Pues la maquinaria legislativa ya empezó a cocinar la reforma política-electoral. La Comisión exprofeso de la Cámara de Diputados Federal acaba de aprobar un dictamen para establecer que los partidos políticos “podrán renunciar parcialmente y, en su caso devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes.”
Y para ello, dicha Comisión aprobó modificaciones a las leyes General de Partidos Políticos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Pero, miren, lo que parece una propuesta generosa, puede ser una estrategia para hacer proselitismo electoral a costa de la desgracia humana. Porque la renuncia y/o devolución sería “en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros”.
O sea, la Comisión de Reforma Política-Electoral empieza con un tema que francamente no es prioridad para el perfeccionamiento de los procesos electorales o para el fortalecimiento de la democracia mexicana, sino con un tema muy sensible que aparentemente tiende a apoyar a la ciudadanía, pero que más bien busca cómo dar presencia a los partidos.
En la actualidad de por sí algunos partidos han aprovechado toda oportunidad para gritar a los cuatro vientos su “buena” intención de devolver parte de su financiamiento para que sea destinado a mitigar males. La moda empezó cuando los sismos de 2017 en apoyo a damnificados, luego en ocasión de la pandemia Covid-19 para la compra de vacunas.
Y si la propuesta realmente está pensada no como estrategia, lo será más temprano que tarde, pues qué partido político desperdiciaría la coyuntura para cacarear la renuncia y devolución de una parte de su financiamiento para llegar a la ciudadanía con el mensaje de estarse desprendiendo de recursos para ayudarla en momentos de desgracia. Y así ganar adeptos.
Cuando los partidos políticos, vía sus legisladores en el Congreso de la Unión, tienen en sus manos la posibilidad de implementar políticas públicas para garantizar la asistencia a la ciudadanía en casos de sismos, fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias, etc. Es una obligación del Estado mexicano, de los distintos órdenes de gobierno.
En vez de un tema prioritario de reforma electoral, pareciera que los partidos políticos quieren convertirse en un FONDEN-Político-Electoral, y quizá sin excepción porque ya estando en ley todos echarán mano del beneficio propagandístico y proselitista.
De hecho, es derecho de los partidos políticos renunciar a su financiamiento público. Y hasta pueden devolverlo a la Tesorería de la Federación, aunque no de manera directa, sino a través del Instituto Nacional Electoral (INE) siempre y cuando se trate de recursos que aun no les haya ministrado la autoridad electoral.
Pero los partidos intentan llevar la “generosa” acción a la ley para cacarearla como un logro en la próxima reforma electoral. Y eso también es hacer proselitismo, máxime cuando corren los procesos electorales locales en seis entidades federativas y se está en ruta rumbo a los comicios concurrentes 2024, pasando por los procesos locales 2023.
En 2023 se renuevan las gubernaturas de Estado de México y Coahuila, cuyos procesos electorales empezarán en el segundo semestre de 2022, casi a la par de la conclusión de los procesos de las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca. Y en 2023 arrancará el proceso para las elecciones 2024 a la Presidencia de la República, senadores y diputados federales, que será concurrente con comicios locales en casi la mitad de entidades federativas como en 2018.
Ojalá los partidos políticos devolvieran parte de su financiamiento público ordinario que reciben año con año sin hacer alarde de ello. Eso estaría bien, si quieren subrayar expresamente en la ley su derecho de renunciar a sus recursos y devolverlo a la Tesorería de la Federación para canalizarlo en beneficio de la ciudadanía azotada por desastres naturales o pandemias, pero estableciendo también la prohibición de publicitarlo.
Por cierto, ¿y cómo tener la certeza de que el recurso devuelto será destinado a tales fines?
LA CONDICIÓN Y EL REMANENTE
Según se ha ventilado, se propone que los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, “siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado”.
El financiamiento público de los partidos para actividades ordinarias es, por ejemplo, para cubrir sueldos de trabajadores, pago de servicios y de proveedores, renta de su local sede, adquisición de muebles permitidos, etc.
¿Alcanza para cumplir con las actividades ordinarias y todavía para devolver parte para destinarse en beneficio de personas damnificadas por eventos naturales o para la compra de vacunas?
Y todavía plantean devolución de financiamiento tratándose de remanentes del ejercicio correspondiente.
Entonces quiere decir que a los partidos políticos, sobre todo a los grandes, les sobra el dinero, que hay exceso en el financiamiento público.
¿CÓMO HARÍAN LA DEVOLUCIÓN?
Se plantean dos vías: Una similar al lineamiento del INE, y otra directa.
Conforme el comunicado legislativo, “los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido.”
Y en el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los partidos o de remanentes, “el Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido, tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente.”
¿Qué tal? Con la segunda hipótesis le darían la vuelta a la negativa del INE.
Correo: [email protected]
