El derecho de la seguridad mexicana se basa en lo establecido en el artículo 21 constitucional y se consolida con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Aquí mismo también se encuentran contenido los principios de las políticas públicas en materia de seguridad.
Las normas secundarias que acompañan a las anteriores se hayan contenidas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en cierta medida, en la Ley Federal de Seguridad Privada. Es complementado por la Estrategia Nacional de Seguridad y el Programa Sectorial de Seguridad 2019-2024.
Entre todos estos textos existe una sincronía jurídica, político y administrativa, que permite la articulación de planes, programas y políticas públicas de seguridad en el país.
Pero existen inconsistencias de forma y fondo que impiden la materialización de los objetivos de seguridad.
Por principio de cuentas todos los fines de la seguridad a que hacen referencia estos textos no son posibles sin la voluntad política de las autoridades. Se incluyen desde luego factores de partido, de relación entre poderes y niveles de autoridad y la posibilidad de sus autoridades estén involucrados con la delincuencia, como lo han denunciado periodistas, gremio vulnerado en los primeros meses del año.
También cabe resaltar falta de sincronía técnica, táctica o jurídica, o simplemente, la carencia del complemento entre algunos de los textos arriba citados. Por ejemplo, la falta de 5 programas derivados del Programa Sectorial de Seguridad o la ideologización política de la seguridad que se aleja de cuestiones técnicas de seguridad e impide el logro de sus objetivos.
Políticas públicas como el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no han fallado en su objeto de proteger a estos grupos, sino que algunas de las autoridades encargadas de hacerlos efectivos desvían el objeto o se desentienden.
La mayoría de las políticas públicas de seguridad responden a un análisis, diagnóstico, detección de necesidades o evaluación del problema, principalmente, y con estos insumos se diseñan estrategias o políticas públicas, tomando como base los estudios que arroja la ciencia política. Así la mayoría de las políticas públicas.
Una de las principales insuficiencias de la seguridad consiste en la politización de la procuración de justicia para crear pruebas falsas y ordenes de aprehensión sin sentido, pero para deshacerse de los enemigos de alguna autoridad o de algún contrincante, ya sea por su manera de pensar o militancia política.
Por lo que toca a la función jurisdiccional dedicada a impartir justicia en los tribunales juega un papel importante para que verdaderamente se encuentren en la cárcel quienes hayan cometido un delito, no inocentes.
La verdadera insuficiencia en seguridad se haya en la falta de compromiso de algunas autoridades con la función de seguridad, de procuración e impartición de justicia, no en los instrumentos normativos o de diseño institucional.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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