Con la llegada de la cuarta transformación se inauguró en México una nueva etapa: la corrupción de Estado.
La corrupción promovida desde el poder.
El de Obrador es el gobierno de la simulación y la mentira. Es la cacocracia, el gobierno donde mandan los delincuentes.
En un esquema similar al implementado por los cárteles del crimen organizado, en los gobiernos bajo la batuta de Morena se llevan a cabo semejantes medidas con el derecho de piso. Lo grave aquí es que la extorsión corre a cargo de las autoridades. Y no hay peor combinación que la violencia y la corrupción. Estamos ante un delito sin control en todo el país en el peor gobierno que se recuerde.
Pongamos como ejemplo el caso de Puebla, pero esta condición se repite en los gobiernos emanados de Morena.
La sociedad está harta del discurso oficial, que por un lado la condena y por el otro la promueve.
Más allá del castigo a casos ejemplares o adversarios políticos, o a simples chivos expiatorios, el gobierno de la cuarta transformación renunció, hacer justicia hacia atrás, lo menos que se podía esperar del gobierno de Obrador era un cambio definitivo en lo que toca a transparencia y rendición de cuentas, pero eso no existe ni siquiera en el imaginario, lo cierto es que reina la opacidad y la impunidad. Lo peor es que ante las promesas del “cambio” con la cuarta transformación desembarcaron gobernantes y funcionarios que han tomado los cargos públicos como un botín ante la complicidad y la indiferencia de quienes deberían combatirla.
Pero vayamos al caso de Puebla donde el propio gobernador y sus principales colaboradores están implicados.
Francisco Romero Serrano el auditor superior del estado quien debería velar por los intereses de la administración pública se dedica a todo lo contrario: a delinquir con la complicidad y la anuencia del gobernador Barbosa.
En el expediente criminal del Caso Lozoya aparece el nombre del gobernador. El exdirector de Pemex señala a Barbosa, de ser uno de los políticos que recibieron “moches” para aprobar las reformas del expresidente Peña Nieto. Lozoya asegura que a Barbosa se le entregaron sobornos en efectivo entre 2013 y 2014. Además de solicitar un mejor empleo para uno de sus hermanos quien labora en Pemex.
Durante el gobierno de Moreno Valle fueron famosos los moches de Barbosa para “gestionar” mejores presupuestos para los ayuntamientos del estado.
Ahora, desde que asumió el cargo de gobernador, los “moches” se han convertido en una práctica generalizada al estilo de los cárteles. El encargado de llevar a cabo la siniestra tarea es el auditor Francisco Romero, un personaje que estuvo a partir un piñón con Barbosa en su campaña y como amor con amor se paga el gobernador promovió a Serrano para que el Congreso local lo nombrara titular de la Auditoría Superior del Estado por un lapso de siete año para encargarse de fiscalizar a los 217 municipios y a todos los organismos públicos del estado.
Barbosa puso en manos de Romero Serrano una auténtica mina de oro para llevar a cabo sus actos delincuenciales.
De entrada Serrano incumplió con los requisitos mínimos que exige el artículo 121 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, entre ellos contar con experiencia de al menos cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público.
En lo que sí es experto el funcionario de marras son las tranzas. Precisamente por eso su nombramiento fue impugnado. Obtuvo la votación mínima (27 diputados) cuando la ley exige las dos terceras partes del pleno del Congreso. Acarrea, pues un problema de legalidad y legitimidad.
Para el gobernador la ilegalidad de Romero Serrano y la corrupción de su gobierno son pelillos a la mar.
El auditor está coludido con una docena de despachos de auditores externos y a cambio exige pagos indebidos (léase derecho de piso) para “aprobar” sin problemas las cuentas de todo el gobierno del estado y los ayuntamientos.
La Auditoría Superior de la Federación a cargo de David Colmenares ha emprendido una investigación por las irregularidades del gobierno poblano, pues tiene detectados 87 despachos externos que se prestan a las triquiñuelas del auditor estatal.
El Congreso local dispone de pruebas contundentes e irrefutables para remover del cargo y sancionar a Romero Serrano, pero el gobernador es quien mantiene firme en el puesto a dicho funcionario quien actúa como testaferro de Barbosa quien utilizar a la Auditoría Superior como un garrote político contra sus adversarios.
A la mafia capitaneada por Romero Serrano pertenecen conspicuos personajes, entre ellos Víctor Hugo Aguilar, José Maccise, Genoveva Huerta, Alfonso Olmos, Yamel Torres, Iván Bautista, Bibiana González, Miguel Ángel Castillo, José Francisco Muñoz Lara, María Gema Hernández, Rosalía Cerecedo, José Luis González Ortega, José Manuel Etchegaray y un largo etcétera.
Hay dos despachos que sobresalen, el de Magaña Muñoz Contadores Públicos y el de Bibiana González Pérez.
De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas los alcaldes y funcionarios del gobierno del estado tienen derecho a elegir libremente a cualquiera de los auditores del padrón autorizado. Pero Romero Serrano con el visto bueno del gobernador aprovecha para hacer negocios turbios con la revisión y dictaminación de sus cuentas públicas.
Hace nueve años cuando Romero Serrano quien entonces presidía el Colegio de Contadores Públicos del estado de Puebla presentó su candidatura a ocupar la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior fue rechazado no solo por incumplir con los requisitos sino por el desprestigio que acarrea.
No hace mucho otro de los colaboradores del gobernador Barbosa fue pillado solicitando “moches” a los alcaldes y beneficiarios de los programas sociales.
Como una prueba de la corrupción del gobierno de Miguel Barbosa, el director de delegaciones de la Secretaría de Gobernación, Jesús Vázquez García, exigía dinero a los beneficiarios de programas sociales.
Es la marca de los gobiernos de Morena. La corrupción de Estado de la cuarta transformación.
