La decisión de política económica de mantener la estabilidad inflacionaria ante el confinamiento y la parálisis productiva del 2020 logró evitar los desequilibrios macroeconómicos, pero a costa de incrementar las cifras de la desigualdad y la marginación sociales.
De la crisis de corporaciones financieras de 2008 a la crisis pandémica del 2020, las cifras de deterioro social se agudizaron en México. El último reporte de medición de pobreza 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) exhibe el costo social de la política económica estabilizadora:
1.- La población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó de 18.7 millones de personas a 21.9 millones.
2.- La población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos aumentó más en esos doce años: de 54.7 millones de personas a 66.9 millones, una media de casi un millón de personas por año.
3.- La población general en situación de pobreza subió de 49.5 millones a 55.7 millones.
4.- La población no pobre y no vulnerable –es decir, la que mantiene bienestar sin requerimientos sociales– aumentó como efecto de la política económica de bienestar que también ayudó a los ricos de 20.9 millones de personas a 29.8 millones.
5.- La política económica pudo atenuar la marginación de pobreza por las políticas sociales del 2008 al 2018: la población en situación de pobreza extrema pasó de 12.3 millones de personas en 2008 a 8.7 millones en 2018, pero subió a 10.8 millones en 2020.
6.- La población vulnerable por ingresos aumentó de 5.2 millones de personas en 2008 a 11.2 millones en 2020.
Las estadísticas históricas del CONEVAL 2008-2018 revelan que la política indispensable de los programas sociales logró un repunte mínimo de bienestar general, aunque sin romper la estructura histórica de desigualdad social que han producido las tres políticas económicas: la del desarrollo estabilizador 1957-1970, la del populismo 1971-1982 y la neoliberal 1983-2018.
La política económica y la estrategia de desarrollo del ciclo posneoliberal que inició en diciembre del 2018 no pudieron atravesar la crisis de estabilización del 2019 ni la crisis pandémica del 2020. El crecimiento económico del PIB promedio anual en estos dos últimos años fue de -4.3%, contrario el compromiso gubernamental de un promedio anual positivo de 4%. El confinamiento en el 2020 y el frenón económico hundieron al PIB en -8.5%.
La pérdida de bienestar en 2019-2020 no se recuperará con el rebote de 2021 porque se requeriría en los próximos cinco años de un promedio anual de 6%, pero la actual estructura productiva obsoleta e ineficiente dispara la inflación arriba de la tasa de 3.5% promedio anual del PIB.
Las crisis económicas de 1976, 1982, 1985, 1995 y 2008 no modificaron la estructura, orientación y objetivos estabilizadores macroeconómicos y por lo tanto tampoco pudieron cambiar la estructura de la desigualdad social, producto de los mecanismos tradicionales y de mercado de distribución de la riqueza. Lo poco que pudo paliarse en la desigualdad social en el ciclo 2008-2018 fue el mantenimiento de una política social de reasignación de bienestar a los sectores marginados incapaces de sumarse al proceso productivo.
El desafío para los tres años que quedan de la presente administración radica en la modificación de enfoques, contenidos y objetivos de tipo social, pero con la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo más dinámico y con una estructura de mercado gestionado por el Estado vía políticas distributivas de carácter presupuestal productivo y de tipo fiscal. Para ello se necesita un cambio en la estructura de ingreso y gasto del presupuesto público en los próximos tres años y un gran acuerdo de producción conjunta con el sector empresarial. Es decir, para salir del hoyo de crisis social acumulada y agudizada por la recesión pandémica es necesaria una nueva política general de desarrollo que hasta ahora no estuvo en los dos anteriores secretarios de Hacienda, que no está en el enfoque de la Secretaría de Bienestar y que aparece sólo en discursos presidenciales.
El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, oscilará entre el mantenimiento de la estabilización macroeconómica neoliberal-fondomonetarista y la necesidad de un nuevo modelo integral de desarrollo socioeconómico.
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