En nuestro país la situación es grave. Fíjense: Entre diciembre de 2018 a febrero de 2022, se han registrado 54 homicidios de periodistas. Y en ese mismo lapso, se han reportado 98 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
En seis entidades se concentra el 59.25% de los homicidios de periodistas: Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Oaxaca. Y también en seis estados se concentra el 66.32% (65) de los homicidios a defensores de derechos humanos: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
¡Es el registro en lo que va del Gobierno Federal, encabezado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador!
Haciendo un cruzamiento de tales datos duros, podría decirse que son 4 las entidades donde periodistas y personas defensoras de derechos humanos corren el más alto riesgo: Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Ésta última entidad sobreviviente del PRI, con Alejandro Murat Hinojosa como gobernador, con antecesor coalicionista (PRD-PAN-PT).
En las otras tres entidades existen gobernantes de Morena: Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz, Evelyn Salgado Pineda en Guerrero, y Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán; el primero ejerce el Poder Ejecutivo desde el 2018, y las otras dos personas apenas entraron en octubre de 2021. Sus antecesores fueron del PAN, del PRI y del PRD, respectivamente.
¿Por qué amén del partido gobernante en nuestro país y en las entidades federativas, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos tienen la vida en vilo? Parece que cualquier color también tiñe de rojo. ¿Impunidad? ¿indolencia oficial para enfrentar el problema? ¿Autoría intelectual? ¿Agresión institucional?
Por cierto, hace algunos días medios de comunicación ventilaron un fragmento de una rueda de prensa donde el gobernador Cuitláhuac cuestionó duramente a una periodista sin siquiera dejarla terminar de preguntar; le arrebataba la palabra haciéndole preguntas sobre el intento de preguntas de ella; además en tono de regaño.
¡Qué grosero, mal educado! Los políticos, cualquiera que sea su cargo, deben escuchar y después responder a la pregunta; incluso, con una respuesta evasiva o con otra pregunta, pero de manera respetuosa. Para eso están, para servir y para informar.
Retomemos los interesantes datos duros desglosados en la exposición del Diálogo Regional para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en encuentro desarrollado en Oaxaca.
De los 54 periodistas asesinados, solo se ha dictado sentencia en 5 casos, lo que revela una impunidad del 91%. En el resto, la situación jurídica es la siguiente: 43 se encuentran en fase de investigación, 5 en etapa de juicio y en 2 no hubo ejercicio de la acción penal.
De los 98 defensores asesinados, solo se ha dictado sentencia en 2 casos, revelando una impunidad del 99%. La situación jurídica en el gran resto de los casos es la siguiente: 70 en fase de investigación y 26 en etapa de juicio.
Y miren, entre los factores que generan las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran los siguientes (en este orden): Crimen organizado, impunidad, corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos, incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia, y falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y defensores.
En el encuentro se dio a conocer que al inicio de la actual administración del Gobierno Federal, se encontraban incorporadas 798 personas al Mecanismo de Protección. Y a la fecha, se han adherido 741 personas más, lo que equivale a un incremento del 93%.
En total suman incorporadas al Mecanismo: 1,539 personas, de las cuales 507 son periodistas (138 mujeres y 369 hombres), y 1,032 son defensores (559 mujeres y 473 hombres).
EL DIÁLOGO EN OAXACA
Qué bueno que la Secretaría de Gobernación le entró al tema al convocar en Oaxaca al Diálogo Regional para una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y sí, como un importante mensaje ante los últimos casos de periodistas asesinados en el país y el caso más reciente en Oaxaca, del periodista Heber López Vásquez.
Oaxaca es el segundo estado a nivel nacional con mayor número de personas incorporadas al Mecanismo de Protección con 147 personas. De éstas, 126 son defensores de derechos humanos y sólo 21 periodistas. Razón por la cual, “Oaxaca sea una prioridad de atención de la Secretaría de Gobernación”.
Por cierto, el Delegado de la Segob en la entidad oaxaqueña, José Carlos Fuentes Ordaz, se ha caracterizado como una persona de trato amable con la ciudadanía en general y los diversos sectores de la población, incluidos los periodistas. Quizá haya excepciones porque nadie es monedita de oro, pero ha sabido ejercer con eficacia la función encomendada. Tampoco es novato, pues a pesar de su juventud tiene trayectoria en política.
Como pocos funcionarios de la “4-T”.
La mayoría son insensibles, inexpertos, déspotas.
El Mecanismo de Protección, la ley y toda acción enfocada a prevenir agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, deberían incluir de entrada cursos intensivos de sensibilización de los servidores públicos de la ideología y partido que sean.
UNO DE LOS CASOS PENDIENTE
El caso del asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Edgar es uno de los grandes pendientes de la justicia.
Ella era jefa de prensa en la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas de la actual administración estatal, y fue comisionada a cubrir la campaña electoral en Juchitán de Zaragoza. El hermano del titular de la dependencia era el candidato a la presidencia municipal en junio de 2018.
Curiosa o extrañamente hubo fallas en la investigación, y la Fiscalía General del Estado recientemente empezó una nueva investigación.
La situación actual es la siguiente: “La carpeta por ‘homicidio calificado’ se cayó por las malas prácticas de la Fiscalía. Ni un ápice de justicia. Eso sucedió en noviembre del año pasado. No hay avances en ninguna de las carpetas. Incluso, en la de robo de su equipo y datos. La audiencia de juicio será el 20 de febrero de 2023”.
Y el titular del Ejecutivo estatal prácticamente ha hecho mutis en el caso María del Sol.
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