Morena ha mentido. Cero y van dos. Dos esquemas de financiamiento paralelos a los permitidos detectados por las autoridades electorales en su corta edad como partido político: El primero fue el Fideicomiso “Por los demás” creado en ocasión del sismo de 2017, y el segundo, vía recursos de trabajadores de Texcoco.
Aunque no son las únicas “inconsistencias”, pero sí las más escabrosas. Y ambas tienen un denominador común: El lucro económico y político a costa de sectores vulnerables como lo son la gente pobre y los trabajadores.
En el recién salidito del horno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acaba de resolver que:
“Morena omitió el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia de ese municipio, por un monto acreditado de 2 millones 264 mil 612 pesos.”
Por eso, la Sala Superior confirmó, por unanimidad, la sanción de 4 millones 529 mil pesos impuesta a Morena.
Y en ese embrollo estuvo metida la actual Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, Delfina Gómez Álvarez, en sus tiempos como alcaldesa de Texcoco y quien también fuera candidata a la gubernatura del Estado de México; cargo que quizá busque nuevamente para las elecciones locales de 2023.
En la resolución del órgano jurisdiccional se dio cuenta de que en 2017, el PAN presentó una queja en contra de ella “por presuntamente descontar un porcentaje del salario de las y los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, entre los meses de febrero de 2013 y julio de 2015, para la constitución de Morena como un partido político nacional y para sus funciones ordinarias, de forma posterior, así como para la campaña a diputada federal de la denunciada durante el proceso 2014-2015.”
Para no hacerles el cuento largo, la Sala Superior consideró acreditada la omisión del partido de reportar de esos ingresos vía una organización de beneficio social.
Y miren lo que se destaca: “Es común que en los procedimientos sancionadores en los que se hace uso de un entramado para ocultar una fuente de financiamiento paralela no existan pruebas directas que acrediten la infracción denunciada, por lo que deben tomarse en consideración las pruebas indirectas…”
Y así, la autoridad competente, concluyó que:
“Las personas que dispusieron de la mayoría de los recursos retenidos a los trabajadores eran militantes de Morena. Existieron diversas transferencias entre algunos trabajadores del municipio que, a la vez, eran militantes de Morena. Existieron declaraciones en medios de comunicación de los cuales se obtuvieron datos sobre la vinculación de dirigentes del Grupo Acción Política con Morena, así como que (Delfina) haya aceptado que los recursos retenidos a los trabajadores serían para apoyar al mencionado partido político.”
Más claro, ni el agua.
Sin embargo, como ya es costumbre, líderes morenistas negarán todo y acusarán al órgano jurisdiccional de tenerle mala fe a Morena.
¿Y ES LÍCITO RETENER INGRESOS A TRABAJADORES?
Obvio, si Morena no reportó los ingresos provenientes de las retenciones a los trabajadores, es porque sabía de la ilicitud.
Porque una cosa es la cuota del simpatizante o del militante, y otra la retención al salario del trabajador por muy morenista que sea. Primero cobra el salario y después aportalo, total cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera.
¿Y DELFINA?
Pues la Sala Superior determinó que la conducta de Delfina Gómez debe ser conocida en un procedimiento diverso al de fiscalización, pues el único responsable en esta materia es el partido político Morena.
Entonces, ya quedará a decisión del PAN (que fue el partido recurrente) si procede en contra de Delfina por otra vía.
PARA UNA PRÓXIMA REFORMA
Es sabido que los partidos políticos, mediante sus legisladores en el Congreso de la Unión, preparan una próxima reforma electoral, en la cual deben perfeccionar los procedimientos sancionadores y aumentar las causas de pérdida de registro de los partidos políticos para evitar situaciones como las vistas con Morena.
Resoluciones administrativas tras largos procesos de investigación, prolongadas cadenas impugnativas y sanciones máximas consistentes solamente en multas. Incluso, los legisladores deberían endurecer el procedimiento para la constitución y registro de nuevos partidos políticos.
Correo: [email protected]
