Tenía veintitrés años cuando trabajaba en el equipo de prensa y propaganda del candidato presidencial al que años más tarde pondría bajo su lupa como periodista. Carmen Aristegui entonces daba sus primeros pasos como egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la universidad nacional. Era nulo su contacto con el candidato Carlos Salinas de Gortari. No por ello significa que Aristegui sea una “neoliberal” o una “conservadora”. El dato ni siquiera aparece en su currículum.
Treinta años después, convertida ya en una estrella mediática Aristegui y un equipo de periodistas (Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán) dieron un campanazo del tamaño del mundo.
El equipo emprendió una investigación que desnudó la corrupción del gobierno del presidente Peña Nieto.
Como resultado de sus indagaciones, los periodistas publicaron el libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Su trabajo fue recompensado con el premio de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y muchos otros galardones dentro y fuera del país.
Aristegui y su equipo fueron censurados por órdenes presidenciales. De forma intempestiva le rescindieron el contrato de la emisora de radio. Por escribir el prólogo Carmen sufrió acoso judicial y tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia.
El conflicto escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que demandó la intervención del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
El resto de la historia ya todos la conocemos.
Al final, el gran beneficiario de los escándalos de corrupción de Peña Nieto fue López Obrador quien asumió el tema como la principal bandera de su campaña que lo llevó al poder en 2018.
Semanas después de su triunfo, Obrador alegó que había que reivindicar a Aristegui lo mismo que a Gutiérrez Vivó (quien también fue víctima de la censura y tuvo que abandonar el país) y se comprometió a que nunca más se le volvería a censurar.
Ahora que Aristegui y la revista Proceso han puesto bajo su lupa a la familia presidencial, el tabasqueño responde con ruda fiereza por un reportaje que involucra a sus hijos en malas maniobras empresariales.
De la revista Proceso, todos sabemos su origen.
Desde su fundación, Proceso ha sido un feroz guardián de la libertad de expresión y ha pagado muy caro por ello. Obrador actúa, incluso peor que López Portillo en contra de la revista. Julio Scherer García estaría orgulloso de los herederos de su legado. Los periodistas dirigidos ahora por Jorge Carrasco continúan por el sendero trazado por Scherer, aunque le duela al presidente.
Lo que ignora Obrador es que la prensa es el primer borrador de la historia. Proceso es parte de nuestra historia.
Obrador presume un linaje más blanco que la mítica pureza, pero toda su vida ha estado rodeada de escándalos. Desde la muerte de su hermano José Ramón, cuando AMLO tenía apenas 15 años y fue señalado de asesinarlo hasta los sobornos de sus hermanos Pío y Martín y otros más de su círculo familiar implicados en líos de corrupción que han provocado indignación.
Ya sabemos que Obrador es alérgico a la transparencia y a la rendición de cuentas (su última maniobra es el decretazo para clasificar como asuntos de seguridad nacional, las obras de infraestructura llevada a cabo durante su gobierno para evitar que sean sometidas al escrutinio público). Con que cara se atreve a reclamar a Aristegui y a Proceso que nunca han hecho “periodismo” para el “pueblo”.
Si alguien ha cumplido de sobra su papel, son ambos medios, como muchos otros. Más de medio centenar de periodistas han pagado con su propia vida los riesgos de su trabajo por servir a la sociedad.
Obrador ha sido insensible y ajeno al dolor que enluta a la prensa. Todos los días ataca, difama y se ensaña hasta llegar a la criminalización de los medios.
En cambio protege a los verdaderos criminales que se han apoderado del país. Estuvo a punto de derramar sus lágrimas cuando el Chapo Guzmán fue sentenciado por la justicia estadounidense.
En cuanto a Peña Nieto, Obrador le ha extendido un manto de impunidad. Ahí está el trato que le brindaron a Emilio Lozoya. Gracias a una periodista que denunció los privilegios del indiciado fue que el gobierno obradorista tuvo que actuar en consecuencia para seguir su proceso penal como lo dicta la ley.
Lo peor de todo es el pacto secreto entre Obrador y Peña Nieto que mantiene a éste último en total impunidad.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo perdidizo el expediente de La Casa Blanca, que incluía la documentación sobre el posible conflicto de interés de Enrique Peña Nieto con Grupo Higa.
Por arte magia el expediente se “perdió” al interior de la dependencia de la SFP durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval.
El Órgano Interno de Control de la SFP lleva tres años “realizando” diligencias para saber quiénes y cómo se robaron, sustrajeron o destruyeron el expediente original que involucraba al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera.
A través de solicitudes de acceso a la información, la SFP respondió al periódico Milenio que el expediente QD/1255/2018 se encuentra en trámite y que la autoridad investigadora aún no resuelve la investigación de la sustracción del expediente de la Casa Blanca de Peña Nieto.
Qué podemos esperar los mexicanos del gobierno de la “cuarta transformación” que encabeza el presidente Obrador cuando las denuncias de Aristegui y de Proceso señalan a la sagrada familia (del presidente).
Lo mismo pasó con los hijastros de Fox, los hijos de Marta Sahagún. Proceso y Aristegui cumplieron de sobra con su papel.
Con Obrador es la misma gata pero revolcada.
La “cuarta transformación” es pan con lo mismo.
