La CIA en el caso Buendía

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Sin experiencia judicial penal, los periodistas que han seguido el caso Buendía desde 1984 han centrado su atención, con intensidad, en la figura de José Antonio Zorrilla Pérez como director de la Federal de Seguridad y de Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación encargado de la estabilidad interna. Esas pistas se intensificaron sólo en el auge de los cárteles del narcotráfico en la versión de mariguaneros y la protección que recibían de instancias de seguridad.

Zorrilla fue arrestado en 1989 y condenado a veinticinco años de cárcel como autor intelectual del asesinato de Buendía. Y Bartlett ha sido señalado de manera insistente sin aportaciones reales de evidencias periciales, salvo algunos testimonios de agentes de la DEA encargados de investigar el asesinato de su compañero Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985, diez meses después del asesinato de Buendía.

En algunas referencias aisladas sobre el asesinato ha aparecido el señalamiento de la CIA como la instancia responsable del crimen, pero sólo a partir de las criticas de Buendía a esa agencia de espionaje y la revelación de nombres de dos jefes de la estación en México. De acuerdo a casos similares, esas revelaciones no alcanzan a acumular decisiones estratégicas como las de asesinar a un periodista mexicano muy reconocido. Basta recordar las decenas de intentos de asesinatos de la CIA contra el líder cubano Fidel Castro. En el 2003, desde la Casa Blanca se filtró el nombre de una agente operativa de espionaje como parte de los intentos oficiales para apuntalar la acusación del presidente Bush en el sentido de que Sadam Husein estaba adquiriendo tubos de uranio enriquecido para construir bombas nucleares; el caso llevó al encarcelamiento del jefe de personal del vicepresidente Cheney y a su posterior liberación con perdón presidencial.

La indagatoria de las pistas de la CIA pudiera contribuir con más pistas de responsabilidad de esa agencia en el asesinato de Buendía más allá de las revelaciones; se trataría de que en el periodo 1981-1986 el gobierno de Reagan y su embajador John Gavin realizaron un vasto operativo de intervención en México. Cuando menos existen cinco pistas.

1.- La reorganización de la Federal de Seguridad en 1985 y 1989 como efecto del asesinato de Buendía, del Irancontra y de la pérdida del control de la CIA sobre la Federal de Seguridad.

En 1983 el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid había irrumpido con un relevo en la élite política sustituyendo a los viejos políticos del régimen priísta por tecnócratas economistas educados en universidades estadounidenses. Una de las decisiones principales de la nueva administración fue reconstruir la estructura de seguridad nacional del país, aunque el encargado de la tarea haya sido Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y con una larga formación en la política de seguridad del Estado.

El gobierno de De la Madrid por primera vez definió en documentos oficiales el modelo de seguridad nacional y lo incluyó en el Plan Nacional de desarrollo 1983-1988. Bartlett fue el encargado de darle funcionalidad operativa al nuevo modelo y tuvo como aliado siempre a Zorrilla, un político hidalguense que había sido secretario particular de Fernando Gutiérrez barrios en la Subsecretaría de Gobernación encargada de la seguridad nacional y que había sido de los fundadores y directores de la federal de seguridad.

Zorrilla fue designado por el presidente de la Madrid, pero quedó adscrito a la autoridad de Bartlett. La Secretaría de Gobernación tenía dos brazos de inteligencia y seguridad nacional: la de seguridad como policía represiva y la dirección de investigaciones políticas y sociales como instrumento de control de la clase política.

El papel de la DFS como policía política del Estado concluyó en 1982 con la liquidación de los últimos vestigios de la guerrilla urbana que había irrumpido en el cerrado sistema político priista en 1971 con el secuestro del entonces jefe del Departamento de Turismo, Julio Hirschfeld Almada. la respuesta del Estado fue contundente a través de la creación y operación de un grupo represivo llamado Brigada Blanca que se dedicó a liquidar a las guerrillas. Sin enemigos armados, la policía política del Estado quedó un poco al garete y fue entonces que Zorrilla orientó las actividades de la DFS a tareas de seguridad pública vigilando a los primeros cárteles de la marihuana que habían escalado una fuerza superior a la de las policías preventivas.

Ahí fue cuando las drogas asumieron la condición de asunto de Estado, sobre todo porque la marihuana se sembraba en México y se enviaba directamente a Estados Unidos para su consumo. Policías de la Federal de Seguridad pasaron entonces hacer guardianes del tráfico de drogas para evitar guerras entre grupos y también para impedir que la droga se quedará para consumo mexicano. Muy pronto agentes de la de DFS transitaron de vigilantes a miembros de cárteles y algunos llegaron a dirigir bandas de narcos.

Un dato que no se ha investigado de fondo fue el de la presunta autorización gubernamental para permitir la compra de dólares del narcotráfico por el Banco de México a través de una llamada ventanilla negra, como una forma de ampliar el ingreso de divisas a las reservas internacionales de México y tener fondos para apuntalar el tipo de cambio. La crisis de divisas en el sexenio de De la Madrid produjo una devaluación que pasó de 161 pesos por dólar en 1983 a 2,300 pesos por dólar en 1988. La necesidad de divisas para apuntalar el mercado habría permitido el acceso de narco dólares al sistema.

