Rosario Robles, representa la venganza política de género de la Cuarta Trasformación, que derivado del pacto patriarcal entre sus adversarios políticos, y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, detonaron una violencia política en razón de género. Hoy Rosario, se encuentra en prisión preventiva en el Penal de Santa Martha Acatitla, arrestada desde 2019, por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión, ha puesto en duda un proceso jurídico trasparente, plagado de impunidad y corrupción.
La venganza como derivación de la violencia de género, se refiere con frecuencia a la violencia familiar, cuando el cónyuge hombre, es denunciado por la cónyuge mujer, y se considera perjudicado, por lo que actúa con respuestas vengativas con la complicidad de los tribunales judiciales, que con la inmejorable excusa de la perspectiva de género, hacen posible esa venganza, con ello se evidencia la falta de preparación de la Justicia Penal para resolver esos procesos. La política de la venganza contra las mujeres, es la feroz reprimenda con lo que sueñan los políticos, y que más tarde ejercen con acciones patriarcales, que se convierten en violencia política de género.
María del Rosario Robles Berlanga, “Rosario Robles” mujer de política, economista egresada de la Máxima Casa de Estudios UNAM, ex presidenta nacional del PRD, primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, ex secretaria de SEDESOL y SEDATU en el sexenio pasado, hoy simboliza los intereses del pacto patriarcal del sistema político de la 4T, que ha recibido un trato jurídico diferente al de Emilio Lozoya, Romero Deschamps, Félix Salgado Macedonio, Dip. Saul Huerta, Dip. Mauricio Toledo, entre otros.
La violencia política contra las mujeres, consiste también en venganza política, el sistema de venganza contra las mujeres que participan en política, es una doble represión de la violencia de género. En la guerra civil española fue una práctica recurrente del régimen de Franco, “todas aquellas mujeres que no estuvieran de acuerdo con su gobierno”, fueron expuestas a una venganza machista, que genero una violencia extrema a todos sus derechos humanos, tortura, cárcel, secuestro y asesinato.
La violencia política de género, cuando es ejercida por una autoridad, impone un modelo único contra la mujer, ya que ejerce una doble represión de castigo, un modelo de venganza y una imagen aleccionadora, para hacer valer el poder político machista y generar la idea que la mujer es culpable de sus actuaciones. La violencia política contra las mujeres, tiene el firme propósito de culpabilizar a las mujer de participar en política. Hoy en la practica el juicio jurídico de Rosario Robles, nos refleja una venganza política de AMLO y compañía, que se reduce a un juicio político.
El sistema patriarcal, es el grupo social más violento para las mujeres, más aún si este sistema patriarcal es político. Las mujeres en política, han sido criminalizadas, desacreditas y perseguidas, en mayor escala que los hombres. La política de la venganza a perseguido a muchas mujeres, como Rigoberta Menchú, Dilma Rousseff, Margaret Thatcher, Michelle Bachelet, etc.
Rosario Robles, ha enfrentado durante su proceso jurídico, los tres problemas estructurales de la Fiscalía General de Republica: corrupción, impunidad y violencia de género. Las instituciones de impartición de justicia en México, tienen la obligación de garantizar la igualdad de derechos y sin discriminación de trato en los procesos jurídicos, y de poner en practica los convenios internacionales como la CEDAW, sobre el pacto de “eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de sexo o género, tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales”.
Hay que recordarle a Alejandro Gertz Manero y a la FGR, que en su labor jurisdiccional y en sus actuaciones de justicia penal, tienen que hacer efectivo el principio de igualdad, establecido en los artículo primero y cuarto constitucionales, que su anunciado acuerdo de este año, “Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género” es solo de papel, que en la práctica, la Fiscalía de la Republica y de los Estados, no incorporan la perspectiva de género, ni los derechos humanos, en la mayoría sus proyectos judiciales.
La Fiscalía, MPs y el poder judicial, es decir, todos los órganos de impartición de justicia en el país, están obligados a incorporar los tratados internacionales de género, en sus políticas internas y en su acción jurisdiccional, la CEDAW señala la obligación de los tribunales nacionales a establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Así mismo la Convención de Belém Do Para, exige a las instituciones gubernamentales, a las autoridades judiciales y administrativas, a adoptar, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El Colectivo 50+1 emito un comunicado, en el que muchas mujeres que participamos de manera activa alzamos la voz, para visibilizar el caso de “Rosario Robles Berlanga y el de miles de mujeres que tienen el derecho de llevar sus procesos en libertad “ en el que se hizo un llamado a los Poderes de la Unión, en especial al Presidente de la República AMLO, a la SCJN, las Cámaras de Diputados y Senadores (as) y específicamente al Poder Judicial, para que las mujeres que enfrenten un proceso judicial sean tratadas en igualdad de condiciones que los hombres, que no se ejerza una justicia simulada y sobre todo que las autoridades judiciales no ejecuten venganzas políticas contra las mujeres.
El pacto patriarcal y la 4T, han genero un clima de desigualdad jurídica, violencia política de género, sexismo político, discriminación de género, impunidad, corrupción y venganza política en el Caso “Rosario Robles”. Que viene a futuro, sin duda, la salida jurídica para Rosario Robles, es tocar la puerta de la Protección Internacional y derechos de los perseguidos políticos, y recurrir a instancias jurídicas internaciones, porque como señala su hija Mariana Moguel, “Si es venganza, no es justicia”.
