Porque sí, porque no, porque quién sabe, pero resulta que en el Senado ya entraron en las urgencias de realizar un período extraordinario urgentísimo para hacerle una adecuación a la reforma del outsourcing a fin de que se pueda diferir 30 días a su entrada en vigor.
Posponerlo un mes es un reclamo de sectores y empresas que operan la subcontratación laboral en México, ya que de lo contrario se verán perjudicadas con sanciones porque si esta reforma del outsourcing entra en vigor el 1 de septiembre como está previsto en la nueva legislación, pues muchas empresas quedarán sin poderse dar de alta, afirman, ante la secretaría del Trabajo para poder ser registradas como operadoras de este servicio.
Total, urgencias que han sido llevadas al extremo de las últimas horas y que ahora tienen en el estrés máximo al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, al Zacatecano Ricardo Monreal que es el encargado de sacar adelante este período extraordinario legislativo super-urgente para diferir la aplicación de la nueva ley.
De ahí que ayer haya solicitado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convoque a ese periodo extraordinario de sesiones para, por un lado posponer la entrada en vigor de la reforma del outsourcing, y por el otro ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como nuevo secretario de la Función Pública, y debatir dos iniciativas: una de Morena y la otra de Acción Nacional, a fin de reformar la entrada en vigor de las leyes reglamentarias de la subcontratación o outsourcing.
Ahí se analizaría y aprobaría una iniciativa para aplazar 30 días la entrada en vigor de las reformas aprobadas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta relativos la nueva y controvertida Ley sobre el outsourcing, para que sectores y personas físicas y morales, que proporcionan servicios de subcontratación, se den de alta ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Monreal Ávila recordó que, si no se modifica el transitorio del Decreto, la ley se tendría que aplicar a partir del primero de septiembre y el que no cumpla incurrirá en responsabilidades que establece la propia legislación, por lo que habrá sanciones de todo tipo. Eso es lo que se intenta evitar, que no haya sanciones y que todo el mundo se ponga al corriente en este plazo, indicó.
Posponer 30 días la entrada en vigor de esta nueva ley, tiene el objetivo de generar las condiciones para el cumplimiento de la ley por parte de todos los contratistas y empresarios que acuden a la figura del outsourcing.
“DIFICIL” QUE LA CONSULTA TENGA RESPALDO
Por otra parte, el zacatecano consideró que la consulta popular a realizarse el domingo que viene para ver si se enjuicia a personajes del pasado “difícilmente” alcanzará la participación del 40 por ciento del padrón electoral como establece la norma para que sus resultados sean vinculantes.
Este 40 por ciento del padrón representan 37.5 millones de ciudadanos que deberán presentarse a votar para que la consulta sea un éxito.
En un artículo publicado ayer por EL UNIVERSAL, Monreal dijo que el desgaste al que han sometido los opositores a este ejercicio de democracia participativa, y el desinterés mostrado por el Instituto Nacional Electoral para su promoción marcarán su resultado.
Pese a este pronóstico, dijo, “México dará el paso inicial hacia la consolidación de una auténtica democracia, donde la ciudadanía será protagonista de las decisiones públicas y no simple espectadora”.
No se debe perder de vista, agregó, que la realización de este ejercicio democrático será, por sí mismo, un gran paso, pues a pesar de todas las dificultades, los mexicanos “tendrán la oportunidad de votar por un tema que durante años había sido dejado a la suerte”.
Y consideró que, si la consulta se hubiera celebrado el día de los comicios recientes del 6 de junio como lo pidió el presidente López Obrador y Motrena, el porcentaje para que sus resultados fueran vinculantes, se habría alcanzado fácilmente, ya que la participación en esa jornada electoral fue del 52 por ciento.
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