Las cifras de seguridad están constituidas por los productos de seguridad que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y es que aproximadamente desde 2006, los Congresos de las entidades federativas modificaron los elementos constitutivos de los conceptos de homicidio y feminicidio, principalmente, eliminando el elemento de la violencia, y con ello, que las cifras de estos delitos no reflejen las verdaderas cifras en la estadística criminal.
Esto es importante porque, junto con otras variables, de aquí se desprende los criterios de distribución de subsidios y fondos públicos, locales y federales, de apoyo a la seguridad pública que reciben los estados y municipios.
La pobreza es una de las variables que no es parte de los criterios de distribución de los recursos para la seguridad pública, cuando en la lógica de la cuarta transformación, debería ser parte importante porque se trata de ciudades o comunidades cuyos deciles de pobreza son mayores al 50 por ciento y, en contraste, se utiliza la percepción de la seguridad cuando en realidad es un elemento intangible condicionado a valoraciones subjetivas.
Para estar en condiciones de aprobar recursos para los estados y municipios, existen nueve indicadores sobre los cuales, el CONEVAL mide la pobreza en dos grandes rubros.
El primero, el ingreso; y el segundo, una serie de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por último, pero no menos importante, el grado de cohesión social. Aquí debería estar considerado estas variables para la seguridad pública.
Para ampliar la evaluación y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la vida digna, la salud y, desde luego, la seguridad pública, de donde se desprenden una serie de bienes jurídicos que tutela la seguridad, como la legalidad, la salud, la integridad física, la vida, por citar algunos.
La sincronía en las variables que manejan los criterios de distribución de los recursos públicos daría una mejor referencia para fijar un techo presupuestal, proporcional al grado de pobreza y la necesidad en seguridad pública.
No hay cantidad suficiente para apoyar a la seguridad pública, pero a cambio, se deberían diseñar formas novedosas para subsanar el problema de la seguridad en el país.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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