- La pandemia de Covid-19 se ha sumado a la agonía y la angustia de la desaparición forzada, al limitar las capacidades de búsqueda de personas.
- Falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas son factores que contribuyen a las desapariciones forzadas.
La desaparición forzada, aunque está estrictamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos en toda circunstancia, sigue utilizándose en todo el mundo como método de represión, terror y sofocación de la disidencia.
De acuerdo al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, “La desaparición forzada priva a las familias y a las comunidades del derecho a conocer la verdad sobre sus seres queridos, a que se obligue a rendir cuentas, a la justicia y a la reparación”.
Paradójicamente, a veces se utiliza con el pretexto de luchar contra la delincuencia o el terrorismo. Los abogados, los testigos, la oposición política y los defensores de los derechos humanos corren un peligro especial.
La desaparición forzada priva a las familias y a las comunidades del derecho a conocer la verdad sobre sus seres queridos, a que se obligue a rendir cuentas, a la justicia y a la reparación. La pandemia de Covid-19 se ha sumado a la agonía y la angustia de la desaparición forzada, al limitar las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas y de investigación de presuntas desapariciones forzadas.
“La pandemia de Covid-19 se ha sumado a la agonía y la angustia de la desaparición forzada, al limitar las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas y de investigación de presuntas desapariciones forzadas”, mencionó.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es indispensable para ayudar a atajar esta cobarde práctica. Sin embargo, su aplicación requiere la voluntad y el compromiso de quienes tienen potestad para ello.
Los Estados deben cumplir sus obligaciones de prevenir las desapariciones forzadas, buscar a las víctimas e investigar, enjuiciar y castigar a los autores.
“Los Estados deben cumplir sus obligaciones de prevenir las desapariciones forzadas, buscar a las víctimas e investigar, enjuiciar y castigar a los autores”, subrayó.
¿A qué se denomina desaparición forzada?
Las desapariciones forzadas las cometen agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo. Ocultan la suerte y el paradero de la víctima, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley.
De acuerdo a la organización Amnistía Internacional, si bien el término legal “desaparición forzada” puede sonar algo tosco, la historia humana que subyace es sencilla: las personas desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional.
A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad, y no llega a conocerse su suerte. Muchas veces, las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que no es probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecen.
La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.
Su uso se ha convertido en un problema mundial, según la organización, pues es ampliamente utilizadas por las dictaduras militares en su momento, ahora se producen desapariciones en muchos conflictos internos, especialmente cuando se intenta reprimir a la oposición política.
Las desapariciones parecen ir dirigidas específicamente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de víctimas, testigos y profesionales del derecho, pero las personas vulnerables, como los niños y las niñas y las personas con discapacidad, también corren peligro.
Conmemoración de Víctimas de Desapariciones Forzadas
En el contexto de este 30 de agosto, el Comité y el Grupo de Trabajo de la ONU contra las desapariciones forzadas con motivo del Día Internacional de las Víctimas de esta violación de los derechos humanos, aseguró que la falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas es también uno de los factores que contribuyen a las desapariciones forzadas.
Los expertos destacan que las personas que viven en situación de pobreza o con discapacidad, las que viven marginadas, las migrantes o las que habitan en zonas con escasa o nula presencia de instituciones estatales están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas.
Añadieron que los niños y niñas que no tienen acceso a la educación que viven en la pobreza o que han sufrido desplazamiento, corren un mayor riesgo de ser secuestrados y convertirse en niños soldado o víctimas de trata.
Los especialistas instan a los estados a abordar el hecho de que las desapariciones forzadas ponen a familiares y allegados en una posición muy difícil, especialmente cuando la persona desaparecida es el sostén de la familia.
“Al alterarse la estructura familiar, cónyuges e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente. Teniendo en cuenta que los hombres suelen ser las principales víctimas de las desapariciones forzadas, las mujeres se ven especialmente afectadas”, resaltaron.
Por ello, destacaron como “esencial” que todos los países “presten atención específica al impacto multidimensional de las desapariciones forzadas en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas a lo largo del proceso de búsqueda y de la investigación”.
