Ninguna norma prohíbe a la ciudadanía mexicana organizarse para realizar una consulta de Revocación de Mandato. Sin embargo, el resultado no sería vinculatorio ni tendría ningún otro efecto jurídico, como reconoció el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.
Solamente tendría efecto mediático para, en su caso, gritar a los cuatro vientos que el pueblo de México votó por la ratificación del mandato de AMLO como Presidente de la República. Pues seguramente las únicas personas interesadas en participar en un proceso sin efectos jurídicos serían los militantes y simpatizantes de la “Cuarta Transformación”.
Y de todos modos habría gasto. Por tanto, cabe preguntar: ¿La ciudadanía, el pueblo, de dónde sacaría dinero para organizar una consulta de Revocación de Mandato? Necesitarían por lo menos para mandar a elaborar millones de papeletas, instalar mesas receptoras de opiniones, personas para operar éstas, etc.
O sea, el material y el personal indispensable para llevar a cabo una consulta de Revocación de Mandato a lo largo y a lo ancho de todo el país, aún cuando el ejercicio sea extralegal.
¿De dónde saldría el dinero? ¿O realizarían la consulta vía telefónica? ¿O por redes sociales?
Estaría bien que Morena realice el proceso de Revocación de Mandato para constatar que organizar un ejercicio donde participa directamente la ciudadanía o el “pueblo” no son enchiladas, pues son costosos, complejos, minuciosos, riesgosos.
Tan lo sabe que este partido político ni siquiera se atreve a celebrar elecciones directas para seleccionar dirigentes, ni candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
En fin, como ha dicho el presidente López Obrador: “Es de sabios cambiar de opinión”. Aunque lo dijo en relación a las consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para que rectifiquen su decisión de posponer el proceso de Revocación de Mandato.
Pero también puede aplicar perfectamente a la inversa: Que Morena rectifique su postura de negarle al INE el presupuesto necesario para organizar como se debe el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República.
Pues incluso se trata de un presupuesto preventivo a devolverse a la Tesorería de la Federación en caso de que no se junte el mínimo de alrededor de 2 millones 700 mil firmas ciudadanas para solicitar se lleve a cabo el ejercicio de democracia directa, lo cual se sabrá después del día 25 del mes en curso en que vence el plazo de recolección de firmas.
Es más, en estos momentos se trata de un pleito al vacío entre el INE y Morena porque todavía es incierta la procedencia del proceso de Revocación de Mandato, en tanto se desconoce si se juntarán las firmas.
No obstante, en aras de la paz y de la democracia en nuestro país, ambas partes deberían mostrar voluntad. Vaya, si el Instituto argumenta insuficiencia presupuestal para organizar dicho proceso, y si Morena asegura que éste cuenta con dinero de sobra, revisen de manera conjunta peso por peso del presupuesto del INE.
En fin, a ver en que acaba el pleito.
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