Una característica que hermana al grupo político que ahora está en el poder, es el profundo desprecio que tienen sus miembros por el orden legal del país y por la ciencia, llegando en ocasiones –como lo demuestran los casos del Conacyt y del CIDE— a combinar ambas fobias.
Respecto a esto último, el actual contexto de pandemia ha demostrado cómo se sustituye el conocimiento por ciertas creencias –que no implican una verdadera solución— con el riesgo de aplicarse aún en situaciones de riesgo.
Como hemos podido atestiguar, desde los más altos niveles de este grupo se han recomendado detentes, pomadas, se ha desestimado el uso de cubrebocas o de otras medidas sanitarias, además de que ha hecho la distinción de la ciencia neoliberal de la de pueblo.
Incluso, el director del ISSSTE anunció a través de sus redes sociales que se había contagiado de Covid-19, pero que ya estaba bajo un tratamiento homeopático, lo que nos lleva a recordar las “gotitas” de nanomoléculas que recomendó la actual senadora y anterior titular de Gobernación.
La vacunación pasa por criterios electorales o ideológicos, no por los necesarios para evitar que la enfermedad que asola al mundo provoque más contagios y víctimas, a pesar del reconocimiento de que 60 mil defunciones sería una cifra catastrófica.
Y pensar que llegamos a superar las 300 mil…
Pero es en el campo del respeto a las leyes en donde se han dado muestra de ese desprecio. Bajo la idea de que sólo se deben respetar las que son justas –sin aclarar para quién o con base en qué criterio— se ha provocado que actualmente tengamos el siguiente panorama.
El Poder Legislativo ha sido omiso respecto a la falta de una nueva Ley de Comunicación Social, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque siguiendo la línea de administraciones anteriores de utilizar el presupuesto de publicidad oficial para premiar a medios afines y castigar a los críticos.
Asimismo, también no se ha hecho acción alguna para evitar la inoperancia de medidas legales como es el caso del mecanismo de protección a periodistas, como quedó evidenciado con el asesinato de Lourdes Maldonado.
De nada sirvió que la periodista muerta en Tijuana se presentara en una mañanera para decir que temía por su vida, pues poco se hizo para protegerla.
El número de periodistas asesinados por su labor informativa, muestra que este gobierno –al igual que los anteriores— poco ha hecho para hacer valer la ley y llevar ante jueces a los responsables de las muertes, pues lo que impera en este particular es la impunidad.
También tenemos ejemplos en la extinción de fideicomisos argumentando corrupción, pero sin mostrar las pruebas o sin que se hayan iniciado averiguaciones previas, de manera similar a cómo se canceló el aeropuerto de Texcoco, caso en el que no hay investigaciones o detenciones, pero sí hubo invitación para que algunas empresas que trabajaban en el NAIM lo hicieran en Santa Lucía.
O la manera en que se están modificando los estatutos del CIDE o como se da la orden de aprobar iniciativas del Ejecutivo Federal sin cambiarles ni una coma.
Pero también dicho grupo político permite que algunos periodistas reciban presiones por violar, supuestamente, reglamentos del INE. El caso de Carlos Ramírez ejemplifica esto, pues al comentar en su columna una encuesta –de una empresa registrada ante el INE— en el contexto de las elecciones de 2015, provocó la ira de la autoridad electoral que envió un citatorio a su domicilio particular y no al de los medios que publicaron el texto en cuestión, lo que demostró que se usó el padrón para fines distintos a los que tiene.
Como señalamos al inicio, el respeto a las leyes o a los conocimientos derivados de la ciencia es algo que no se le da al actual grupo en el poder.
