Si uno se informa de que el CONACYT interpuso denuncias –que solo encamina la FGR como es su mandato legal, que nadie puede reprocharle o cámbiese la ley si incomoda tanto que lo haga– entonces se deja claro tres cosas: 1) ni el gobierno federal es el que persigue ni es enemigo de los científicos ni es la FGR, 2) ni es enemigo de la ciencia y 3) ni ser científico exime a nadie en forma alguna, repitámoslo, en forma alguna, de no cometer un delito. Es que ser científico no significa ser angelical ni químicamente puro. Aunque se trate de científicos. Y por muy honorarios que actúen en relación con CONACYT.
En dado caso, lo que puede reprochársele al gobierno es dar menos apoyos a la ciencia y no pedir cuentas por el ejercicio de tales apoyos, como también sucede. Sucede que cuando se piden cuentas por presuntas cuentas cojas, chista parte de la comunidad científica. Decídanse qué quieren, entonces. Ser opaco no es opción.
Definido el punto, es importante mirar el asunto porque en efecto, no es cosa menor el señalamiento a 31 científicos, pero sí es parte de un problema que resulta ser mucho más grande. Lo primero conduce a presuntos malos manejos de dinero de representación, de lo que se acusa a 31 científicos. Nadie les pide en este caso que den cuentas de si hacen o no ciencia, que esa es otra. Se habla hasta de dinero empleado en bocadillos. Nadie ha explicado qué ayuda los bocadillos al fomento de la ciencia. Quien lo sepa, que lo explique. Se habrán sentido muy merecedores de bocadillos sin poderlos compatibilizar con su labor científica. Ni idea.
Para quien reclame airadamente que esto es campaña anticiencia o que el CONACYT es impoluto, que recuerde que fue presidido por Alzati que ni licenciado era. Menuda dirección desde alguien que carecía de todos los méritos académicos como para encabezar el centro de excelencia científica y académica de este país que apunta a obtener títulos académicos, entre otras cosas. Así que mejor no nos contemos cuentos de transparencia infinita, pero inexistente, que nos sabemos su historia.
Y así en efecto, quien nada deba, que nada tema.
Lo segundo, el escándalo solo revela que la exhibición al CONACYT o a algunos de quienes han pasado por allí y son nombres precisos –no toda la institución ni todos quienes han pasado por allí durante décadas, que no es lo mismo y decir que sí es simple politiquería baratona que merece desecharse– implica tal ser parte de un problema mucho más grande y serlo así tiene su perfecta explicación. Habla de poca transparencia en el manejo de recursos públicos. Si son recursos privados, que reclame quien quiera. Públicos, ya es otra cosa.
Y en eso CONACYT no ha sido siempre transparente e impoluto. No lo ha sido. Sí, hay calidad y excelencia pero de cuando en cuando hay quien también apunta a influyentismo y amiguismo para otorgar becas y se reconoce agraciado por tales. El problema es más grande. ¿Son vitalicias las ayudas del CONACYT? ¿hay aportes permanentes a la ciencia, que las justificaran? ¿de verdad se mide en todos los órdenes e instituciones, aportes fehacientes a la ciencia desde quienes reciben dineros públicos para fomentarla?
Cuando uno conoce los casos de becarios de nulo aporte, de extendidas estancias en el extranjero sin resultados palpables de envergadura, confesos de sus omisiones y chapuzas para seguir cobrando emolumentos que no desquitan, aprendices eternos y maestros de nada, habla de corrupción solapada y tolerada. Y eso, claro, no solo macha a CONACYT y lo embarra. Y esos ejemplos no son casos aislados, son bastante frecuentes, infortunadamente. No debería de haber ni uno solo. Ni uno.
Es oportuno plantearnos cómo se está destinando y ejerciendo el dinero público dedicado a la ciencia en este país. Llámese gestión, becas, publicaciones, congresos o lo que sea. Se presumen malos manejos de tiempo atrás. El Sistema Nacional de Investigadores merecería una lupa y preguntarnos si deben ser aportaciones vitalicias. No será grato lo que se descubriría a juzgar por las señales de anquilosamiento y trampa que muchas veces distinguen a la ciencia en México. Desafortunadamente. Hay mucho emolumento cobrado y no justificado.
Es oportuno también plantearnos otro problema ya que hablamos del tema dinero público a la ciencia: uno que ligado a sus resultados, advierte cómo se maneja la ciencia y la educación de excelencia en nuestro país al señalar enfrentando las trabas de homologación de títulos obtenidos en el extranjero, por ser obstáculo que gira en detrimento de México. Un estudiante en el extranjero al querer revalidar su título, sus estudios, se topará muchas veces con el tapón en las homologaciones de títulos. Es inadmisible que el retornado deba homologar estudios. ¿Comparados contra qué? ¿y si no existen equivalencias? Muchas veces emprendió el viaje al extranjero por no haberlos en México, independientemente de que habiendo tales o cuales asignaturas, es su derecho a buscar estancias en el extranjero para continuar o perfeccionar sus estudios. Eso es innegociable. Debería de simplificarse la cosa. Si los títulos obtenidos en el extranjero son legales y cuentan en la educación internacional que posee con reconocimiento legal en su país y hay convenios de reconocimiento de títulos, ergo acéptese sin chistar el título obtenido por el estudiante. Pedirle homologaciones es pan con lo mismo, es burocratizar y entorpecer; resulta igual o peor que haberse quedado en México. En ello debe de dar lo mismo si esos estudios se efectuaran con becas CONACYT o de cualquier índole o sin ellas. Se obtuvieron los títulos y punto.
Por décadas oímos que México firma y firma acuerdos educativos con terceros países, resumiéndose así que la cosa se facilitaría, pero no sucede. Los tapones persisten.
Algo es verdad: si pidiera usted los títulos homologados de tantos profesionistas que los han traído del extranjero, vería que no efectuaron su trámite de homologación, careciendo de validez oficial en México, en tanto no homologuen. Es normal. Y en parte por los tapones existentes que se han creado para no conseguirlo.
Como ve, el problema es mucho más grande que 31 científicos en la picota. El problema tiene muchas más aristas y todas van de la mano del manejo de recursos públicos y los criterios para asignarlos en monto y destinatarios.
