El debate sobre las cifras de PIB de 2021 se está sesgando hacia la responsabilidad del gobierno federal y se está imponiendo el concepto de recesión técnica por dos trimestres de crecimiento negativo. Sin embargo, un enfoque más amplio revela componentes diferentes a los que perfilan una recesión y el país se enfrenta, como en 1973, una fase de atonía por la falta de inversión privada.
En tres años y ante las presiones de desaceleración inducidas por la pandemia, el sector empresarial ha insistido en comprometer la inversión pública en áreas de infraestructura para construir lo que se conoce como programas contracíclicos, es decir, que vayan en contra de la tendencia de desaceleración productiva.
La atonía empresarial forma parte de una especie de respuesta negativa de los inversionistas privados ante comportamientos políticos del presidente de la república; es decir, que razones políticas estarían determinando decisiones productivas empresariales.
Estos comportamientos, además de políticos, caracterizan el perfil real de los empresarios mexicanos: no son inversionistas que arriesgan en negocios, sino que se conforman con ser meros contratistas de obras públicas de los gobiernos. Los indicadores de inversión privada y las encuestas del Banco de México con inversionistas revelan los miedos y enojos empresariales con la conducción política del Estado.
En este sentido, la desaceleración del PIB sí ha respondido a la falta de una estrategia gubernamental de apoyo a la planta productiva y el empleo, pero también al regateo político de empresarios con decisiones públicas.
Como en 1973, los empresarios se encuentran en franca confrontación política e ideológica con las decisiones de gobierno que están tendiendo a la reconstrucción económica del Estado, luego de que la contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas de Gortari disminuyó el papel dinámico del Estado en la economía y le entregó los presupuestos de obras a la clase empresarial.
Los empresarios han revelado en las encuestas del Banco de México que no existen las condiciones para invertir. Lo paradójico del modelo económico capitalista mexicano radica en que la inversión pública es apenas el 15% de la inversión total y que el 85% restante lo tienen los empresarios. Pero a pesar del dominio del capital en la inversión, los empresarios se la pasan quejándose de las regulaciones estatales, de las decisiones públicas para aumentar la demanda efectiva vía salarios y de los retrasos gubernamentales en obras de infraestructura estatal.
El ejemplo típico del empresario contratista y no emprendedor es Carlos Slim Helú, quien a sus 81 años acude presuroso a los llamados de Palacio Nacional para gestionar contratos de obra pública para sus empresas, sin que se le conozca alguna iniciativa audaz que no pase por sus relaciones de poder con la clase gobernante. El poder económico de Slim fue creado por la decisión del presidente Salinas de Gortari en 1991 de venderle un porcentaje de teléfonos de México suficiente para tener el control de la empresa y de allí iniciar una expansión comercial.
La recesión mexicana debe ser analizada en el escenario de la atonía en las inversiones empresariales y de la participación de los principales capitanes de la industria, el comercio y la banca en política para apoyar la configuración de una alianza opositora PRI-PAN-PRD-Coparmex, de tal manera que se impulse al ex presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, como el candidato presidencial opositor en 2024.
La rebelión empresarial de 1973 encontró en la contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas de Gortari (1980-2018) al garante de un modelo productivo que generó una plutocracia de empresarios que quieren tener el presupuesto público como fuente de obras que beneficien a la clase empresarial contratista.
En estos dos años de restricciones productivas por la pandemia, los empresarios privados claman y claman por programas de infraestructura contracíclica que les permita actividad económica pagada por el gobierno y sin arriesgar su propio dinero en áreas no públicas.
La falta de inversión privada en estos dos años de pandemia ha demostrado que no tenemos en México una clase empresarial, sino que existen contratistas privados que generan sus utilidades con obras públicas.
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