Guillermo Buendía
El PRI resolvió redefinirse como partido de centro izquierda y progresista, abandonando el legado ideológico del neoliberalismo social que lo identificó con la derecha durante treinta años, período durante el cual se dio la alternancia PRI-PAN y las reformas estructurales que permitieron la privatización del sector eléctrico y revertir la expropiación petrolera en beneficio de los grandes monopolios extranjeros, la venta de la banca a poderosos grupos financieros privados internacionales. Los resolutivos de la XXIII Asamblea Nacional, presidida por Alejandro Moreno Cardenas, en particular el de pretender una postura ideológica de centro izquierda choca de frente con los fines de la alianza Va por México subvencionada por empresarios, aunque como partido progresista adopta la corriente neokeynesiana de salvar al capitalismo de sí mismo. En el pasado reciente el PRI encontró en el liberalismo social los fundamentos ideológicos para justificar la implantación del libre mercado, hoy, busca salir a flote como partido progresista a tres años de la sucesión presidencial.
La revisión constante de los documentos básicos del PRI para redefinir principios, programas y estatutos ha sido la tarea de la máxima instancia formal de dirección política: la Asamblea Nacional. Por la importancia de las implicaciones de esta revisión destacan las asambleas XIV, XVII y las tres últimas, todas resultado de las condiciones impuestas por el desarrollo económico neoliberal, la recomposición de las fuerzas políticas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional para la conformación del gobierno federal de los tres Poderes de la Unión, y la reconfiguración institucional del Estado mexicano. La élite tecnocrática gobernante, en 1996, requería del partido una relación que zanjara “la distancia clara y sana” bajo las circunstancias críticas de la crisis económica y política, así como para las medidas de solución en gestación. La XVII Asamblea Nacional, presidida por Maria de los Ángeles Moreno Uriegas, se llevó a cabo en el segundo año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo -quien un año antes, marzo de 1995, cedió a la postura de distanciamiento entre el PRI y gobierno- en el contexto dominado por la tensa situación provocada a raíz de la detención de Raúl Salinas de Gortari y la profundización de la inestabilidad financiera, la devaluación del peso y fuga de capitales, elementos de la crisis que se venían arrastrando desde el mismo mes de la transición del poder presidencial. La modernización de los principios ideológicos, programa de acción y estatutos conllevó hasta enunciar reglas para seleccionar candidatos a cargos de elección popular, inclusive, las de presidente de la República. Los cambios a los Estatutos responden no tanto a los fines de democratización del PRI sino para contener las pugnas ante el proceso electoral intermedio de renovación del Congreso.
La desigualdad social persistente y no atendida contradijo la orientación política priista. La falta de credibilidad en el discurso oficial del gobierno salinista llegó al punto más crítico con el alzamiento armado del primero de enero de 1994. Tres años antes, la XIV Asamblea Nacional pasó por alto el desarrollo de la sociedad mexicana. Atrás había quedado el operativo militar contra Joaquín Hernández Galicia, líder del STPRM, y el relevo de Carlos Jongitud Barrios de la secretaría general del SNTE. Las conclusiones de esa asamblea fueron adaptadas a las posturas impuestas por el giro que dio el gobierno del presidente Salinas a las relaciones del partido, y la apertura democrática implicada en los ejes del TLCAN quedó pospuesta. El 3 de diciembre de 1988 Colosio Murrieta ascendió a la presidencia del PRI, y tres años después realizó la XIV Asamblea Nacional, lapso en el que se admitió la derrota en Baja California con el triunfo de Ernesto Ruffo Appel; y en 1992, la concertación para que Carlos Medina Plascencia fuera gobernador interino (1992-1995) -la forma para destrabar el conflicto poselectoral que impidió a Ramón Aguirre Velazquez llegara a la gubernatura de Guanajuato- antecedentes del ascenso politico del panismo pragmático. El 6 de marzo de 1994 Colosio formuló la autocrítica de “romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida… afirmemos nuestra independencia del gobierno”. Causa desestimada por las últimas tres asambleas del partido. El México agraviado había sido ocultado por el discurso ideológico dominante: el libre mercado ofrece oportunidades para acceder a una sociedad más igualitaria; el país está en vías de convertirse en una potencia emergente; la inversión privada crea empleos, etcétera.