Un desplegado de los obispos del Pacífico sur de México denunció en abril de 1984 la irrupción agresiva de los cárteles de la marihuana en el campo mexicano y fue potenciado e investigado por Manuel Buendía. El 14 de mayo Buendía publicó una columna titulada “Seguridad Nacional” para denunciar que el auge del narcotráfico en México solo pudo haber sido posible con la complicidad de funcionarios de Gobierno. En el proceso cotidiano de investigación para su columna, Buendía llegó a conversar que tenían nombres de altos funcionarios mexicanos que estaban detrás de los cárteles de la marihuana.

2.- El tráfico de drogas que existe en México fue aprovechado por la CIA para su operativo de financiar con armas y dinero a la disidencia nicaragüense conocida como contra. la operación fue diseñada por el entonces coronel Oliver North, subdirector del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lo cual revelaba la dimensión del conflicto.

Aquí salta otra vez el caso de México. Zorrilla, el contacto directo de la federal de seguridad con la CIA, había roto relaciones con la agencia estadounidense y había firmado convenios con la temible agencia STASI, el servicio de inteligencia y espionaje de la república de Alemania comunista, entonces uno de los principales brazos operativos del KGB soviético.

En 1985 yo era reportero de asuntos económicos del periódico El Financiero, pero con información amplia sobre las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos. En aquel entonces elaboré un largo reportaje de alrededor de cien cuartillas sobre el papel del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en México y Nicaragua. Con la autorización del diario, el texto se publicó en cinco partes en el periódico El Día que dirigía la periodista Socorro Díaz, conocida por su perspectiva nacionalista, progresista y antiimperialista. En ese texto –que será publicado en una segunda parte del libro Operación Gavin. México en la diplomacia de Reagan–se aportaron datos suficientes sobre la operación CSN-CIA en México y Centroamérica.

Ahí se dieron las relaciones de complicidad entre la CIA y la DFS con los cárteles de la mariguana y de la cocaína.

3.- El tercer escenario de la CIA que se cruzó con Manuel Buendía fue un hecho que apareció público a mediados de 1985, pero que no se convirtió en una pista periodística: el periódico The New York Times publicó en junio de 1985 en su primera plana una investigación de los especialistas en seguridad nacional Joel Brinkley y Robert Lindsay denunciando que la policía política mexicana de la Federal de Seguridad había pactado con el servicio de inteligencia de Alemania comunista, el temible STASI. El texto incluía declaraciones directas del embajador Gavin contra Zorrilla.

En este sentido, la renuncia de Zorrilla a la Federal de Seguridad y luego a la candidatura del PRI a diputado local por Hidalgo había sido exigida por el embajador Gavin como para administrar un control de daños ante los temores de la CIA de que los secretos de operaciones en México y otras partes del mundo hubieran podido estar ya en posesión de la STASI alemana y por tanto del KGB de soviético.

La crisis de la Federal de Seguridad provocada por los señalamientos de responsabilidad de Zorrilla en el asesinato de Buendía y la denuncia por las alianzas con Alemania comunista condujeron también a un control nacional de daños: el secretario de Gobernación anunció la disolución de la Dirección Federal de Seguridad y creó en su lugar la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, la cual fue transformada en 1989 por el Gobierno de Salinas el centro autónomo y descentralizado bajo el control directo de la Presidencia de la República

4.- La última referencia de la CIA en México fue tratada en mi reportaje sobre el Consejo de Seguridad Nacional, sobre todo por la renuncia de John Horton, funcionario de la CIA encargado de temas mexicanos y exjefe de la estación en México, por la orden directa del director de la agencia William Casey de que fabricara un documento para señalar que México vivía un caos y que ameritaba la intervención drástica y de seguridad nacional de la Casa Blanca. En mi investigación también referí la participación en el operativo en México de la CIA de Constantine Menges, un académico experto en temas de geopolítica y estrategia que había sido captado por el senador ultraderechista republicano Jesse Helms y lo había promovido primero a la oficina de asuntos mexicanos de la CIA y después a director de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan.

Con mayores datos e investigaciones in situ, el periodista Bob Woodward publicó en 1987 el libro Velo. las guerras secretas de la CIA y le dedicó un capítulo especial al caso de John Horton. La crisis en la CIA estalló cuando Horton se negó a redactar el reporte de causa en México, presentó su renuncia y público sus razones en un artículo en la página de opinión del The Washington Post. la tesis de caos en México había sido fijada en 1979 por Menges en el artículo “México, el próximo Irán a nuestras puertas”.

En estos cuatro expedientes se presentan algunas pistas de las actividades clandestinas de la CIA en México que se cruzaron con la Federal de Seguridad, los cárteles de la marihuana y las revelaciones que preparaba Buendía y que presentaban intereses operativos de la agencia de espionaje de la Casa Blanca en los pliegues del sistema político mexicano y sus vinculaciones con las bandas del narco que Buendía se disponía a revelar. En estos asuntos estratégicos de seguridad nacional sí se puede encontrar alguna potencial intervención de la CIA en el asesinato del columnista mexicano y no tanto en notas ya publicadas, con un efecto político menor y sin repercusiones bilaterales sobre los nombres de dos jefes de la estación de esa agencia de espionaje en México.

No existe ningún expediente ni intención gubernamental mexicana de reabrir el caso del asesinato de Buendía, ni menos aún en seguirle la pista a las actividades de la CIA dentro del gobierno y del sistema político mexicano. En 1983 Buendía publicó su libro La CIA en México con la recopilación de sus artículos, aunque sin algún ensayo de interpretación de ese problema. De todos modos, fue el primer libro de importancia en alertar sobre el activismo de la CIA en México.

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