Guillermo Buendía
La permanente confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los medios ha caracterizado esta relación, y que, sin duda alguna, incide ya en el proceso sucesorio tan anticipado. La afectación de este choque no solo atañe a Morena y gobierno -donde se observará si las viejas prácticas del sistema presidencialista persisten o no al momento de seleccionar al candidato- sino es extensiva a los partidos de oposición y a todos los aspirantes.
Los medios son más que empresas privadas, y el rol informativo es más que la concreción de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y de acceso a la información. Desde la perspectiva de instrumentos de control, los medios son reproductores ideológicos de los intereses económicos, financieros y comerciales; igualmente, de la formación social de la estandarización del pensamiento; y a través de ellos, se desarrolla en gran medida el proceso de legitimación de los actos de gobierno y de la gestión de las políticas públicas. Cuando la relación pasa por un periodo de confrontaciones, registra conflictos de interés o enfrentamientos derivados de la vinculación de los medios con facciones políticas en pugna, el rol informativo de los medios se traslapa con el de los intereses que encarna como grupos de presión en la lucha de poder.
Bajo la estructura monopólica de los medios televisivos, oligopólica para los medios impresos y radiofónicos, la relación se opera en función de los intereses políticos -entendiendo estos como la expresión económica de clases, en última instancia- y la naturaleza real de la confrontación del gobierno lopezobradorista con Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, GRC, Televisa y TV Azteca, entre otros. Este factor define o va definiendo el curso del choque, en el que otras instituciones intervienen por la relevancia política y jurídica de la relación medios-gobierno. Así se ha de entender la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de la obligatoriedad de marcar la distinción entre información y opinión, como un derecho de las audiencias. Tal resolución apunta a esclarecer los fines del fenómeno comunicacional visto desde la perspectiva empresarial. Es señalar la diferencia de las formas que toma la confrontación política en los contenidos del discurso. Del ensayo El orden del discurso de Michel Foucault tomamos la siguiente cita: el discurso “no es simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto del deseo; pues -la historia no deja de enseñarnoslo- el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”.
Esta confrontación no tiene origen en la reducción presupuestal de la publicidad gubernamental. Los intereses empresariales afectados por las decisiones presidenciales encuentran eco en los medios privados, algunos vinculados a grupos industriales o financieros. Los medios citados no dependen de la pauta de la publicidad oficial, razón por la que asumen abiertamente una oposición de clase. Y en este terreno, los medios son caja de resonancia de las intrigas políticas de los partidos y aspirantes presidenciales, y por supuesto, el papel del presidente Lopez Obrador en el manejo de la sucesión. En este contexto, el proceso sucesorio tan anticipado se encontrará expuesto a los intereses políticos de los medios erigidos en poderosos instrumentos de influencia direccional de las preferencias electorales. Esto explica el sentido del voto en la Ciudad de México, el cual produjo la pérdida del bastión heredado desde 1997, y expresa la reprobación de estratos de la clase media por los ataques aspiracionistas, denostación asociada a conductas sin escrúpulos de quienes persiguen a toda costa el lujo barato.
Las conferencias matutinas son el catalizador del choque entre medios y gobierno, y por supuesto, el mejor lugar para atizar las intrigas palaciegas de la política. La postura de Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de suspender el espacio de “Quién es quién en las mentiras” con el argumento de que en él se enrarece “los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra los periodistas” en la crisis que atraviesa el periodismo en México, posee dos aspectos imbricados: la violencia contra los periodistas y el de los intereses de los medios como empresas privadas. El llamado de la CIDH de terminar la violencia contra los periodistas -actos reprobables que deben ser investigados para dar con los autores materiales e intelectuales, llevados a juicio y recibir sentencias- ha de separarse de los fines de presión política que ejercen los medios en el marco de la confrontación con el gobierno. Son dos asuntos distintos. Los periodistas como trabajadores asalariados y los negocios informativos de los dueños de los medios. En otra entrega se tocará el tema de las redes sociales y los asesinatos de periodistas. El complejo tramado tecnológico y empresarial sobre el cual operan las redes sociales y la manipulación de las conductas sociales de masas sin duda las coloca como factor para el curso sucesorio. Así también, los asesinatos perpetrados contra reporteros y fotógrafos expresan el grado de violencia política para establecer zonas de silencio cuando las élites políticas y las organizaciones criminales erigen estructuras de poder dentro del Estado, colusión que pretende mantenerse en secrecía a toda costa.
Los precandidatos oficiosos de Morena -Marcelo Ebrard Casaubon, Claudia Sheinbaum Pardo, Ricardo Monreal Ávila y César Augusto Lopez Hernandez- enfrentan presiones fraguadas desde los medios a partir de sus antecedentes y actuación política, y el manejo de la sucesión por parte del presidente de la República sometido al escrutinio desde la perspectiva de los intereses empresariales de los medios, es causa de la profundización de la confrontación aun cuando el mismo presidente haya hecho un llamado a no caer en extremismos. La guerra sucia de los adversarios políticos -que advierten poseer más videos incriminatorios contra miembros de la familia presidencial, o abrir una investigación judicial para esclarecer el enriquecimiento del hijo mayor- va definiendo las campañas negras en el escenario sucesorio con el fin de impedir la continuidad del proyecto lopezobradorista. Todo acto de gobierno anunciado con anticipación -trátese de nombramientos de gabinete, manejo de la pandemia y programas de vacunación, el curso de los casos judicializados de corrupción o el de las reformas constitucionales presentadas, o cualquier otro de relevancia nacional, como las obras emblemáticas- hallará un manejo mediático adverso que incidirá en los planes de los aspirantes presidenciales de Morena.
Los nombrados expresamente, incluido meses después el senador precursor de la 4T, han de establecer otra relación política con los medios, alejada de la confrontación presidencial. El desempeño de todos los precandidatos pasa por la visión e intereses de los medios, más si pertenecen al círculo orgánico responsable de haber sentado las “bases” de las transformaciones e impulsor de las tres reformas constitucionales faltantes. La continuidad del proyecto lopezobradorista es objeto de una campaña de deslegitimación en la que intervienen partidos, organismos empresariales y medios, atizada por los pronunciamientos formulados durante las conferencias matutinas en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional; razones coloquiales del presidente López Obrador que describen crudamente la rapacidad del modelo neoliberal y el papel de los medios en este periodo, y que no son del agrado de los conservadores. En tiempos de zopilotes los aspirantes de Morena al quedar sometidos al escrutinio y expuestos a filtraciones o delaciones de todo tipo, les demanda realizar una revisión prioritaria a la relación política con los medios y otros grupos de presión, incluyendo despresurizar la tensión con las autoridades de las instituciones electorales del Estado mexicano.