La postura inmediata a la derrota del 2000 fue impulsar la refundación del PRI. Seis años después, las pugnas de grupos rivales por alcanzar la candidatura presidencial al permear el proceso electoral y la campaña de Roberto Madrazo Pintado, también marcaron el triunfo del PAN, el cual disminuido por los señalamientos de fraude e ilegitimidad propició una coyuntura de salida a los visos de ingobernabilidad a través del grupo Atlacomulco. Mientras se hacía la guerra contra el narcotráfico y los grandes negocios de los monopolios extranjeros obtenían ganancias extraordinarias bajo el amparo del poder, el grupo Atlacomulco opera la sucesión desde el Estado de México. La firma del Pacto por México un día después de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto fue el preámbulo de la XXI Asamblea Nacional, presidida por César Camacho Quiroz. En marzo de 2013, los principios ideológicos aprobados servirán de marco de referencia de las reformas constitucionales en preparación; el programa de acción, el instrumento para legitimar la ruta ya tomada de la alianza legislativa de los tres partidos. El debate en las cámaras del Congreso pronto acusó serios señalamientos de corrupción en los que se involucran legisladores, dirigentes partidistas y altos funcionarios del gobierno peñista. Otros escándalos políticos -la estafa maestra, la casa blanca de la familia presidencial y el espionaje contra periodistas y activistas defensores de derechos humanos- enturbian el proceso sucesorio del PRI.
La opción fue una candidatura independiente. El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, en agosto de 2017, aplana el acuerdo para quitar los candados a la candidatura ciudadana contenidos en el dictamen presentado en la convocatoria de la XXII Asamblea Nacional, Se modifican los estatutos con la finalidad de incluir la candidatura independiente, externa de la militancia priista. Jose Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, cercano al panismo pragmático, asumió la candidatura presidencial priista ese mismo año. Es “una muy buena noticia” -festejó el simpatizante– las candidaturas a ciudadanos no militantes del partido. La maquinaria que aseguraba el voto corporativo había dejado de funcionar, y la designación en sí misma no asegura ya el ascenso al poder. Aurelio Nuño, coordinador de la campaña priista, sin vínculos orgánicos dentro de la estructura partidista, en el contexto de la confrontación real de la oposición, carga con la derrota del PRI.
El retroceso electoral de 2021 precedió a la XXIII Asamblea Nacional. Con la pérdida de gobiernos estatales y no haber ganado ninguna gubernatura, y en la Cámara de Diputados constituirse en la tercera fuerza, el PRI transita desde hace más de veinte años el proceso de desintegración sectorial y falta de representación social definida. No obstante, este partido se reestructura alrededor de la pequeña burguesía -estratos de la clase media con ingresos mensuales de 15 o más veces el salario mínimo vigente; ejecutivos de los grandes corporativos, de prestigiosos bufetes de abogados, consultoras especializadas o de empresas filiales- identificada ideológicamente con los postulados de la competencia de los privados para regular el mercado, la ineficiencia de las empresas públicas, terminar con los monopolios estatales que inhiben la inversión y generación de empleos; y políticamente contra todo lo que entiende por populismo: políticas públicas asistencialistas para instrumentar programas que aseguren el derecho constitucional de salud, educación, vivienda. El “proyecto de país” y la estrategia política para los “nuevos tiempos y retos” -lema de la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria- están determinados por los acuerdos de la coalición VA por México. A esto se refirió la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano: los compromisos que no se pueden modificar, en relación con el tema de la reforma eléctrica analizada y discutida en parlamento abierto.
