Aunque nos maltraten y maten como perros, el periodismo es el oficio más bonito del mundo, quizás esta expresión de Gabriel García Márquez puede sonar a una broma macabra, pero en México como en otras partes del mundo, el periodismo se ha convertido en el oficio más peligroso y mortífero. Un oficio en el que la libertad de expresión se paga con sangre.
Nuestra realidad es más que triste. La mayor parte de los crímenes de periodistas provienen desde el poder o de grupos criminales vinculados a éste.
En lo que va del gobierno de la “cuarta transformación”, medio centenar de periodistas –muchos de ellos, como el de Lourdes Maldonado, acogidos a los “mecanismos de protección del Estado” – perdieron la vida a manos de asesinos que recibieron órdenes por grupos de poder. Lourdes como el resto de los ejecutados son parte de las mortíferas estadísticas de la violencia que azota al país.
En la misma condición de indefensión en la que Lourdes Maldonado vivió en los últimos años se encuentran otros 1,478 periodistas y defensores de los derechos humanos.
El “mecanismo de protección” y nada son lo mismo. No sirve. Es un simple eufemismo.
En ninguna otra parte del mundo los periodistas están expuestos a morir a manos del crimen sin que nadie sea castigado. Ni en los países que se encuentran en guerra los periodistas han pagado una cuota de sangre como los periodistas de México.
El crimen del columnista Manuel Buendía (1984) marcó un parteaguas. Desde entonces más de dos centenares de periodistas han sido ejecutados. Ni siquiera una décima parte de esos asesinatos han sido aclarados ni el del propio Buendía en el que quedan aún muchos cabos sueltos. El de Buendía, sin duda, se trató de un crimen de Estado y peor aún uno de los principales sospechosos (Manuel Bartlett) jamás fue llamado a declarar ni siquiera fue sujeto a investigación.
La situación ahora es peor para los periodistas. Ningún gobierno antes se había declarado enemigo de la prensa como el del presidente Obrador quien destila odio por todos sus poros contra los periodistas.
México no es la excepción.
Aunque en Filipinas y Rusia la prensa crítica padece los embates de sus gobiernos autoritarios, el Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz a un par de periodistas como símbolo de su “lucha valiente” para “defender los derechos humanos” y “la libertad de expresión”.
La filipina Maria Ressa y el ruso Dmitri Muratov fueron los periodistas galardonados con el premio Nobel de la Paz 2021.
En Filipinas 188 periodistas han sido ejecutados en las últimas décadas. Durante el gobierno del presidente Rodrigo Duterte han sido asesinados 16 periodistas, el último fue el de Cornelio Pipino ejecutado por sicarios que le dispararon desde una motocicleta.
En Rusia durante el último periodo de gobierno de Vladimir Putin tres periodistas que investigaban la conexión del Kremlin con mercenarios de guerra en África fueron ejecutados en una emboscada.
Los periodistas rusos Orkhan Dzhemal, Alexander Rastorguyev y Kirill Radchenko que estaban trabajando en un documental en la República Centroafricana fueron atacados cuando se trasladaban desde la capital de la República Centroafricana, Bangui, hacia la localidad de Sibut. La matanza se atribuye a los órganos de inteligencia del Kremlin. Lo mismo le ocurrió a la periodista Anna Politkovskaya quien estaba llevando a cabo una investigación sobre las torturas cometidas a los prisioneros de las cárceles de Chechenia. El crimen de la famosa periodista fue interpretado como un regalo de cumpleaños a Putin en 2006, pues la investigadora se había convertido en una persona incómoda para el líder ruso.
Desacreditado ante los ojos del mundo por las decenas de periodistas ejecutados en los últimos tres años, el gobierno del presidente Obrador actuó de manera más que “humanitaria”, de forma oportunista cuando el periodista Azam Ahmed pidió ayuda para sacar de Afganistán a los periodistas de The New York Times.
Azam Ahmed jefe de corresponsales del NYT en México desempeñó el mismo cargo en Afganistán. En nuestro país Azam fue un crítico mordaz del control que ejerce el gobierno obradorista sobre los medios y de la compra de publicidad oficial.
Pero esta vez Azam había recibido una llamada desesperada de un grupo de 24 periodistas y sus familias que se encontraban en Kabul y necesitan salir con urgencia ante el avance de los talibanes tras el anuncio del gobierno estadounidense de abandonar la ocupación de Afganistán. La vida de los periodistas corría peligro y no se contaba con los medios de transportación aérea para salir de ese país.
El jueves 12 de agosto del año pasado Azam Ahmed le envió un mensaje de WhatsApp al canciller Marcelo Ebrard para suplicarle la ayuda para rescatar a los periodistas del NYT. En principio Ebrard respondió que eso era imposible y menos ejecutar una operación tan complicada en unas cuantas horas.
“¿El gobierno de México está dispuesto a recibir refugiados de Afganistán?”, había preguntado Ahmed a Ebrard quien tiempo atrás había mantenido acaloradas discusiones con el canciller mexicano.
Convocar a una junta de gabinete con ese propósito le pereció complicado a Ebrard por lo que decidió plantear la petición de Azam directamente al presidente Obrador. Después de una hora y media de analizarlo se acordó apoyar a los periodistas y sus familias atrapadas en Afganistán. La decisión se le comunicó al jefe de corresponsales del NYT.
La colaboración de Ebrard fue determinante. Su equipo de colaboradores lograron vencer la burocracia del sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha, Catar. Los documentos prometían que los afganos recibirían protección humanitaria temporal en México mientras exploraban opciones a futuro en Estados Unidos u otros países.
“Nosotros estamos ahora comprometidos con una política exterior que promueve la libre expresión, las libertades y los valores feministas”, dijo en una entrevista telefónica el canciller Ebrard cuando se informó a los medios de comunicación sobre dicho rescate.
A diferencia de la celeridad con que actuó Ebrard para rescatar a los periodistas recibió el reconocimiento del NYT y de la comunidad internacional.
El gobierno de Obrador lo utilizó como un acto de propaganda en beneficio de la imagen de su gobierno ante el deterioro de los derechos humanos y la libertad de expresión que se vive en nuestro país.
Así, mientras Ebrard y su equipo hacían maniobrabas heroicas, la burocracia encargada de los “mecanismos de protección” para la defensa de los periodistas y los derechos humanos se mantenía indiferente ante el acoso y riesgos de muerte de casi mil quinientos reporteros y activistas amenazados por defender la libertad de expresión y los derechos humanos.
Una de ellos fue Lourdes Maldonado quien fue ejecutada en Tijuana por sicarios pese a que presuntamente contaba con la protección del Estado.
El principal sospecho del crimen es un político cercano al presidente Obrador quien vio amenazados sus intereses por una periodista que lo había desenmascarado como un criminal y al que personalmente había denunciado meses atrás ante el mismo presidente en Palacio Nacional.
Lourdes Maldonado murió de periodismo. Pagó con sangre su lucha por la libertad de expresión como otros dos centenares ejecutados a partir del crimen de Manuel Buendía.
