursos y funcionaría el diseño institucional.
Hoy por hoy la seguridad mexicana transita por momentos difíciles, consecuencia de una planeación deficiente y la politización de sus políticas y diversos procesos.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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