¿De veras, Canciller, usted cree que el general Cienfuegos es una blanca paloma?
Desde hace un buen tiempo se ha venido cocinando a fuego lento un debate sobre el papel político y militar de las fuerzas armadas.
El caso del general Salvador Cienfuegos ha venido a atizar ese debate.
El desprestigio de las fuerzas armadas ha sido una constante en los últimos años producto de las tareas ajenas como el combate al narcotráfico. El trabajo esencial del ejército consiste en la defensa del territorio y la soberanía nacional, así como la asistencia a la población en casos de desastre.
El gobierno del presidente Obrador se encuentra atrapado en medio del debate sobre las fuerzas armadas. En principio el cuestionó el desempeño de la milicia en el combate al crimen organizado y se pronunció machaconamente por sacar al ejército de las calles. Hasta orientó una campaña mediática para sacar raja política con esa demanda enarbolada por su partido.
Después Obrador reculó y se volvió un aliado incondicional hasta llegar a asignarle tareas más allá de las prerrogativas de la ley, violando incluso disposiciones constitucionales. En el actual gobierno los militares desempeñan las más variadas tareas.
La creación de la Guardia Nacional provocó un encendido debate como también la designación del responsable de sus tareas y el nombramiento y las responsabilidades del titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana donde ha colocado a personas improvisadas en tareas que demandan un verdadero conocimiento.
Desde mediados de la pasada década de los setenta el país cuenta con la formación de cuadros militares de alto nivel en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea en donde al igual que en la mayoría de las academias militares del mundo, lo mismo que en el mundo empresarial y el marketing se estudia la filosofía, las tácticas y estrategias del militar prusiano Carl Philipp Gottliet von Clausewitz quien desde el siglo XIX se convirtió en uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna.
Los cuadros militares formados en esa academia han sido menospreciados y en su lugar en el gobierno de Obrador se ha optado por imponer políticos improvisados en responsabilidades ajenas para los que no cuentan con la más mínima formación y preparación.
Es indudable que se ha desatendido el tema de la seguridad nacional y las tareas de las fuerzas armadas se han desvirtuado arrastrando con ello el prestigio que algún día llegó a tener nuestro glorioso ejército nacional.
Por razones políticas los últimos presidentes han actuado impulsivamente en asignar responsabilidades ajenas a los militares ante el gran fracaso de los gobiernos. Las procuradurías y los organismos policiacos han sido plagados por mandos emanados de las fuerzas armadas y las cosas han empeorado.
Una de las peores decisiones del presidente Obrador, por ejemplo, fue la desaparición del Estado Mayor Presidencial, organismo al que el propio tabasqueño responsabilizó de la represión estudiantil de 1968.
En su momento el presidente Salinas utilizó al ejército para combatir a los líderes sindicales y algunos movimientos sociales. Con Zedillo se le asignó al general Jesús Gutiérrez Rebollo la jefatura del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. El militar tuvo acceso a la inteligencia mexicana y a la inteligencia proporcionada a México por los Estados Unidos, incluidas las investigaciones antidrogas, escuchas telefónicas, programas de interdicción, las operaciones y las identidades de informantes mexicanos que utilizó en beneficio de los cárteles de las drogas.
A su vez, Felipe Calderón asumió decisiones riesgosas que le costaron muy caras al país al asignarle al ejército la responsabilidad directa de combatir al narcotráfico y el responsable directo del combate a las drogas, Genaro García Luna enfrenta un juicio en tribunales de Estados Unidos.
Peña Nieto continuó por el mismo sendero y el general Salvador Cienfuegos fue puesto bajo la mira de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) que no sustentó, según se sabe ahora, sus acusaciones en contra del extitular de la Defensa Nacional.
Lo que cuestionó el gobierno de Obrador fueron las “formas”, es decir el no compartir la información de la DEA sobre las investigaciones en contra de Cienfuegos, ahora el Departamento de Justicia ha informado que se desiste de las acusaciones contra el general pero el juez que lleva el caso no ha emitido su veredicto.
La repatriación de Cienfuegos es parte de una negociación política entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Aquí las autoridades dicen que no hay “cargos” en contra de Cienfuegos pero el militar tampoco es una blanca paloma.
Cienfuegos debe ser llamado a rendir cuentas, tampoco es un chivo expiatorio ni un héroe, tampoco debe ser visto como la víctima de los abusos de la justicia estadounidense.
Cienfuegos fue parte del equipo de uno de los gobiernos más corruptos y abusivos. Por la propia naturaleza de su cargo disponía de información crucial sobre la corrupción del gobierno de Peña Nieto.
Pero Cienfuegos también cargaba con señalamientos sobre los abusos y excesos del ejército bajo su mando en actos de barbarie en contra de la población civil por lo que debería ser sometido a una somera investigación y deslindar responsabilidades.
Bajo el mando de Cienfuegos distintos cuerpos militares incurrieron en masacres, torturas y ajusticiamientos sancionados por las leyes nacionales e internacionales, como delitos de lesa humanidad, como lo consigna Advocacy for Human Rights in The Americas en su reporte de investigación 2018.
El mismo Peña Nieto admitió que: “El Gobierno de México está investigando y procesando a militares personal que presuntamente ha cometido violaciones de derechos humanos de manera creíble, y está tomando los pasos necesarios para codificar esta práctica en ley mediante la reforma del Código Militar de Justicia conforme a fallos de la Corte Suprema de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El propio Departamento de Estado informó al Congreso de Estados Unidos su intención no liberar los fondos hasta que México hiciera mejoras en la legislación para reformar el Código de Justicia Militar para limitar los delitos que están bajo la jurisdicción de los tribunales militares.
En 2016 Advocacy for Human Rights in The Americas presenta evidencias y testimonios de delitos cometidos durante la gestión del general Cienfuegos al mando del ejército mexicanos, tales como casos de violación, violencia sexual y abuso de autoridad, abuso de autoridad, tortura, homicidio y abuso de autoridad, lesiones y violación, abuso sexual y acoso sexual cometido por soldados de la Sedena y marinos de la Semar. Incluidas las violaciones de derechos humanos en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, que aún siguen impunes.
En su momento el general Salvador Cienfuegos fue obligado por presiones de las organizaciones humanitarias a ofrecer disculpas por los casos en los que soldados cometieron actos ilegales. Si bien estas declaraciones expresan buenas intenciones, en la práctica, no sirven como defensa para los soldados que son investigados por las autoridades civiles, y no excusan las acciones de los soldados.
Estas disculpas son genéricas y no son significativas para las víctimas. Los funcionarios de alto rango nunca han emitió una disculpa específica a una víctima, ni siquiera en los casos de Valentina Rosendo, Inés Fernández, o Rosendo Radilla, donde la Corte Interamericana ordenó al gobierno de México hacerlo.
VER ENLACE del Reporte de Investigación de Advocacy for Human Rights in The Americas (WOLA)
