A propósito del llamado “decretazo”, frenado ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo en cuanto al blindaje de la información sobre las obras del Gobierno Federal, las y los legisladores de las cámaras del Congreso de la Unión deberían retomar algo de lo bueno que tiene ese “decretazo”.
Por ejemplo y sobre todo, la agilización de los trámites burocráticos. Así debería ser, ágil, cualquier trámite ante cualquier dependencia de los tres niveles de gobierno, tanto para la obra pública como para la privada, o para emprender todo tipo de empresa lícita.
Si el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021 justifica su razón de ser en la planeación democrática, la equidad en el crecimiento económico y en la imperiosa necesidad del desarrollo del país, bueno pues que todas las personas (físicas y morales) sean beneficiadas con la agilización de trámites burocráticos.
Imagínense lo engorroso de los trámites que el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se vio en la necesidad de emitir un decreto para eliminarlos así de un plumazo, al establecer en el artículo segundo transitorio lo siguiente:
“Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.”
¡Qué padre que igualito fuese en beneficio del sector privado! No que en vez de agilizar, las dependencias multan, suspenden obras y acciones, incluso, con el riesgo de llevar a la cárcel a los presuntos infractores que solamente intentan trabajar, producir y contribuir al desarrollo del país.
Toman el riesgo porque los trámites, las autorizaciones, puede llevarse varios años, lo cual ahorca a cualquier emprendedor, incluso a los propios gobiernos. Nadie aguanta tanto tiempo invirtiendo, pagando nómina indispensable y declarando impuestos, sin trabajar, sin producir, sin tener ingresos, nada más por la burocracia y tardanza en las dependencias.
Por ejemplo, tratándose de trámites para manifestaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, en las instancias federales es un trámite tras otro y tardan meses y hasta años en salir las respectivas autorizaciones. Eso sí, tratándose de multas la agilización marcha como miel sobre hojuelas.
Por cierto, ¿y el importe de multas realmente se destina a resarcir el impacto ambiental? ¿O a dónde va el dinero recaudado por dicho concepto?
En fin, qué bueno que AMLO se puso listo emitiendo el llamado “decretazo”, el cual ha sido criticado porque según lleva el trasfondo de ocultar información sobre las obras de envergadura del Gobierno Federal, por eso les dieron el rango de “seguridad nacional”.
Es probable.
Sin embargo, no todo es malo en el “decretazo”, la simple agilización de los trámites burocráticos resulta un bondadoso avance, amén de cualquier trasfondo. Incluso, elimina el riesgo de la paralización, revés u obstaculización de obras y proyectos.
¿Cuáles? Las de la índole que cita en el artículo primero del decreto, donde se establece que:
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.”
AMLO siempre dando un paso adelante. ¿Qué si su “decretazo” tiene trasfondo? Lo tiene. Y es hábil, pues además así blinda sus obras prioritarias.
Ojalá que los diputados y senadores del Congreso de la Unión retomen lo positivo del “decretazo” para llevarlo pronto a la ley en beneficio del sector privado y de la ciudadanía en general, sobre todo en cuanto a la agilización de trámites burocráticos en obras, proyectos y cualquier emprendimiento lícito.
Incluyendo en las correspondientes acciones legislativas, una redacción más sencilla de las normas oficiales, incluso en materia de previsión social. En las distintas materias son tantas las normas, tan enredadas, tan burocráticas, que terminan siendo una pesada losa hasta para el desarrollo de una comunidad, una entidad federativa y del país.
Eso de la inmediata autorización provisional a más tardar en un plazo de cinco días para dictámenes, permisos, licencias, necesarios para iniciar obras o proyectos, es genial. Lástima que el Ejecutivo Federal solamente lo haya decretado así para el ámbito oficial.
Pero el Poder Legislativo puede retormar esa parte buena del decreto en beneficio general, incluyendo el contenido del artículo tercero que a la letra dice: “La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.”
Eso hace mucha falta para impulsar el desarrollo económico del país y, en consecuencia, el desarrollo social, porque sin sector productivo no hay dinero y sin dinero no hay cómo financiar programas sociales.
SUR-SURESTE
Y hace falta sobre todo en el Sur-Sureste del país, donde, incluso, es necesaria la aplicación de un andamiaje jurídico similar a la llamada “ley garrote” de Tabasco, pues a pesar de las prohibiciones constitucionales y legales, la manifestación de supuestas organizaciones sociales es el pan de cada día en entidades sureñas.
Es una de las tantas razones del atraso, del subdesarrollo, del Sur-Sureste. Tanto bloqueo carretero, tanta movilización, tanta marcha, de grupos sociales y gremiales, representan un obstáculo al desarrollo y al progreso.
Lo mismo para quienes se oponen al establecimiento de empresas, de industrias, sin causa justificada.
Es necesario avanzar en el Sur-Sureste. No es posible que a estas alturas, nada más cruzando los límites entre cualquier entidad sureña hacia el centro y norte del país, se vea la gran diferencia en el desarrollo.
Del centro hacia el norte hay súper carreteras, obras, industria, empresas, complejos habitacionales, destinos turísticos impresionantes en cuanto a desarrollo. Mientras, en el Sur-Sureste encuentras caminos medio pavimentados o en pésimas condiciones, aridez, campos sin cultivos, conflictos agrarios, pleitos entre comunidades, ausencia de industria por falta de condiciones de paz social.
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