Tal como lo dijeron expertos en materia político-electoral, el mayor reto en las elecciones 2021 es que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ciña a la ley, lo cual incluye suspender la difusión de su propaganda oficial.
Empezando, por supuesto, con suspender las conferencias mañaneras, las cuales se han convertido en la mejor plataforma propagandística del mandatario.
Y no es para menos, las mañaneras revisten la estrategia del marketing de AMLO, mediante las cuales él fija los temas del debate nacional y, sin que le cueste un peso, aparece en la mayoría de los medios de comunicación.
Eso le ha redituado mantener alto posicionamiento en la ciudadanía. Y tan lo sabe que sus mañaneras son para él como religión.
En fin, tienen razón expertos como la ex consejera electoral Jacqueline Peschard; el ex presidente del otrora Instituto Federal Electoral, José Woldenberg; y la investigadora del CIDE, Blanca Heredia, quien, incluso, puntualizó lo siguiente durante el conversatorio 30 años del IFE-INE:
“El titular del Ejecutivo es una persona muy vocal que comunica y comunica muy bien, y comunica con mucha frecuencia”, lo cual, en el proceso electoral, implica todo un reto, pues cualquier intervencionismo del mandatario puede terminar empañando la elección.
Sin embargo, el presidente López Obrador lo ve de otro modo. Para él no es intervencionismo, sino es “cuidar” el proceso electoral y “evitar” el regreso de los conservadores. O sea, hace un juego perfecto de palabras matizando de licitud la ilicitud de su actuar.
Entonces, ¿quién y cómo va a acotar el intervencionismo del titular del Poder Ejecutivo Federal? Pues el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vía el procedimiento sancionar respectivo y resoluciones cuando se viole el principio constitucional de la contienda electoral o cuando se incumpla con acatar las normas prohibitivas sobre propaganda electoral.
Solo que hay dos problemas:
Primero: Que los órganos colegiados competentes de ambas autoridades electorales estén dispuestos a hacer cumplir la Constitución y las leyes, o, por el contrario, se muestren sumisos ante el Presidente de la República, lo cual sería gravísimo para la democracia mexicana.
Segundo: Que el mandatario quiera cumplir las resoluciones o sentencias. Porque si se niega y además usa el recurso de la martirización, potenciará su estrategia de propaganda.
¿Cómo buscar minimizar su impacto en el proceso electoral?, se preguntaron los expertos sin encontrar una respuesta exacta más que la aplicación de la ley con todo y sus lagunas.
Aunado a ello, la única manera sería una alianza INE-TEPJF, no para cargarse de lado de las minorías, sino para conseguir el equilibrio de la balanza.
Se ve tan difícil una alianza de tal naturaleza. La tentación de infiltrar a las autoridades electorales también alcanzó a la “Cuarta Transformación”.
En fin, llegado el momento será necesario aplicar la siguiente disposición:
“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
¿La acatará AMLO?
Debe hacerlo.
Sin embargo, siendo tan testarudo y tan hábil quizá encuentre la forma de saltársela o de aprovecharla. En el segundo caso bastaría con priorizar sus mañaneras con información sobre la pandemia COVID-19 y las respectivas campañas de vacunación.
¿Y DE QUIÉN ES LA CULPA DE LA SOBRE-REPRESENTACIÓN INFLADA?
A propósito de autoridades electorales, de éstas es la culpa de las bancadas infladas en las cámaras del Congreso de la Unión porque desde un principio interpretaron mal las fórmulas de asignación de curules y escaños de representación proporcional.
Ahora será difícil enderezar el error mediante lineamientos; para conseguirlo tendría que existir un claro entendimiento entre el INE y el TEPJF.
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