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Pacto productivo Estado-IP o PIB de 0% en sexenio

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El presidente de la república abrió un debate en torno a las expectativas de crecimiento económico para la segunda mitad de su sexenio a partir del saldo oficial de -1.2% promedio anual en 2019-2021. El compromiso gubernamental fue audaz: crecimiento promedio anual del PIB en 5% en el periodo 2022-2024.

El problema no se localiza en la danza de las cifras ni en la declaración del optimismo. Ante las críticas al Plan Global de Desarrollo 1980-1982 por sus metas más de expectativas que de realidades, el presidente Miguel de la Madrid resumió en una frase su enfoque de política económica: “el optimismo también es una estrategia de desarrollo”.

El debate se ha centrado en la posibilidad/imposibilidad de lograr un crecimiento económico de 5% promedio anual, ante las previsiones de organismos internacionales, de bancos mexicanos y de analistas locales de que la economía solo tendrá posibilidades de crecer en los próximos tres años en 2% promedio anual.

Pero el debate debe darse en otro escenario: la economía mexicana por su dimensión y estructura productiva sí está preparada para tasas de crecimiento económico de 5% promedio anual, aunque el principal lastre estará en el costo inflacionario asociado. La inflación cerró el año de 2021 con un promedio anual de 7 4%, arriba del 3% establecido como meta gubernamental.

El problema productivo de México no está en saber si se puede o no se puede romper la barrera del 2% de crecimiento económico promedio anual que tuvo en el largo periodo neoliberal de 1983-2018, sino en indagar qué se necesita para que la capacidad productiva de México potenciada por el Tratado de Comercio Libre pueda aumentar el ritmo de crecimiento sin necesidad de pagar el costo de la inflación.

El único camino que se tiene para salir del hoyo del estancamiento económico y sus fases de recesión productiva se encuentra en la necesidad de un pacto Estado-sector empresarial para aumentar las inversiones productivas privadas que representan el 85% del total y enrolar en esa lógica al 15% de la inversión pública.

Sin embargo, los tres años de gobierno morenista han sido contaminados por confrontaciones del gobierno federal con la cúpula empresarial y la comodidad de cierto segmento del sector privado que solo participará en la actividad productiva como contratista de obras públicas, reduciendo el margen de inversión de riesgo en otras áreas productivas que han demostrado tener capacidad de multiplicación económica.

La relación institucional entre el gobierno y el sector empresarial está en su peor nivel, sobre todo porque el presupuesto federal no ha crecido en ingresos y la poca capacidad de gasto se ha orientado a las obras públicas insignia del presidente de la republica, dejando volúmenes simbólicos para obras de infraestructura que pudieran operar como programas contracíclicos.

Los períodos de confrontación política e ideológica de los empresarios con el Estado derivaron siempre en desaceleraciones económicas que afectaron de manera negativa la capacidad productiva nacional. Ante declaraciones o lineamientos del gobierno que afectaron cualquier acuerdo con el sector privado llevaron a una disminución de la inversión productiva empresarial y crearon la categoría no de recesión ni estancamiento, sino de atonía, un adjetivo que resume en la falta de consonancia en los ritmos de entendimiento entre el gobierno y los empresarios.

Este desentendimiento productivo ocurrió en los gobiernos de Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría y José López Portillo, en tanto que la delimitación estricta de la economía mixta permitió el modelo de desarrollo estabilizador con entendimiento entre gobierno y empresa privada para lograr tasas de crecimiento económico promedio anual de 6% en el ciclo 1940-1970. La estrategia de los gobiernos de Cárdenas, Echeverría y López Portillo se resumió en el modelo de capitalismo monopolista de Estado, en los que la inversión pública sustituyó y desplazó a la inversión privada en sectores estratégicos.

El modelo económico del presidente López Obrador no califica para ser considerado como capitalismo monopolista de Estado, aunque tiene muy precisos los ámbitos de recuperación del dominio estatal de sectores productivos en el sector energético.

Sin un acuerdo de inversión concertada y entendimiento político entre el gobierno y el sector privado, no habrá posibilidades de regresar a tasas de crecimiento económico promedio anual de 5%.

En empresarial existe la certeza de que no habrá ese pacto productivo para la segunda mitad del sexenio actual y que un pacto productivo podría darse hasta el próximo sexenio.

indicadorpolitico.mx

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