El consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, acaba de anunciar que el próximo 30 de septiembre se instalarán los Consejos Locales en las seis entidades federativas que renovarán gubernatura en 2022, y cuyos procesos electorales ya empezaron o están por arrancar.
A propósito y considerando la tan cacareada reforma electoral venidera, es momento muy oportuno para que las y los legisladores federales de ambas cámaras del Congreso de la Unión determinen la pertinencia de otorgar al INE la facultad exclusiva de organizar también los procesos electorales estatales, desapareciendo los Organismos Públicos Locales (OPL).
O a la inversa, quitar al Instituto toda facultad organizativa en los procesos electorales de las entidades federativas, dejándola totalmente en los OPL; o sea, en los Institutos Estatales Electorales. Pero no exactamente como antaño, no de manera anárquica.
Por ejemplo, que continúe vigente la ley general (incluso perfeccionada) que rija por igual a todos los Institutos Estatales Electorales, mismo número de consejerías, mismo número de direcciones ejecutivas, mismo procedimiento de designación, y mismas atribuciones.
Evidentemente, con las particularidades exactamente específicas que puedan existir en cada entidad. Por ejemplo, el Instituto Electoral de Oaxaca con las áreas ex profeso para la atención de las elecciones por el régimen de sistemas normativos indígenas.
De entrada habría que quitarle al INE la facultad de designar las consejerías de los Institutos Estatales Electorales porque francamente no se cumplió a cabalidad con el propósito de la reforma de 2014, que era eliminar la injerencia de gobernadores, partidos políticos y poderes fácticos, en dicha designación que hacían los congresos locales.
Todo mundo sigue interviniendo en la designación de consejeras y consejeros. Nada más habrá que ver quienes integran el consejo general del OPL de que se trate, luego luego se les nota la marca, sin exceptuar a la persona titular de la presidencia.
Por más que intenten simular las marcas mediante el concurso de oposición al final viene la etapa donde los partidos opinan y es el momento en que los besa el diablo.
Incluso, el INE también los besa; los miembros del Consejo General siempre colocan a por lo menos dos consejeros provenientes de los órganos desconcentrados de este Instituto, quienes además llegan con aire sobrado, como sintiéndose hechos a mano, y con una visión cuadrada de las cosas.
Hay que volver a los Institutos Estatales Electorales, pero acotando a los Congresos Locales en la designación de consejerías. Por ejemplo, mediante el concurso de oposición, seleccionando a los promedios más altos para luego someter a éstos a una selección al azar.
No es descubrir el hilo negro.
De hecho el procedimiento al azar se establece en la misma Constitución Política General para la selección de consejerías del Consejo General del INE, aunque solo cuando no haya acuerdo en la Cámara de Diputados. Tal insaculación debería ser la regla, no la excepción.
En fin.
EL HÍBRIDO
Lo anterior vine a colación porque el híbrido actualmente existente en la organización de los procesos electorales locales, genera ciertos obstáculos a nivel estatal en la preparación de las elecciones, además de doble gasto.
Miren, tomando como ejemplo las elecciones que vienen en las seis entidades federativas que renovarán gubernatura en 2022:
Se instalan los seis Institutos Estatales Electorales (OPL), con sus respectivos consejos distritales. Y el INE también instalará seis Consejos Locales para realizar las tareas que por ley tiene encomendadas como, por ejemplo: La ubicación, integración e instalación de casillas; además de la selección de capacitadores asistentes electorales.
Antes de la reforma de 2014, tales tareas las hacías los Institutos Estatales Electorales, que además ahora también tiene sus propios capacitadores.
Gasta el INE y gastan los OPL.
Antes toda la organización del proceso electoral local la llevaba el correspondiente Instituto Estatal Electoral, en la actualidad la organización se comparte con el INE por las atribuciones ex profeso que le otorga la ley, además de las facultades especiales de atracción y asunción.
Doble gasto, doble función.
No hubo el ahorro considerado cuando se planteó la reforma electoral. Además, los Institutos Estatales Electorales han quedado subordinados al INE, a pesar de que la ley dice que son organismos autónomos e independientes.
Por eso y muchas razones más, es momento de ir replanteando la pertinencia de volver a los Institutos Estatales Electorales.
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